El rescate de Plus Ultra, aprobado por el Gobierno durante la pandemia mediante una ayuda pública de 53 millones de euros, sigue ampliando su dimensión judicial y política. Lo que en un primer momento se presentó como una operación destinada a garantizar la continuidad de una compañía considerada estratégica ha dado paso a una investigación de mayor alcance, en la que la Audiencia Nacional trata de esclarecer si en torno a aquella ayuda pudo articularse una presunta trama de tráfico de influencias, contratos de consultoría simulados y pagos encubiertos. En ese procedimiento figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que este jueves ha roto su silencio para negar cualquier intervención en el rescate y defender la legalidad de su actividad profesional como consultor.
Las declaraciones del exdirigente socialista se producen después de que el empresario Julio Martínez, conocido como «Julito», y varios directivos vinculados a Plus Ultra expresaran ante el juez José Luis Calama su disposición a colaborar con la investigación. En sus declaraciones sostienen que Zapatero habría intervenido para facilitar la concesión de la ayuda pública y que, posteriormente, percibió una comisión equivalente al 1 % del importe del rescate mediante diversos pagos presentados como trabajos de consultoría.
Frente a esas acusaciones, el expresidente fue tajante. «No hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno, de ninguna autoridad pública», aseguró durante una entrevista en el programa Mañaneros, antes de lanzar un mensaje dirigido a quienes le acusan: «Quien acusa tiene que probar».
Zapatero defendió que nunca ha utilizado su condición de expresidente para influir en decisiones de la Administración y sostuvo que toda su actividad profesional se ha desarrollado dentro de la legalidad. «No me he corrompido en absoluto. Jamás he intermediado en nada. Se va a acreditar porque nadie podrá decir que ejercí ninguna influencia», afirmó.
La investigación pone el foco en los pagos por consultoría
Uno de los principales ejes del procedimiento gira en torno a los pagos percibidos por el expresidente a través de distintas sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez. Según la investigación, esas cantidades responderían aparentemente a trabajos de consultoría cuya naturaleza y alcance los agentes de autoridad tratan ahora de verificar.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el supuesto reparto de la comisión habría incluido transferencias de 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica y otros 110.799,47 euros a Iot Domotic Europe, además del pago de varios vuelos en clase business, hasta alcanzar una cifra próxima a los 530.000 euros.
Zapatero rehusó pronunciarse sobre la estrategia procesal del resto de investigados y evitó valorar las declaraciones de Julio Martínez. «No voy a entrar en la estrategia de ningún imputado. Yo responderé únicamente de los hechos que conozco y de aquello de lo que me estoy defendiendo», afirmó.
No obstante, sí reconoció la relación de amistad que mantiene con el empresario desde hace años, aunque insistió en desvincular ese vínculo personal del procedimiento judicial. «Hay que distinguir las relaciones humanas del proceso», señaló.
En relación con la sociedad Análisis Relevante, el expresidente negó haber ejercido control alguno sobre la empresa. Explicó que fue constituida por Julio Martínez y otros socios antes de la pandemia y que él se incorporó únicamente como consultor, sin participar en su gestión ni intervenir en la contratación de clientes.
Las joyas y las sociedades de sus hijas
La investigación también alcanza otros elementos patrimoniales incorporados a la causa. Entre ellos figuran varias joyas valoradas inicialmente en unos 1,3 millones de euros, halladas en un despacho utilizado por Zapatero en la sede socialista de Ferraz.
El expresidente aseguró que se trataba de un «regalo de cortesía», negó que tuvieran finalidad patrimonial alguna y afirmó que ofrecerá todas las explicaciones necesarias cuando comparezca ante el juez. Mientras tanto, reivindicó su derecho a preparar su estrategia de defensa antes de pronunciarse con mayor profundidad sobre ese asunto.
Otra de las líneas de investigación se centra en la actividad empresarial de sus hijas, después de que la causa analizara los pagos percibidos por una sociedad vinculada a ellas.
Zapatero negó de forma rotunda que hubieran actuado como presuntas testaferros y explicó que desarrollaban trabajos profesionales para distintas empresas, entre ellas Análisis Relevante. «Mis hijas presentarán toda su actividad y todos sus contratos ante el juez. Lo que faltaba es que yo implicara a mis hijas para convertirlas en testaferros», reiteró.
El exjefe del Ejecutivo negó igualmente haber dado instrucciones para constituir sociedades en Dubái, una posibilidad que también aparece reflejada en algunos informes policiales incorporados al procedimiento.
«La primera vez que escuché el nombre de esa empresa fue en la prensa. Decir que yo di instrucciones para crear sociedades offshore es como decir que di instrucciones para ir a la Luna», ironizó.
Durante la entrevista también salió en defensa de su secretaria, Gertrudis Alcázar, a quien las investigaciones sitúan como una de las personas encargadas de ejecutar determinadas instrucciones dentro de la presunta organización investigada.
Zapatero rechazó esa interpretación y definió a su colaboradora como «una trabajadora ejemplar y leal», incapaz, a su juicio, de formar parte de una organización criminal.
Un procedimiento todavía abierto
Pese a las explicaciones ofrecidas por el expresidente, el procedimiento judicial sigue su curso. El magistrado José Luis Calama mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con el rescate de Plus Ultra, el origen de determinados pagos por consultoría y otras operaciones empresariales que podrían guardar relación con presuntas actuaciones de influencia tanto en España como en el extranjero.
La causa incorpora, además de los testimonios de empresarios y directivos vinculados a la aerolínea, diversos informes elaborados por la UDEF y otra documentación que el instructor considera necesario seguir analizando antes de decidir los próximos pasos del procedimiento.
Mientras la investigación avanza, Zapatero insiste en que las acusaciones carecen de fundamento y sostiene que será la propia instrucción judicial la que terminará demostrando que nunca intervino para favorecer el rescate de Plus Ultra ni cometió irregularidad alguna.
