La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en la promoción residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, ha resurgido con fuerza, poniendo en el centro del debate público y político al Ayuntamiento gobernado por Luis Barcala y al Partido Popular (PP).
La promoción de Les Naus incluye 140 viviendas protegidas, construidas tras casi dos décadas sin proyectos de este tipo. Su precio medio rondaba los 200.000 euros, por debajo del valor de mercado, en una ciudad con escasa oferta de vivienda pública. La polémica surgió cuando se supo que varias de estas viviendas fueron adjudicadas a cargos municipales del PP, familiares de responsables públicos y personas vinculadas a su entorno, pese a estar destinadas a familias con criterios sociales de necesidad.
El caso saltó a la luz el 29 de enero, durante un pleno municipal en el que la oposición exigió explicaciones. Ese mismo día, tres altos cargos presentaron su dimisión: la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, el arquitecto municipal Francisco Nieto y la directora general de Contratación María Pérez-Hickman. Posteriormente, la controversia se extendió con nuevos nombres y dudas sobre el proceso de adjudicación.
Aunque Luis Barcala no figura entre los beneficiarios, el escándalo afecta a su gestión. El alcalde ha defendido que la responsabilidad municipal se limitó a la venta del suelo a precio tasado, mientras que la cooperativa adjudicataria y la conselleria eran responsables de la supervisión y gestión de las adjudicaciones. Barcala abrió un investigación interna apenas conoció los hechos y ha asegurado que no es el momento para discutir su futuro político, destacando que cuenta con el respaldo absoluto del PP a nivel local, autonómico y estatal.
Un informe de Patrimonio destacó que, aunque el Ayuntamiento no intervino directamente en la adjudicación, debía velar por que el reparto se realizara conforme a los principios de publicidad, concurrencia y accesibilidad universal, y actuar si no se cumplían. La controversia ha puesto de manifiesto posibles irregularidades y conflictos de interés que podrían constituir un uso indebido de recursos públicos.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado que la adjudicación de viviendas protegidas debe ser transparente y pública, y que no puede privatizarse ni gestionarse de forma discrecional. La oposición y asociaciones de vecinos demandan responsabilidades y mayor control sobre los procesos de adjudicación de vivienda pública, mientras que los sindicatos municipales han exigido explicaciones sobre la filtración de información y la supervisión de los expedientes.
El caso de Les Naus refleja la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control en la gestión de viviendas protegidas en España, garantizando criterios objetivos y públicos, alejados de influencias políticas o familiares. La investigación administrativa y judicial continúa abierta, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y evitar que se repitan situaciones similares.
