La aprobación en el Congreso de la ley que abre la vía a la nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo la administración española y sus descendientes vuelve a colocar el Sáhara en el centro del debate político español. Pero más allá del contenido de la norma, el movimiento que merece atención es el de Vox, que ha endurecido su discurso sobre la iniciativa hasta convertirla en otro argumento para atacar la política del Gobierno hacia Marruecos.
La proposición de ley fue impulsada por el grupo parlamentario Sumar y defendida especialmente por la diputada de origen saharaui Tesh Sidi y el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago. El texto contempla la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio cuando se encontraba bajo administración española y establece una vía para sus descendientes. El Congreso la aprobó este jueves con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, por lo que continuará ahora su tramitación en el Senado.
Sus promotores presentan la medida como una reparación histórica para una población que quedó fuera de la nacionalidad española tras la salida de España del territorio. Desde Marruecos, sin embargo, la cuestión plantea otro interrogante. España abandonó oficialmente el territorio en 1976 y puso fin a su administración. ¿Por qué recupera ahora aquella relación administrativa como fundamento para crear un nuevo vínculo de nacionalidad con una población de un territorio que históricamente ha estado vinculado a Marruecos y que forma parte de Marruecos?
A ello se suma que ese vínculo no quedaría limitado a quienes nacieron durante la administración española. La posibilidad de que los descendientes accedan igualmente a la nacionalidad española extiende esa relación a las siguientes generaciones. España estaría creando así un grupo de ciudadanos españoles cuyo vínculo jurídico con el país nace de su origen en ese territorio y que, desde España, dispondrían de derechos políticos y jurídicos vinculados a su nueva condición. La cuestión es qué consecuencias puede tener en el futuro la creación de una comunidad de ciudadanos españoles vinculada por su origen a un territorio del que España dejó de asumir oficialmente la administración hace ya medio siglo.
Con este trasfondo se entiende la posición de Vox. El portavoz del partido en la Comisión de Justicia, Carlos Flores, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez «cambió, sin previo aviso y sin convalidación parlamentaria» la tradicional postura española sobre el Sáhara para respaldar el plan de autonomía marroquí. A continuación, vinculó esa cuestión con la propia ley y acusó al Gobierno de estar «regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas» entre personas que, según sus palabras, carecen de «cualquier vinculación propia» con España.
En este marco, Vox considera que quienes nacieron en el Sáhara bajo administración española carecen de una vinculación suficiente con España para justificar la concesión de la nacionalidad. Su oposición, por tanto, no se limita a las condiciones del procedimiento. El partido cuestiona también la utilización de la antigua relación administrativa española con el territorio como fundamento para establecer ahora una nueva relación jurídica entre España y sus habitantes.
A partir de ahí, Vox cuestiona la viabilidad jurídica de la norma. Flores ha denunciado que las garantías previstas son «abiertamente insuficientes» y ha alertado del riesgo de fraude documental y de la falta de controles efectivos para acreditar la condición de beneficiario. El diputado ha cuestionado igualmente la tramitación parlamentaria, al afirmar que las enmiendas fueron presentadas «en el mismo momento de iniciarse la reunión de la comisión», algo que utilizó para calificar de «chapucero» el procedimiento seguido.
El partido ha llegado incluso a advertir de un posible efecto sobre la inmigración. Flores sostuvo que la norma «va a empujar a muchos saharauis a cruzar el Estrecho, a entrar en España y a demandar la nacionalidad». De esta manera, el discurso de Vox pasa de la cuestión territorial a los controles migratorios y al acceso a la nacionalidad, construyendo una oposición que combina argumentos jurídicos, migratorios y políticos.
Con la aprobación de la ley y en plena crisis con Marruecos, Vox ha llevado un paso más allá su argumentación. El partido vuelve a colocar al país vecino en el centro de sus críticas y presenta ahora la norma como una concesión que puede beneficiar incluso a «marroquíes colonos del Sáhara». Ignacio de Hoces ha centrado su crítica en el límite temporal establecido por la ley, el 29 de septiembre de 1977, para sostener que podrían acceder a la nacionalidad personas nacidas después de la Marcha Verde de 1975.
El cambio de tono resulta significativo. Vox mantiene formalmente su defensa de la independencia del Sáhara, pero utiliza ahora la nacionalidad española para volver a reprochar a Marruecos su presencia en el territorio y cuestionar, al mismo tiempo, la política de Sánchez hacia Rabat. La referencia a los supuestos «colonos marroquíes» introduce así un nuevo elemento en una controversia que ya no gira únicamente en torno a quién puede obtener la nacionalidad española, sino que vuelve a utilizar el conflicto del Sáhara como instrumento de confrontación política.
En ese marco, la posición de Vox adquiere una dimensión electoral que va más allá de la discusión sobre la nacionalidad. La formación de Santiago Abascal convierte una cuestión relacionada con antiguos vínculos administrativos españoles en otro terreno para atacar al Gobierno, cuestionar su política hacia Marruecos y reactivar su discurso sobre el Sáhara. Y lo hace mientras presenta como amenaza una ley que, al mismo tiempo, utiliza para denunciar lo que considera una cesión política de Sánchez ante Rabat.
El discurso ha ido desplazando así su centro de gravedad. Primero fueron las garantías jurídicas y el supuesto riesgo de fraude; después, el posible acceso de personas sin residencia en España; y ahora, en plena crisis con Marruecos, la acusación de que la ley podría beneficiar a «colonos marroquíes». El Sáhara vuelve a convertirse de este modo en una pieza del discurso político de Vox contra Marruecos, mientras la formación deja en segundo plano las cuestiones de fondo sobre el territorio y el marco internacional en el que se desarrolla el conflicto.
