El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación impulsará la activación del artículo 102 de la Constitución Española para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a diversos miembros de su Ejecutivo. La iniciativa busca articular una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de traición o contra la seguridad del Estado en el marco de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.
Desde la formación sostienen la existencia de indicios sobre un conocimiento previo por parte del Gobierno respecto a los acontecimientos en la frontera, una situación que, a juicio del partido, habría dejado desprotegidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El procedimiento planteado se rige por un estricto marco constitucional que requiere el cumplimiento de exigentes mayorías parlamentarias. Para formalizar la acusación se precisa la firma de al menos una cuarta parte del Congreso de los Diputados (88 escaños), así como la subsiguiente aprobación por mayoría absoluta de la Cámara Baja (176 votos). Dado que Vox cuenta en la actualidad con 33 diputados, el partido ha ofrecido sus escaños al resto de fuerzas de la oposición con el fin de recabar el respaldo necesario, recordando asimismo que el precepto constitucional excluye de manera explícita la aplicación de la prerrogativa real de gracia o indulto en estos supuestos.
