Venezuela inició este viernes una nueva ronda de excarcelaciones de personas consideradas presos políticos por organizaciones de derechos humanos, en un movimiento que coincide con los primeros avances del diálogo entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, unas conversaciones respaldadas por Estados Unidos y orientadas a alcanzar acuerdos sobre la reforma de las instituciones y una futura salida electoral.
El Gobierno venezolano anunció la concesión de medidas alternativas de privación de libertad a 131 detenidos, aunque las organizaciones que siguen estos casos no habían podido confirmar hasta el cierre de la jornada la excarcelación efectiva de todos ellos. Foro Penal verificó al menos 64 salidas de prisión durante el viernes, frente a las 131 medidas anunciadas oficialmente.
Las excarcelaciones se produjeron en distintos centros penitenciarios y beneficiaron, entre otros, a personas procesadas por su supuesta participación en episodios políticos ocurridos durante los últimos años, desde el ataque con drones contra un acto encabezado por Nicolás Maduro en 2018 hasta la incursión marítima de 2020 y otros casos relacionados con presuntos planes contra el entonces Gobierno venezolano.
Las organizaciones de defensa de los detenidos han subrayado, sin embargo, que una excarcelación no equivale necesariamente al cierre de los procesos judiciales. Foro Penal y otras entidades reclaman que las medidas desemboquen en libertades plenas y en el levantamiento de las causas que siguen pesando sobre personas a las que consideran detenidas por motivos políticos.
La ONG contabilizaba 391 presos políticos en Venezuela el pasado 10 de agosto, de los cuales 158 habían sido condenados y 233 permanecían sin condena. Esa cifra sirve de referencia para dimensionar el alcance de la nueva ronda de excarcelaciones, aunque el Gobierno venezolano rechaza tradicionalmente la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos han sido procesados por delitos tipificados en la legislación.
El movimiento se produce apenas dos días después de que Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora en las negociaciones, anticipara que se producirían nuevas liberaciones. Aunque la cuestión de los presos políticos no figura formalmente entre los asuntos centrales de la mesa, fuentes vinculadas a la oposición han presentado las excarcelaciones como un gesto paralelo destinado a generar confianza entre las partes.
Las negociaciones se desarrollan siete meses después de la caída de Nicolás Maduro, capturado durante una operación estadounidense en enero, tras la cual Delcy Rodríguez asumió de forma interina la Presidencia. Desde entonces, Washington ha adquirido un papel central en la nueva etapa política venezolana y ha vinculado parte de su relación con Caracas a avances en materia institucional, derechos políticos y convocatoria electoral.
La primera ronda formal de conversaciones concluyó esta semana con dos acuerdos que afectan a cuestiones especialmente sensibles. El primero contempla una renovación del Tribunal Supremo de Justicia y modificaciones en el mecanismo para la designación de sus magistrados, una de las principales demandas de la oposición, que durante años ha acusado al máximo tribunal de actuar en sintonía con el chavismo.
La reforma prevé un nuevo procedimiento de postulaciones para elegir a los magistrados y cambios en la legislación que regula el funcionamiento del Tribunal Supremo. El objetivo declarado es reforzar la autonomía del Poder Judicial y establecer mayores garantías institucionales antes de avanzar hacia una eventual convocatoria electoral.
El segundo acuerdo se refiere a los activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. Gobierno y oposición han acordado colaborar para tratar de recuperar las reservas de oro venezolanas bloqueadas en Londres y destinar esos recursos a las tareas de reconstrucción tras los terremotos que golpearon Venezuela a finales de junio.
Las reservas ascienden actualmente a unas 31 toneladas de oro, valoradas en alrededor de 4.000 millones de dólares, según las estimaciones más recientes. Su disponibilidad permanece bloqueada en el Reino Unido desde hace años como consecuencia de la disputa sobre la legitimidad de las autoridades venezolanas y de los procedimientos judiciales abiertos en torno a la propiedad y administración de esos activos.
El acuerdo representa también un cambio significativo para la oposición, que en anteriores etapas había respaldado las medidas destinadas a impedir que el Gobierno de Maduro accediera a esas reservas. Ahora ambas delegaciones coinciden en reclamar su recuperación, aunque representantes opositores han exigido mecanismos de transparencia que garanticen que los recursos sean destinados exclusivamente a la reconstrucción del país.
Uno de los elementos que condiciona, sin embargo, la legitimidad del proceso es la ausencia de María Corina Machado. La dirigente opositora, exiliada fuera de Venezuela, no forma parte de la delegación negociadora, aunque ha manifestado que no obstaculizará los avances que puedan conducir a la restauración de las instituciones democráticas, la excarcelación de presos políticos y la convocatoria de elecciones.
La renovación del Consejo Nacional Electoral figura precisamente entre las principales cuestiones que la oposición pretende llevar a la próxima ronda de conversaciones, prevista para septiembre. Para los negociadores opositores, modificar la dirección y las reglas de funcionamiento del organismo constituye una condición esencial antes de fijar un eventual calendario electoral.
Las excarcelaciones del viernes se convierten así en el primer gesto político de alcance paralelo a los acuerdos institucionales alcanzados durante la negociación. Su impacto dependerá ahora tanto del número definitivo de detenidos que recuperen la libertad como de las condiciones jurídicas impuestas a cada uno y de si el proceso avanza hacia el cierre de sus causas judiciales, mientras Gobierno y oposición se preparan para una nueva ronda en la que la reforma electoral aparece como uno de los asuntos centrales.
