La coalición de organizaciones no gubernamentales saharauis, integrada por varias asociaciones de defensa de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, ha responsabilizado directamente a Argelia y al Frente Polisario de lo que califica como un "sistema de violaciones extendidas" vigente en los campamentos desde 1975, en un duro comunicado en el que denuncia lo que describe como una "crisis humanitaria silenciosa" que ha permanecido fuera del alcance de la rendición de cuentas internacional pese a la gravedad de los hechos y la frecuencia de los testimonios. La coalición sostiene que los campamentos han pasado de ser un espacio humanitario supuestamente destinado a albergar refugiados a convertirse en un área cerrada y aislada donde confluyen graves violaciones sistemáticas que incluyen desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales, todo ello en un contexto de restricción continua de la libertad de expresión y de organización política, agravado por la ausencia de mecanismos de control independientes y la limitación del acceso a observadores internacionales, lo que convierte a estos campamentos en una zona gris al margen de las normas internacionales de protección de derechos humanos.
Las organizaciones denunciantes destacaron que el peligro de esta situación no reside únicamente en la naturaleza de las violaciones, sino en su continuidad y acumulación a lo largo del tiempo, que han transformado lo que podrían haber sido casos aislados en un patrón estructural alimentado por una estructura política y de seguridad no sujeta a rendición de cuentas, generando un escenario de impunidad casi total ante la ausencia de reconocimiento oficial de los crímenes cometidos, la falta de investigaciones independientes y creíbles y el continuo desamparo de las familias de las víctimas, que han vivido durante décadas sin respuestas. Según la coalición, miles de saharauis dentro de los campamentos se encuentran atrapados en una estructura cerrada que no les permite la libertad de movimiento, expresión o elección, lo que convierte su situación, más allá del concepto tradicional de refugio, en una forma de "encarcelamiento colectivo a largo plazo", especialmente a la luz de la falta de un censo oficial de la población, una carencia que, a su juicio, genera problemas profundos sobre su situación legal, la gestión de la ayuda humanitaria y el alcance real de su beneficio.
En una clara escalada de tono, la coalición responsabilizó directamente a Argelia por esta situación al ser el país anfitrión de los campamentos, subrayando que su responsabilidad no se limita a la acogida sino que se extiende al patrocinio político y legal de las partes involucradas en las violaciones, a través de su continua negativa a permitir el censo de la población en una violación flagrante del derecho internacional de los refugiados, incluidas las obligaciones establecidas en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, lo que a su juicio profundiza la incertidumbre sobre el número real de refugiados y los métodos de distribución de la ayuda, limitando así la capacidad de la comunidad internacional para evaluar con precisión la situación humanitaria. Las organizaciones no distinguieron entre lo que ocurre dentro de los campamentos de Tinduf y el contexto más amplio de derechos humanos en Argelia, vinculando las violaciones en los campamentos con lo que consideran un "legado no resuelto" de la llamada década negra de los noventa, señalando que las autoridades argelinas no han abordado este archivo de manera que garantice la verdad y la justicia para las víctimas, sino que se han orientado hacia la consolidación de una política de impunidad a través de un enfoque legal que protege a los responsables y restringe las demandas de las víctimas.
En este sentido, la coalición criticó las restricciones impuestas por la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, a la que calificó como un obstáculo estructural para cualquier proceso de justicia transicional, ya que impide a las víctimas recurrir a la justicia y criminaliza las demandas públicas de verdad, cerrando así cualquier posibilidad de responsabilizar a los autores de violaciones, tanto las relacionadas con la década negra como las que ocurren dentro de los campamentos de Tinduf. Asimismo, la coalición registró la continua represión de los activistas de derechos humanos en Argelia, señalando el cierre de oficinas de organizaciones defensoras y la prohibición de que los activistas realicen sus actividades, y citó como último ejemplo el cierre y sellado de la oficina de la Asociación de Familias de Desaparecidos el pasado 16 de marzo, así como la prohibición de que su presidenta, Nasira Dutour, entrara al país, pasos que consideran una indicación de la continuación de la política de "silenciar las voces molestas" en lugar de abrir el campo para un debate público sobre la verdad y la responsabilidad.
A partir de este diagnóstico, la coalición instó a Argelia a comprometerse con un proceso de reforma integral que comience con el reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado por las graves violaciones, ya sean las cometidas durante los años noventa o dentro de los campamentos de Tinduf, y a abrir investigaciones independientes y transparentes, junto con la revisión del marco legal para garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, así como la eliminación o modificación de las disposiciones que otorgan inmunidad a los perpetradores de violaciones, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. También enfatizó la necesidad de que Argelia cumpla plenamente con sus obligaciones como país anfitrión estableciendo un mecanismo independiente para monitorear los derechos humanos dentro de los campamentos, garantizando una gestión transparente y verificable de la ayuda humanitaria, permitiendo el acceso regular de observadores internacionales y habilitando al Alto Comisionado para los Refugiados para llevar a cabo un censo completo y preciso de la población a través de un mecanismo de diálogo individual, lo que permitiría identificar claramente sus necesidades humanitarias y su estatus legal, además de la liberación inmediata de todos los detenidos por ejercer sus derechos pacíficos.
En contraste con estas críticas, la coalición elogió expresamente la experiencia marroquí en justicia transicional, considerando que la Comisión de Equidad y Reconciliación constituye un modelo regional en el manejo del pasado de violaciones a través de su documentación oficial del período comprendido entre 1956 y 1999 y las reformas institucionales posteriores que afectaron los sectores de seguridad y justicia, así como la adopción de garantías de no repetición, lo que a su juicio representa un paso importante hacia la construcción de un Estado de derecho, aunque llamó a profundizar este camino, renovar su espíritu y fortalecer los mecanismos para preservar la memoria nacional. Las organizaciones saharauis confirmaron su compromiso irrevocable con la defensa de los derechos de los saharauis dentro de los campamentos de Tinduf, enfatizando que la protección de estos derechos es inseparable del camino de Naciones Unidas para encontrar una solución final a este conflicto prolongado, de acuerdo con lo estipulado en la resolución del Consejo de Seguridad número 2797, y consideraron que la continuación de las violaciones socava cualquier perspectiva de una solución justa y sostenible.
El comunicado de la coalición concluyó con un llamado urgente y directo dirigido a Argelia y al Frente Polisario para que revelen de inmediato el destino de todos los desaparecidos, identifiquen sus lugares de residencia, proporcionen a sus familias información completa, abran los campamentos a los mecanismos de Naciones Unidas y a los observadores independientes sin restricciones, garanticen la libertad de movimiento, expresión y opinión, incluida la de los opositores políticos, y aseguren el acceso a la ayuda humanitaria con total transparencia. En un mensaje claro, la coalición advirtió que la continuación de esta situación ya no es simplemente una crisis humanitaria, sino que se ha convertido en una verdadera prueba del respeto al derecho internacional y los derechos humanos en una de las zonas de conflicto más sensibles del norte de África.
