La normalización de las relaciones entre Marruecos y España tras la hoja de ruta firmada en abril de 2022 ha permitido avances significativos en diversos ámbitos de interés común. Sin embargo, uno de los compromisos contemplados en aquel acuerdo sigue sin traducirse en resultados visibles: el traspaso de la gestión del espacio aéreo civil del Sáhara a Marruecos. Aunque se trata de un asunto habitualmente presentado como una cuestión técnica vinculada a la navegación aérea y a los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), diversos especialistas coinciden en que su evolución depende, sobre todo, de factores políticos relacionados con el proceso internacional del Sáhara y con la posición que mantiene España sobre este expediente.
La dimensión jurídica del expediente
En una entrevista concedida en exlusiva al diario Assahifa Español, el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Héctor Álvarez García, sitúa el punto de partida en la mejora sustancial de las relaciones bilaterales entre ambos países. En su opinión, la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022 y la Reunión de Alto Nivel de febrero de 2023 representan «hitos históricos» que han inaugurado una nueva etapa de cooperación e integración entre España y Marruecos, basada en el reconocimiento de la iniciativa marroquí de autonomía como la opción «más idónea y justa» para resolver el conflicto del Sáhara.
En este contexto, el jurista afirma que España mantiene «su firme compromiso en abrir un foro de negociación sobre la gestión de los espacios aéreos con el Reino de Marruecos», subrayando que «la soberanía territorial de Marruecos sobre el Sáhara Atlántico incluye necesariamente el espacio aéreo». No obstante, advierte de que este proceso no puede entenderse al margen del Derecho Internacional.
Según explica, desde 1976 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) asignó a España la gestión del espacio aéreo del Sáhara dentro de la Región de Información de Vuelo de Canarias, función que se ejerce a través de la empresa pública ENAIRE. Por ello, sostiene que cualquier modificación debe realizarse «por imperativo del Derecho Internacional» y en coordinación con los organismos competentes, ya que se trata de un expediente sujeto a procedimientos multilaterales.
En este sentido, la solución definitiva del expediente del Sáhara constituye un elemento de vital importancia. Para el experto español, mientras no se consolide en el marco de Naciones Unidas el reconocimiento definitivo de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, «no se producirá un traspaso efectivo de la competencia sobre el control del espacio aéreo».
Desde su perspectiva, el control aéreo no constituye una cuestión aislada, sino una consecuencia directa del proceso político internacional. «La soberanía marroquí se acepta como una realidad incontrovertible» gracias al amplio respaldo al plan de autonomía presentado en 2007, por lo que el espacio aéreo sería «una consecuencia de las premisas anteriores y una justa reivindicación coherente con los derechos soberanos de Marruecos sobre el territorio del Sáhara», ratifica.
Con ello, defiende que la vía adecuada para resolver este asunto pasa por la cooperación internacional, señalando que la solución debe buscarse «mediante la acción diplomática ante la ONU, en colaboración con España».
El espacio aéreo, pendiente del proceso político
Desde otro ángulo, el investigador especializado en relaciones hispano-marroquíes Nabil Driouch considera que el expediente del espacio aéreo trasciende ampliamente su dimensión técnica. A su juicio, «la cesión por parte de España del control del espacio aéreo sobre el Sáhara marroquí parece, a primera vista, un asunto puramente técnico, pero en el fondo es un asunto político por excelencia».
El especialista recuerda en su declaración al diario Assahifa Español, que el punto séptimo de la hoja de ruta firmada en abril de 2022 ya preveía la creación de una comisión conjunta para abordar este asunto. Sin embargo, advierte de que, «por mucho que esta comisión avance en los aspectos técnicos, el aspecto político sigue siendo decisivo a la hora de dar a conocer sus resultados».
Driouch sostiene que España sigue condicionando este expediente a la evolución del proceso político del Sáhara. «Creo que España vincula este asunto a la cuestión de la soberanía marroquí sobre el Sáhara», afirma, señalando que el apoyo español a la propuesta de autonomía, que cuenta con un amplio respaldo internacional, no ha cerrado aún el conjunto de negociaciones multilaterales en curso.
Esta situación, según el investigador, otorga a España «un margen para posponer la decisión», lo que explica que el traspaso de la gestión del espacio aéreo continúe sin materializarse pese a los avances técnicos y diplomáticos registrados en los últimos años.
