Es fácil que un columnista en Madrid escriba que España debe darle a Marruecos la “guerra comercial” que supuestamente desea, como hizo Cristian Campos, jefe de Opinión de El Español, cuando publicó un artículo titulado: “Si Marruecos quiere una guerra comercial, habrá que dársela”. Después, se suceden artículos y editoriales que hablan de las alternativas españolas y de la capacidad de Madrid para prescindir de Rabat. Pero una parte de la élite madrileña que escribe para la opinión pública hispanohablante parece olvidar que las guerras económicas, al igual que las políticas, no se libran únicamente con titulares. Antes de iniciarlas, conviene abrir los libros, calcular qué cartas tiene cada parte y cuánto puede perder la otra.
Hablemos de cifras. En 2025, España exportó a Marruecos bienes por valor de 12.330 millones de euros, frente a unas importaciones de 10.420 millones, lo que dejó un superávit comercial cercano a los 1.900 millones de euros a favor de Madrid. Marruecos no es un mercado marginal: es el principal destino de las exportaciones españolas en África, y el propio Ministerio español de Asuntos Exteriores sitúa el comercio bilateral en 22.000 millones de euros en 2024.
Ahora bien, ¿son imposibles de sustituir esos más de 12.000 millones de euros de importaciones españolas? Evidentemente, no. Una parte importante corresponde a maquinaria, equipos eléctricos, vehículos y productos industriales para los que Marruecos puede buscar proveedores alternativos en Francia, Italia, Turquía, Alemania o China. Incluso algunas ofertas turcas o asiáticas podrían resultar más competitivas en precio. Reorientar las cadenas de suministro tendría un coste y exigiría tiempo, pero no constituye ninguna imposibilidad económica.
Lo mismo puede decirse de los grandes contratos. La empresa española CAF se adjudicó un contrato de alrededor de 600 millones de euros para suministrar trenes a la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos. Asimismo, ACCIONA lidera, con una participación del 50%, el consorcio adjudicatario de la planta desaladora de Casablanca, con una inversión total de 613 millones de euros, llamada a convertirse en la mayor de África, además de otros contratos y estudios de ingeniería adjudicados a compañías españolas.
Naturalmente, un Estado serio no puede romper contratos firmados sin asumir consecuencias jurídicas o indemnizaciones. Pero en las futuras licitaciones, los nuevos proyectos, las ampliaciones y las concesiones existen empresas francesas, turcas, chinas, coreanas y de otros países plenamente capaces de competir. El mercado marroquí no está obligado a seguir siendo una prolongación natural de las empresas españolas.
En el terreno político, el coste sería todavía mayor. La cooperación entre Marruecos y España en inmigración, seguridad y lucha contra el terrorismo no es un servicio prestado en una sola dirección. La propia España presenta la Operación Paso del Estrecho como un modelo de coordinación entre ambos países.
En 2025, por esta operación pasaron 3,49 millones de viajeros y 857.000 vehículos. Si las relaciones se deterioraran, Marruecos podría revisar el nivel de su cooperación fronteriza y de seguridad dentro del marco de sus obligaciones legales e internacionales. Del mismo modo, una parte de la diáspora marroquí residente en Europa podría optar en mayor medida por rutas francesas o portuguesas, o por conexiones marítimas directas, evitando el tránsito por territorio español.
También está el turismo. En 2025, los turistas procedentes de Marruecos gastaron en España alrededor de 1.084 millones de euros, un 16,7% más que el año anterior, un flujo del que se benefician especialmente las regiones del sur español. Naturalmente, los turistas son libres de elegir su destino, pero los mercados saben perfectamente lo que significaría que una corriente de ese tamaño comenzara a desplazarse hacia Francia, Portugal o Turquía.
Por eso, si algunos columnistas españoles quieren convertir la vecindad entre ambos países en una tabla de sanciones y guerras comerciales, convendría que hicieran las cuentas completas.
Marruecos sufriría las consecuencias de una confrontación económica con España, y carecería de sentido negarlo. Pero España también las sufriría: exportaciones, empresas, empleo, puertos, turismo, cooperación en materia de seguridad y fronteras, y el acceso a un mercado africano que es, además, el más próximo geográficamente.
La relación entre iguales comienza por comprender esta realidad. España no está obligada a someterse a Marruecos, y Marruecos tampoco está llamado a someterse a España. Pero la idea de que Madrid puede presionar sin pagar ningún precio, mientras Rabat sólo puede recibir los golpes, pertenece a una mentalidad de otra época.
El Reino de Castilla pertenece a la historia, como pertenecen a la historia los imperios europeos. La vecindad en el siglo XXI ya no se rige por la memoria de las conquistas, sino por intereses recíprocos.
Y quien quiera una guerra económica debería, antes de declararla, asegurarse de haber calculado también sus propias pérdidas, y no únicamente las de su adversario.
