La ocupación alcanza el 95% de la capacidad operativa y obliga a albergar a sancionados en módulos de ingreso por falta de espacio en los departamentos aislados
El Gobierno catalán recurre a módulos prefabricados de urgencia y agiliza las semilibertades para descongestionar unos centros al límite de su capacidad
La administración penitenciaria de Cataluña afronta una crisis de saturación sin precedentes que amenaza con colapsar el funcionamiento cotidiano de sus instalaciones. El sistema penitenciario catalán ha alcanzado ya el 95% de su capacidad operativa, albergando a cerca de 9.600 reclusos para un total de algo más de 10.000 plazas disponibles. Esta presión asistencial, fruto de un incremento constante de la población reclusa que se ha elevado en unos 1.800 internos durante el último lustro —lo que supone un crecimiento del 23%—, responde principalmente al endurecimiento de la respuesta policial y judicial contra la multirreincidencia implantado desde 2022, y está generando ya severas disfunciones en la gestión diaria de los espacios y de la convivencia interna.
Las consecuencias de este hacinamiento se hacen patentes cada día en el interior de los centros. En el centro penitenciario de Figueres, la falta de plazas libres en los módulos comunitarios ha obligado a alojar a varios reclusos en las dependencias de la enfermería a pesar de no presentar ningún problema de salud. De forma paralela, en la prisión de Lledoners cerca de una decena de internos han tenido que cumplir sanciones disciplinarias de aislamiento en el módulo de ingresos —destinado habitualmente a los recién llegados— debido a la plena ocupación de los departamentos especiales de régimen cerrado, diseñados específicamente para evitar el contacto de los sancionados con el resto de la población reclusa. Esta alta densidad en patios y comedores ha disparado la tensión y los incidentes, mientras los equipos técnicos advierten de que la sobreocupación dificulta enormemente la detección precoz de conflictos.
La sobrecarga sobrepasa la estructura física y afecta de lleno a los profesionales y al modelo de rehabilitación. En el ámbito de la atención psicológica, las ratios se han disparado hasta situarse en unos cincuenta reclusos por cada especialista, cuando históricamente la cifra oscilaba entre los treinta y los cuarenta. Para aliviar la presión sobre los centros, la institución ha intensificado la directriz de recurrir al denominado "aperturismo", una política orientada a agilizar la concesión del tercer grado y avanzar salidas en semilibertad. Sin embargo, esta medida ha despertado la inquietud de parte de los trabajadores, quienes alertan de que la prisa por descongestionar las cárceles reduce el margen necesario para realizar evaluaciones exhaustivas y rigurosas del perfil de cada interno antes de su salida.
Ante el riesgo inminente de colapso, el Ejecutivo autonómico estudia acelerar la creación de infraestructuras mediante la instalación de módulos industrializados de rápida construcción. Al proyecto ya anunciado para el centro de Mas d'Enric en El Catllar, que prevé sumar 256 plazas para 2028 mediante dos módulos prefabricados, la Consejería de Justicia prevé extender este sistema a otros equipamientos con el objetivo de generar entre 600 y 700 nuevas plazas en total. Se trata de una medida de urgencia para ganar capacidad de respuesta inmediata, ya que las inversiones estructurales previstas a largo plazo, como el centro de Zona Franca, están destinadas únicamente a reubicar a internos de régimen abierto procedentes de instalaciones obsoletas pendientes de cierre y no aportarán un alivio real a los centros ordinarios, que continúan haciendo equilibrios para no superar el límite de dos reclusos por celda.
