El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez defendió este viernes desde Ceuta la actuación coordinada entre España y Marruecos frente a la crisis migratoria, rechazando las críticas formuladas desde distintos sectores de la Guardia Civil, donde algunos agentes sostienen que la policía marroquí no impidió el avance de miles de personas hacia el espigón del Tarajal durante las primeras horas de la avalancha migratoria.
Frente a esas acusaciones, Sánchez aseguró que la cooperación con las autoridades marroquíes ha sido "ágil y constante" desde el inicio de la crisis y afirmó que Rabat está colaborando en el retorno de las personas que accedieron de forma irregular a Ceuta. Según el Ministerio del Interior, alrededor de 25.000 personas habían abandonado ya el perímetro de la ciudad para regresar a Marruecos. No obstante, miles de migrantes permanecían todavía en Ceuta, entre ellos más de 7.000 menores, cuya atención recaerá previsiblemente en la ciudad y en el resto de comunidades autónomas, conforme al sistema de reparto previsto por la legislación española..
El presidente también reconoció el impacto que ha tenido la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el modelo de gestión fronteriza. La resolución limitó la aplicación de las devoluciones en frontera a las personas que acceden a Ceuta por vía marítima, una interpretación que, según el Gobierno, ha sido instrumentalizada por las redes de tráfico de personas para incentivar las salidas hacia la ciudad.
Ante este nuevo escenario, Sánchez anunció que el Ejecutivo estudiará una reforma de la Ley de Extranjería. La medida coincide con las reclamaciones formuladas por expertos en Derecho de Extranjería y por asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que consideran que la última modificación de la norma dejó sin resolver el vacío jurídico relativo a las llegadas por mar. Según estas fuentes, una referencia expresa a este supuesto habría evitado parte de la incertidumbre generada tras el fallo del Tribunal Supremo.
Como respuesta inmediata, el Gobierno también prevé instalar un sistema de boyas en el mar para extender físicamente el perímetro fronterizo y adaptar el dispositivo a los criterios fijados por el Alto Tribunal, con el objetivo de facilitar la aplicación del régimen de rechazo en frontera en futuras entradas irregulares.
