La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto este jueves al centro del debate político español con la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados, después de varias semanas marcadas por las discrepancias sobre los avisos previos a la entrada masiva de finales de julio y por la controversia desatada en torno a un informe policial que volvió a situar a Marruecos bajo el foco de las acusaciones.
Ante la Cámara, el presidente del Gobierno ha defendido la gestión realizada durante la crisis y ha tratado de responder a algunos de los principales interrogantes abiertos desde entonces, especialmente sobre la información de la que disponían las autoridades españolas y el recorrido interno del informe policial. Marruecos ha ocupado igualmente una parte sustancial de su intervención, tanto por el papel desempeñado en la gestión de los flujos migratorios como por el futuro de la cooperación bilateral y las discrepancias surgidas en torno a Ceuta y Melilla.
Sánchez niega una alerta que anticipara la avalancha, pero pregunta por qué el CENIF no informó a sus superiores
La explicación ofrecida por Sánchez ha establecido una diferencia entre la existencia de indicios de una presión migratoria creciente y la disponibilidad de una alerta que permitiera anticipar la dimensión de lo que finalmente ocurrió.
Según su reconstrucción, el CNI elaboró durante el mes anterior dos informes en los que constataba el aumento de los cruces por el espigón y recomendaba extremar las precauciones. A ello se añadió, el 29 de julio, pocas horas antes del comienzo de la crisis, una comunicación por mensajería entre la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil que alertaba de una convocatoria difundida en las redes sociales para intentar cruzar a Ceuta al día siguiente.
Sánchez ha precisado que la cifra de 180.000 personas que circuló posteriormente correspondía al número de integrantes del grupo de Facebook donde se había difundido la convocatoria y no al número de personas que las autoridades esperaban que intentaran acceder a la ciudad.
Pese a reconocer esos elementos, el presidente sostiene que el Ejecutivo “no recibió alertas ni avisos extraordinarios” capaces de anticipar lo que ocurrió después. Tras revisar, según ha explicado, las comunicaciones procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Centro Nacional de Inteligencia, el Gobierno considera que ninguna iba más allá de la descripción de la evolución migratoria y de advertencias rutinarias.
“Ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”, ha asegurado Sánchez, que ha denunciado la existencia de “mucho ruido y bulos” alrededor de esta cuestión.
Sin embargo, la comparecencia ha añadido posteriormente otra dimensión a esta explicación. Sánchez ha dirigido sus preguntas hacia el propio circuito interno de información policial y, en concreto, hacia el CENIF.
“¿Por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior?”, se ha preguntado. A continuación, ha planteado por qué tampoco se compartió con los superiores y con el Gobierno de España “el contenido de un informe que se había encargado”, en este caso por una jueza, y que podía tener “potenciales implicaciones para la seguridad del Estado”.
De este modo, Sánchez no ha negado la existencia de información policial previa, sino que ha defendido que esta no llegó al Gobierno en términos que permitieran anticipar la magnitud de la crisis, al tiempo que ha abierto otro interrogante sobre por qué determinados documentos no ascendieron por la cadena de mando. “Esto también tendrá que explicarse”, ha sentenciado.
La secuencia de los días anteriores muestra, en cualquier caso, una presión creciente. Entre el 10 y el 25 de julio se registraron 37 entradas diarias y el flujo aumentó posteriormente hasta alcanzar 194 durante la noche del día 29. Según Sánchez, las autoridades detectaron esa evolución y se coordinaron para hacerle frente, pero no la consideraron inédita. Fue en la mañana del 30 cuando, de acuerdo con su relato, la situación cambió de forma “radical y repentina”, coincidiendo con la multiplicación de mensajes en las redes sociales y con lo que el presidente ha descrito como una tergiversación de la sentencia del Tribunal Supremo.
Las medidas previas no evitaron que el dispositivo quedara desbordado
Sánchez ha defendido que el Ejecutivo había comenzado a adoptar medidas después de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que considera el “único cambio real” producido entonces en el escenario migratorio. Entre ellas ha citado el refuerzo de la vigilancia marítima con 70 nuevos efectivos, el diseño de elementos de contención física, la incorporación de nuevas embarcaciones y la celebración de reuniones de trabajo con las autoridades marroquíes.
El Gobierno comenzó también a preparar una ampliación de las plazas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ante la posibilidad de que aumentara el flujo migratorio.
Aquellas medidas no impidieron, sin embargo, que los recursos disponibles acabaran superados por la magnitud de la entrada. El propio Sánchez ha reconocido que los medios “se vieron desbordados” y que España necesita reforzar su capacidad para prevenir y anticipar situaciones semejantes.
El presidente ha defendido especialmente la actuación de los agentes durante las horas más críticas. Cuatro de cada cinco migrantes que accedieron por la zona del Tarajal lo hicieron a nado y, según Sánchez, intentar contenerlos en aquellas circunstancias podría haber provocado “una tragedia aún mayor”.
Los agentes “eligieron defender la vida humana”, ha afirmado, calificando su actuación como “lo correcto, lo más inteligente y valiente”. La crisis dejó, según recordó al inicio de su comparecencia, 141 migrantes fallecidos, entre ellos menores.
Una vez estabilizada la frontera, el Ejecutivo envió otros 500 agentes hasta alcanzar alrededor de 1.600 efectivos y reforzó la respuesta sanitaria mediante la ampliación de horarios y la incorporación de un centenar de profesionales adicionales, en jornadas en las que se llegaron a registrar hasta 1.200 asistencias.
Sánchez ha vinculado esta actuación con la obligación de respetar las garantías jurídicas aplicables a los migrantes. “Antes de expulsar a un ser humano hay que verificar quién es y de dónde es su origen”, ha señalado, recordando que debe comprobarse, entre otras circunstancias, si procede de un país en guerra.
El presidente ha rechazado así las posiciones que plantean prescindir de esas garantías y ha defendido que una democracia “no es más fuerte por saltarse la ley”. Frente a la confrontación política generada por la crisis, ha presentado “la unidad y la lealtad institucional” como la fórmula para afrontarla.
Marruecos, de socio indispensable en los retornos a una cooperación que Sánchez quiere revisar
Marruecos ha ocupado un lugar central en la comparecencia, aunque desde planos diferentes. Sánchez ha defendido la actuación de las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la crisis y, al mismo tiempo, ha anunciado que Madrid pretende revisar los mecanismos de coordinación bilateral para evitar que se repita un episodio como el del 30 de julio.
“Sin la coordinación estrecha con las autoridades marroquíes habría sido imposible lograr lo que se produjo horas después”, ha asegurado. Según las cifras expuestas por el presidente, en menos de 24 horas habían regresado 50.000 personas y, 72 horas después, la cifra superaba las 63.000, más del 90 % del total, lo que Sánchez ha descrito como uno de los procesos de retorno más rápidos de la historia de Europa.
La defensa de esa cooperación se produce después de semanas en las que Marruecos ha aparecido recurrentemente en el debate político y mediático español sobre la crisis. El propio Sánchez ha recordado que, desde el primer día, tertulias y redes sociales se llenaron de voces que responsabilizaban a Rabat de lo ocurrido.
El presidente ha reconocido, sin embargo, que la relación bilateral también ha atravesado momentos de tensión durante este periodo. Ha revelado que el Gobierno español convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora de Marruecos a raíz de las declaraciones realizadas por dos ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla, unas manifestaciones que ha calificado de “inaceptables” y que, según ha afirmado, Madrid rechazó “tajantemente”.
En esa misma explicación, Sánchez ha reconocido que “Marruecos es evidente que juega un papel clave en la gestión de flujos migratorios” para España, separando así la discrepancia territorial de la cooperación operativa que mantienen ambos países.
La posición española sobre Ceuta y Melilla había sido precisamente uno de los primeros asuntos abordados por Sánchez en su intervención. El presidente aseguró que ambas ciudades “son españolas” y que, por parte de su Gobierno, “va a seguir así hasta el final de los tiempos”.
Pero la principal novedad respecto al futuro de las relaciones bilaterales ha llegado al final de este tramo de la comparecencia. Sánchez ha confirmado que el Gobierno está “revisando todos los mecanismos de coordinación con Marruecos” con el objetivo de impedir que vuelva a producirse una crisis como la del 30 de julio.
“Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos”, ha afirmado, antes de añadir que “es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente”.
La formulación introduce un nuevo matiz en la posición de La Moncloa: Sánchez no cuestiona la utilidad de la cooperación marroquí durante la crisis, que, por el contrario, ha vuelto a calificar de determinante, pero considera necesario modificar los mecanismos sobre los que se articula para reforzar la capacidad de prevención y coordinación.
Más Frontex, vigilancia tecnológica y ciberseguridad ante las “amenazas híbridas”
La revisión de la cooperación con Rabat forma parte de un paquete más amplio con el que el Gobierno pretende reforzar el dispositivo en Ceuta y aumentar la participación europea.
Sánchez ha anunciado que España solicitará una “presencia permanente de Frontex en el puerto y en el espigón”, además de la creación de una misión europea específica para monitorizar la inmigración irregular en Ceuta.
A estas iniciativas se suman medidas físicas y tecnológicas. El Ejecutivo prevé alargar los espigones del Tarajal y Benzú, construir un sistema permanente de contención marítima, ampliar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil, instalar una nueva red de cámaras térmicas y drones y adquirir nuevas embarcaciones.
Sánchez ha situado estas actuaciones dentro de una concepción más amplia de la seguridad en la "frontera sur de Europa". A su juicio, el desafío exige prestar atención no solo a la defensa convencional, sino también a la seguridad frente a los denominados “ataques híbridos”, ámbito en el que ha destacado la necesidad de reforzar la ciberseguridad.
El presidente ha recordado que el Gobierno ha aprobado más de 2.000 millones de euros en este terreno, incluidos más de 300 millones destinados al Centro Criptológico Nacional.
Sánchez señala a ecosistemas rusos y proisraelíes en la batalla sobre el relato de Ceuta
La dimensión tecnológica enlaza con otro de los argumentos desarrollados por Sánchez para explicar una crisis que ha definido como “mucho más compleja” y en la que, según ha señalado, confluyen factores políticos y tecnológicos.
El presidente ha afirmado que el Servicio Europeo de Acción Exterior documentó la participación de cuentas y publicaciones vinculadas a ecosistemas informativos rusos y proisraelíes, a las que se sumaron referentes de la ultraderecha internacional y española que, según su versión, aprovecharon la crisis para “azuzar el miedo y el odio”.
Sánchez ha relacionado esta actividad con dinámicas observadas anteriormente durante la pandemia de la COVID-19 y la DANA y ha rechazado que se trate únicamente de una valoración política, presentándola como una realidad documentada por el servicio diplomático europeo.
