La crisis migratoria registrada esta semana en Ceuta ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno de Pedro Sánchez dentro de la Unión Europea, donde la gestión de la situación ha provocado una profunda división entre los Estados miembros y ha desembocado en la convocatoria de una reunión extraordinaria de ministros del Interior prevista para el próximo martes.
Mientras varios gobiernos europeos reclamaban una respuesta coordinada ante la llegada masiva de migrantes y algunos países endurecían sus posiciones respecto a España, el presidente del Gobierno español dirigió una carta al Consejo Europeo en la que lamentó la falta de apoyo de parte de sus socios comunitarios.
En esa misiva, Sánchez criticó el "escaso respaldo" recibido por algunos Estados miembros, atribuyendo su actitud a "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos". Sin embargo, el jefe del Ejecutivo español reconoció al mismo tiempo que fue la cooperación de Marruecos, y no la de algunos de sus aliados europeos, la que permitió normalizar la situación en apenas 48 horas, subrayando el papel desempeñado por Rabat para contener la crisis.
La carta constituye una de las referencias más explícitas realizadas hasta ahora por el Gobierno español sobre la importancia de la colaboración marroquí durante la gestión de la emergencia, en un contexto en el que las autoridades de ambos países intensificaron la coordinación para acelerar el retorno de los migrantes y reforzar el control fronterizo.
La evolución de la crisis también ha puesto de manifiesto las diferencias existentes dentro de la Unión Europea respecto a la política migratoria. Estados miembros, encabezados por Italia y Dinamarca, impulsó una petición para celebrar una reunión extraordinaria de ministros del Interior con el fin de evaluar el impacto de los acontecimientos y estudiar una respuesta común.
En la carta remitida por 22 países europeos se advierte de que los cruces masivos e irregulares pueden poner en riesgo la credibilidad de la política migratoria común de la Unión y se plantea reforzar el apoyo de Frontex, así como la cooperación con Marruecos para la gestión de las fronteras exteriores.
Paralelamente, Italia anunció controles temporales sobre determinados viajeros procedentes de España, una decisión que evidenció el alcance político que la crisis había adquirido dentro del espacio Schengen. Otros Estados, entre ellos Francia, Portugal y Estonia, expresaron su respaldo al Gobierno español y rechazaron cualquier medida que pudiera interpretarse como un aislamiento de España dentro de la Unión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "inaceptables" las imágenes registradas en Ceuta, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió la necesidad de mantener el apoyo a España y reforzar la cooperación con Marruecos en materia migratoria.
Según el Ministerio del Interior español, la mayoría de los migrantes que accedieron a Ceuta ya habían sido retornados y la situación quedó prácticamente normalizada gracias al dispositivo desplegado conjuntamente por las autoridades españolas y marroquíes.
