El Gobierno de Marruecos estudia introducir cambios en el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí dirigido a los hijos de la comunidad marroquí residente en España, en el marco de una reorganización institucional de las políticas destinadas a la diáspora.
El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, afirmó que la gestión de este programa se prepara para una “transformación cualitativa” en la próxima etapa, dentro de la nueva estructura institucional que Rabat está diseñando para la gestión de los asuntos de los marroquíes residentes en el extranjero.
Según explicó el jefe de la diplomacia marroquí, la responsabilidad de este ámbito será asumida por la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero, institución encargada de promover iniciativas culturales, educativas y sociales destinadas a la diáspora.
Bourita realizó estas declaraciones en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por la diputada Aziza Boujrida, del grupo Haraki en la Cámara de Representantes marroquí. En su respuesta, el ministro señaló que la visión futura del programa podría incluir soluciones innovadoras y alternativas, teniendo en cuenta que la orientación lingüística, cultural y religiosa de los niños de la diáspora constituye una de las funciones fundamentales de dicha fundación.
El responsable marroquí también indicó que, a la espera de los resultados de las consultas en curso con España, se contempla la posibilidad de reevaluar los mecanismos de implementación del programa y revisar algunos de sus aspectos operativos.
El objetivo de esta revisión, según Bourita, es garantizar la continuidad y la eficacia del programa, así como protegerlo frente a posibles obstáculos que puedan dificultar el cumplimiento de sus objetivos en el futuro.
Este debate se produce en un contexto en el que Rabat reconoce que la aplicación del programa encuentra dificultades en algunas comunidades autónomas españolas, especialmente en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, donde su desarrollo ha afrontado en los últimos años resistencias políticas y administrativas.
