La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema migratorio, humanitario y de seguridad para instalarse de lleno en la batalla política española. A las puertas del nuevo curso, la inmigración irregular, el control de las fronteras y la gestión de la ciudad norteafricana han alterado las prioridades de los principales partidos y abierto un frente particularmente incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez, obligado ahora a defender su actuación mientras PP y Vox pugnan por capitalizar el desgaste.
Segun recoge el diario La Razón, la crisis migratoria en Ceuta ya figura entre las variables que los partidos manejan de cara al próximo ciclo electoral. Aunque las encuestas todavía no permiten establecer una relación directa entre la crisis y un trasvase significativo de votos, sí reflejan una transformación que precede a cualquier movimiento de las urnas: el debate político español ha cambiado de terreno.
La inmigración, la seguridad y el control fronterizo han ganado espacio frente a otros asuntos que hasta hace apenas unas semanas dominaban la confrontación entre el Gobierno y la oposición. Ese desplazamiento coloca a Vox en un escenario especialmente favorable, puesto que se trata de cuestiones sobre las que la formación de Santiago Abascal lleva años construyendo buena parte de su discurso político.
Los últimos datos demoscópicos disponibles invitan, sin embargo, a evitar conclusiones precipitadas. El estudio de NC Report realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto situaba al PP en el 34,2 % de intención de voto, frente al 25,2 % del PSOE y el 18 % de Vox. Respecto al mes anterior, los populares retrocedían tres décimas, mientras los socialistas y Vox avanzaban dos. No hay, por tanto, elementos suficientes para afirmar que la crisis migratoria haya provocado por sí sola un vuelco electoral.
Lo que sí resulta más perceptible es su impacto sobre la agenda. Vox ya no necesita llevar en solitario la inmigración irregular al centro de la discusión pública porque los acontecimientos de Ceuta lo han hecho por sí mismos. Esta circunstancia le permite desenvolverse sobre un terreno que conoce bien y mantener su línea habitual sin grandes reajustes discursivos.
Para el PP, en cambio, la ecuación resulta más delicada. Alberto Núñez Feijóo había orientado buena parte de su estrategia contra Sánchez hacia los casos de corrupción y el desgaste acumulado de la legislatura. Ceuta ha trastocado ese guion y ha obligado a Génova a endurecer su ofensiva en materia migratoria y fronteriza.
Los populares han intensificado su actividad parlamentaria durante agosto y Feijóo se ha desplazado en dos ocasiones a Ceuta. El objetivo político tiene una doble vertiente: responsabilizar al Ejecutivo de la gestión de la crisis y, al mismo tiempo, impedir que Vox monopolice un asunto susceptible de adquirir cada vez mayor peso entre el electorado conservador.
Ahí reside una de las paradojas que afronta el principal partido de la oposición. Cuanto más se concentre la discusión nacional en la inmigración irregular y la seguridad, mayores serán sus posibilidades de erosionar al Ejecutivo, pero también crecerá el protagonismo de Vox, que lleva años haciendo de ambos asuntos una de sus principales señas políticas.
A ello se añade la posición institucional del propio PP en Ceuta. Juan Vivas gobierna la ciudad y ha mantenido durante la crisis un perfil más ligado a la gestión que a la confrontación partidista. Tras los últimos episodios de violencia, todas las fuerzas representadas en la Asamblea ceutí suscribieron una declaración conjunta para condenar los disturbios y reclamar el restablecimiento de la normalidad.
Esa circunstancia obliga a Feijóo a caminar por una estrecha cornisa: mantener una oposición contundente contra Moncloa sin entrar en contradicción con la responsabilidad institucional que corresponde al Gobierno local de Ceuta. El desgaste que la crisis pueda ocasionar a Sánchez, por tanto, no implica necesariamente que todo el rédito político termine en manos del PP.
Para el Ejecutivo central, el margen tampoco es amplio. Persisten las preguntas sobre las circunstancias que hicieron posible la entrada masiva de migrantes, la capacidad del Estado para anticiparla, la respuesta desplegada durante las primeras semanas y el futuro de las personas que todavía permanecen en Ceuta. A ello se suma el debate abierto en torno al papel de los servicios de inteligencia y a la tardanza de 26 días antes de activar el mecanismo extraordinario de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la entrada de la crisis en una fase de creciente conflictividad social ha incorporado un elemento nuevo a la estrategia gubernamental. La quema de asentamientos utilizados por migrantes, el bloqueo de vehículos de Cruz Roja y los enfrentamientos registrados en las últimas horas han permitido a Moncloa desplazar una parte de la discusión desde la gestión de la emergencia hacia la responsabilidad política por el clima de tensión.
Ese giro quedó patente durante la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso, donde dedicó parte de su intervención a denunciar los discursos de odio y el empleo de expresiones como «invasores» o «delincuentes». En paralelo, el PSOE reclamó a Feijóo que contribuyera a contener la escalada de tensión.
Con septiembre a las puertas, Ceuta amenaza así con acompañar el inicio del nuevo curso político español mucho más allá de la emergencia inmediata. Sánchez tratará de evitar que la gestión fronteriza se convierta en un lastre permanente para el Ejecutivo; Feijóo buscará transformar ese desgaste en alternativa política sin dejar el terreno libre a su derecha; y Vox intentará aprovechar una agenda que, por primera vez en mucho tiempo, se ha desplazado hacia algunos de los asuntos que constituyen el núcleo de su discurso.
La batalla ya no se libra únicamente sobre lo ocurrido en la frontera. También se disputa sobre quién consigue imponer el relato de la crisis y, sobre todo, quién termina pagando su factura política.
