La Alianza de ONGs Saharauis ha situado el expediente de las desapariciones forzadas en los campamentos de Tinduf entre los asuntos humanitarios que considera inaplazables ante cualquier avance hacia una solución definitiva del conflicto del Sáhara, y ha reclamado a Argelia, como Estado anfitrión, que facilite investigaciones independientes para esclarecer el destino de los saharauis desaparecidos. Frente a esta situación, la organización contrapone el proceso de justicia transicional desarrollado por Marruecos durante las últimas dos décadas y resume esa diferencia bajo una fórmula explícita: “Justicia cumplida en Rabat... Verdad pendiente en Tinduf”.
Así lo sostiene la Alianza en una declaración fechada el 30 de agosto en El Aaiún, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a la tuvo acceso Assahifa en Español. El documento coloca frente a frente dos realidades que, a juicio de las organizaciones firmantes, han seguido trayectorias opuestas: el tratamiento institucional de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado en Marruecos y la persistencia de casos de saharauis cuyo paradero continúa sin conocerse después de haber sido detenidos en los campamentos de Tinduf.
La Alianza parte del reconocimiento de que las desapariciones forzadas constituyen un expediente que trasciende cualquier consideración política. Por ello, reivindica para todas las víctimas y sus familias el derecho a conocer la verdad, obtener una reparación integral y contar con garantías de no repetición, tres principios que considera indispensables para que cualquier proceso de reconciliación pueda considerarse completo.
Es precisamente sobre este terreno donde el documento reivindica la experiencia marroquí. La organización sitúa el punto de inflexión en 2004, con la creación de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), mediante la cual el Reino abordó las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas anteriores, investigó centenares de expedientes y puso en marcha mecanismos de reparación individual y colectiva.
La Alianza sostiene que aquel proceso permitió no solo esclarecer numerosos casos, sino también reconocer responsabilidades institucionales, preservar la memoria de las víctimas y establecer mecanismos de reparación. A esa experiencia se sumaron posteriormente reformas legislativas e institucionales y la consolidación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como estructura permanente para la protección y promoción de los derechos fundamentales.
El documento también destaca la cooperación mantenida por Marruecos con los mecanismos internacionales de derechos humanos y, particularmente, con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Para las organizaciones saharauis firmantes, ese recorrido ha permitido al Reino construir durante los últimos veinte años una experiencia de justicia transicional que puede servir de referencia regional.
Sin embargo, la Alianza considera que ese proceso de cierre de las heridas del pasado encuentra todavía un importante vacío al otro lado de la frontera argelina. Su declaración desplaza así el foco hacia los campamentos de Tinduf y denuncia que continúa sin esclarecerse el destino de saharauis desaparecidos después de haber sido detenidos allí.
Entre esos expedientes destaca el de El Khalil Ahmed Braih, al que presenta como símbolo de las familias que continúan esperando información sobre sus allegados. La organización sostiene que mantener durante años estos casos sin una respuesta concluyente priva a los familiares de su derecho a la verdad y deja abierto un capítulo que no puede quedar al margen de cualquier proceso de reconciliación regional.
La cuestión adquiere, además, una dimensión política y jurídica particular por encontrarse los campamentos en territorio de Argelia. De ahí que la declaración insista en la condición del país norteafricano como Estado anfitrión y reclame que permita el acceso de misiones independientes e imparciales capaces de investigar, documentar y esclarecer los casos denunciados.
La Alianza vincula esta exigencia con los llamamientos formulados desde mecanismos de Naciones Unidas y considera que el mantenimiento de estos expedientes durante décadas obliga a redoblar la presión internacional para garantizar a las familias el acceso a la verdad. Según sostiene, ninguna reconciliación puede construirse dejando fuera a quienes siguen desconociendo qué ocurrió con sus familiares o dónde se encuentran sus restos en caso de haber fallecido.
El documento va más allá y plantea que la cuestión de los desaparecidos no debería permanecer separada de las negociaciones sobre el futuro del Sáhara. En un momento que la Alianza interpreta como propicio para avanzar hacia una solución política, considera que los expedientes humanitarios deben incorporarse a cualquier dinámica destinada a cerrar definitivamente el conflicto.
En este contexto, la Alianza sitúa expresamente la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un punto de inflexión y sostiene que su adopción ha reforzado las perspectivas de alcanzar una solución política duradera al diferendo regional sobre el Sáhara. Según la declaración, la resolución consagra la Iniciativa de Autonomía presentada por Marruecos como base de referencia para una solución definitiva, un impulso político que, a juicio de las organizaciones firmantes, debe ir acompañado del esclarecimiento de los expedientes humanitarios que continúan pendientes.
Desde esta perspectiva, resolver los casos de desaparición no sería un asunto accesorio respecto al proceso político, sino una de las condiciones necesarias para una reconciliación efectiva.
La organización reclama, en consecuencia, la aplicación de las recomendaciones formuladas por los mecanismos de Naciones Unidas respecto a los desaparecidos en Tinduf, así como la apertura de los campamentos a investigaciones independientes. También exige que las familias saharauis puedan conocer íntegramente el destino de sus allegados de acuerdo con las garantías establecidas por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
Paralelamente, solicita mantener el respaldo a la experiencia marroquí de justicia transicional y aprovechar el actual impulso diplomático para abordar los expedientes humanitarios todavía abiertos. La tesis que atraviesa toda la declaración es que el eventual cierre político del conflicto no debería producirse dejando sin respuesta los casos individuales acumulados durante décadas.
De esta manera, la Alianza de ONGs Saharauis utiliza el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para plantear una comparación deliberada entre los dos escenarios: un Marruecos que, según destaca, emprendió hace más de veinte años un proceso institucional para afrontar las violaciones de su pasado, y unos campamentos de Tinduf donde asegura que numerosas familias continúan reclamando conocer el destino de los desaparecidos.
Para la organización, cerrar esa brecha constituye una condición necesaria para que una futura solución política pueda traducirse también en una verdadera reconciliación. “No habrá reconciliación verdadera ni estabilidad permanente en la región sin el cierre total de este doloroso capítulo”, concluye la declaración.
