Rusia ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a aportar datos concretos que sustenten su acusación sobre una supuesta implicación rusa en la campaña de desinformación vinculada a la crisis migratoria de Ceuta, abriendo un nuevo frente diplomático para el Ejecutivo español después de que Israel también rechazara las palabras del presidente. La respuesta de Moscú cobra especial relevancia porque los datos divulgados por la propia Comisión Europea sitúan la actividad de canales rusos a partir del 30 de julio, cuando los llamamientos a cruzar la frontera ya estaban en marcha, y no antes del inicio de la crisis.
La reacción llegó este lunes a través de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, después de que Sánchez señalara públicamente a Rusia, Israel y lo que denominó una «Internacional ultraderechista» por la difusión en redes sociales de «bulos y desinformación» en torno a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.
Zajárova reclamó a Madrid que presente elementos verificables antes de atribuir responsabilidades a Moscú. «Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio», afirmó durante una rueda de prensa, según recoge la información publicada por El Español a partir de la agencia Interfax.
La portavoz de la diplomacia rusa endureció posteriormente el mensaje al reprochar al Ejecutivo español haber llevado la acusación al terreno público sin presentar, según Moscú, datos que permitan sostenerla. «Sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar», declaró Zajárova, quien también señaló que España no había presentado una denuncia por un eventual ciberataque antes de formular sus acusaciones ante los medios.
La controversia tiene su origen en las declaraciones realizadas por Sánchez al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. El presidente español relacionó la crisis de Ceuta con la circulación en redes sociales de contenidos sobre la sentencia del Supremo y sostuvo que estos habían sido difundidos desde entornos «asociados tanto a Rusia como a Israel y a una Internacional ultraderechista».
Sánchez fue más allá al interpretar esa actividad dentro de las divergencias que su Gobierno mantiene con Moscú y Tel Aviv en política exterior. Según afirmó, si Rusia o Israel participan en campañas de desinformación contra España, ello respondería a las posiciones adoptadas por Madrid respecto a la guerra de Ucrania y Gaza. El jefe del Ejecutivo sostuvo asimismo que ambos países recurren a la cuestión migratoria como instrumento para atacar no solo a España, sino también a Europa.
Al mismo tiempo, Sánchez desligó a Marruecos de cualquier responsabilidad en el origen de la crisis y destacó la cooperación de Rabat con España en ámbitos como la lucha contra el terrorismo y la gestión migratoria. Según su interpretación, la distorsión de la sentencia del Tribunal Supremo habría sido aprovechada por organizaciones criminales y redes de tráfico de personas para favorecer las entradas irregulares en Ceuta.
Las acusaciones del presidente español han provocado así respuestas prácticamente simultáneas desde las dos capitales señaladas. Antes de la reacción rusa, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ya había acusado a Sánchez de «mentir descaradamente» y rechazado que Israel hubiera difundido información engañosa relacionada con los acontecimientos de Ceuta.
Sin embargo, el elemento que introduce mayores matices en la información defendida por Sánchez procede de la propia Unión Europea. La Comisión Europea constató actividad de canales rusos que amplificaron contenidos y llamamientos relacionados con la crisis, pero los datos recabados por Bruselas no sitúan esa actividad antes de que comenzaran las entradas masivas.
El portavoz comunitario Guillaume Mercier explicó que se había observado presencia de información y canales rusos de manipulación que alentaban reacciones en distintas plataformas digitales a partir del 30 de julio. Antes de esa fecha, precisó, «no se había observado esta actividad». De este modo, Bruselas distingue entre la amplificación posterior de la crisis y los factores que pudieron desencadenarla.
Esta cronología resulta particularmente relevante porque introduce una diferencia sustancial entre alimentar o amplificar una campaña de desinformación una vez iniciada la crisis y atribuir a esa actividad un papel causal en el desencadenamiento de las entradas. Según la información disponible, el propio informe europeo apunta a que la actividad detectada comenzó cuando los llamamientos a cruzar hacia Ceuta ya habían circulado.
Bruselas, además, ha mantenido separados dos expedientes: por un lado, la posible utilización de redes sociales con fines de desestabilización y, por otro, la actuación de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Mercier explicó que la «instrumentalización de las redes de tráfico humano» y las campañas de desinformación constituían fenómenos diferentes y estaban siendo investigados por vías separadas.
La respuesta de Moscú coloca ahora al Gobierno de Sánchez ante la exigencia de concretar qué información sustenta una acusación que ha trascendido el debate interno español para adquirir dimensión diplomática. Mientras Rusia reclama «cifras, fechas y nombres» e Israel rechaza frontalmente las imputaciones, los datos conocidos hasta ahora desde Bruselas acreditan actividad rusa de amplificación desde el comienzo de la crisis, pero no permiten situarla, por sí solos, como su detonante.
