La comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados por la crisis migratoria de Ceuta ha dejado al presidente del Gobierno prácticamente solo en su defensa de la prudencia hacia Marruecos, cuestionado no solo por PP y Vox, sino también por los propios socios parlamentarios del Ejecutivo, que rechazaron su negativa a responsabilizar a Rabat sin pruebas sólidas de su implicación en los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
Un día después del tenso debate parlamentario, fuentes del Gobierno consultadas por laSexta reconocen que Sánchez se encuentra en una “posición de debilidad”, aunque tratan de relativizar su aislamiento recurriendo a un símil: “Es la soledad de un capitán de barco”. Desde Moncloa defienden, pese a las críticas recibidas desde prácticamente todos los flancos del Congreso, que mantener la prudencia es “la única posición responsable” mientras no existan pruebas que permitan atribuir a Marruecos la planificación o ejecución de la entrada masiva.
La posición expresada por el Ejecutivo coincide con la defendida el jueves por el propio Sánchez. El presidente aseguró que, hasta el momento, no existen “pruebas sólidas” que demuestren que las autoridades marroquíes diseñaran o ejecutaran los acontecimientos de Ceuta y sostuvo que tampoco ningún Gobierno u organismo internacional ha proporcionado evidencias concluyentes en ese sentido. Al mismo tiempo, se comprometió a actuar “con total contundencia” si esas pruebas aparecen.
Sánchez llegó además a ordenar la publicación de todos los informes sobre la crisis que legalmente puedan hacerse públicos y se mostró dispuesto a impulsar la desclasificación de documentación del CNI, una decisión con la que pretende despejar las dudas surgidas durante las últimas semanas sobre qué información manejaban los distintos organismos del Estado antes de los cruces masivos.
La prudencia defendida por Sánchez, sin embargo, encontró escasos apoyos durante su comparecencia. Las críticas no procedieron únicamente del PP y Vox. Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, sostuvo que exculpar a Marruecos “no es creíble” y Enrique Santiago llegó a afirmar que España había sufrido un “ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables”. ERC, Junts, EH Bildu y BNG también cuestionaron, con distintos argumentos, las explicaciones ofrecidas por el jefe del Ejecutivo.
El resultado fue una situación poco habitual en el Congreso; mientras Sánchez insistía en que no puede atribuir a un Estado vecino una operación de esta gravedad sin hechos probados, tanto la oposición de derechas como buena parte de los grupos que habitualmente sostienen al Ejecutivo coincidían, aunque desde posiciones diferentes, en señalar a Marruecos.
El enfrentamiento alcanzó su mayor intensidad con Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP aseguró que la entrada masiva “salió de Marruecos”, fue “consentida por Marruecos” y que existen indicios de que Rabat la coordinó y el Gobierno español lo sabía. Feijóo llegó además a plantear que lo ocurrido podría constituir un acto de “guerra híbrida” y reclamó la dimisión de Sánchez por “incompetente o cómplice”.
Frente a esas acusaciones, Sánchez defendió que una crisis diplomática de primer orden con Marruecos no puede abrirse a partir de sospechas. Negó que su posición responda a una política de “apaciguamiento” hacia Rabat y aseguró que mantener relaciones de buena vecindad no significa proteger al país vecino. “Cuando se vayan aclarando las dudas, los indicios que están sobre la mesa, iremos respondiendo de manera contundente”, afirmó.
Desde Moncloa mantienen ahora esa misma línea y trasladan la presión al Partido Popular. Las fuentes gubernamentales reclaman a Feijóo la misma responsabilidad que reivindican para el Ejecutivo y cuestionan hasta dónde estaría dispuesto a llegar el principal partido de la oposición si da por acreditada la responsabilidad de Rabat sin disponer de pruebas concluyentes.
“¿Lo que plantean es declarar la guerra a Marruecos?”, se preguntan desde el Gobierno ante la insistencia del PP en hablar de una posible “guerra híbrida”.
Las mismas fuentes consideran además que la estrategia seguida por Feijóo durante la crisis terminará beneficiando a Vox. En Moncloa sostienen que la formación de Santiago Abascal “se va a comer” políticamente al líder del PP durante lo que queda de legislatura y pronostican que los populares acabarán arrepintiéndose de haber llevado su posición sobre Marruecos hacia ese terreno.
La advertencia de Moncloa llega después de que Vox haya endurecido todavía más su discurso sobre las relaciones con Rabat, mientras el PP ha incorporado a su argumentario términos como “invasión” y “guerra híbrida” para referirse a los acontecimientos de Ceuta. El Gobierno trata así de presentar la escalada de las acusaciones contra Marruecos no solo como una cuestión de política exterior, sino también como una disputa entre PP y Vox por capitalizar políticamente la crisis.
La posición de Sánchez tampoco supone mantener intactas las relaciones con Rabat. El presidente aseguró en el Congreso que, después de lo ocurrido, la cooperación bilateral “tiene que ser diferente” y anunció la revisión de los mecanismos de coordinación y alerta con Marruecos para establecer garantías adicionales. También confirmó que el Gobierno español trasladó formalmente su protesta por las recientes declaraciones de ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
De este modo, Moncloa admite por primera vez abiertamente la debilidad política en la que ha quedado Sánchez después del debate parlamentario, pero reivindica esa soledad como el coste de mantener una posición que considera de Estado: no abrir una confrontación con Marruecos mientras las sospechas y acusaciones que dominan el debate político español no se traduzcan en pruebas concluyentes sobre una intervención de Rabat en la crisis.
