El Gobierno de México tiene previsto poner en marcha este lunes 13 de julio las acciones judiciales anunciadas la semana pasada para exigir responsabilidades por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La ofensiva legal incluirá denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia estadounidense por los casos registrados durante operativos migratorios y en centros de detención, además de procedimientos civiles contra las empresas privadas que administran estas instalaciones.
La decisión fue anunciada el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, tras la muerte de Lorenzo Salgado Araújo, un mexicano de 52 años que residía en Estados Unidos desde hacía 35 años y que murió abatido por agentes del ICE el 7 de julio en Houston (Texas), pese a no ser el objetivo del operativo.
Su muerte, que desencadenó protestas en Houston, elevó a al menos seis el número de personas fallecidas por disparos durante operativos de control migratorio desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca e impulsó una campaña de deportaciones masivas.
“No podemos cerrar los ojos ante la muerte de mexicanos”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. La mandataria explicó que las denuncias penales buscarán exigir responsabilidades contra quienes sean considerados responsables de homicidios o de violaciones de los derechos humanos.
Asimismo, aseguró que su Gobierno brinda asistencia a todos los ciudadanos que la solicitan, “especialmente a los mexicanos cuyo único delito es trabajar honradamente en Estados Unidos”.
Según la Cancillería mexicana, las denuncias por homicidio se presentarán por cada uno de los tres mexicanos fallecidos durante operativos del ICE, mientras que en los otros 14 casos, correspondientes a connacionales que perdieron la vida bajo custodia en centros de detención, se impulsarán investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos, junto con acciones civiles contra las empresas subcontratadas que gestionan dichos centros.
Consultado por Reuters, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostuvo que no se ha registrado un aumento en la tasa de fallecimientos de personas detenidas bajo la Administración Trump. Asimismo, aseguró que “todos los detenidos reciben las garantías del debido proceso, además de alimentación, agua, atención médica adecuada y la posibilidad de comunicarse con sus familiares y abogados”.
El Ejecutivo mexicano justificó este paso tras denunciar que las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora no obtuvieron respuesta. Desde el inicio de estos casos, México remitió once notas diplomáticas de protesta a Washington y solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de optar por trasladar el caso a la vía judicial estadounidense.
