La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español ha confirmado el importante peso de la comunidad marroquí entre la población extranjera residente en el país. Según los primeros datos oficiales publicados tras el cierre del plazo de solicitudes el pasado 30 de junio, más de 157.000 ciudadanos marroquíes han solicitado acogerse al proceso extraordinario de regularización, convirtiéndose en el segundo colectivo con mayor número de expedientes, únicamente por detrás de los colombianos. En total, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 1.174.978 solicitudes, una cifra que convierte esta iniciativa en el mayor proceso de regularización llevado a cabo en España en los últimos años.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó de que 608.000 expedientes, equivalentes al 52 % del total, ya han sido admitidos a trámite. Desde ese momento, los solicitantes obtienen una autorización temporal de residencia y trabajo con validez en todo el territorio español mientras continúa la tramitación de sus expedientes.
Los datos difundidos por el Gobierno muestran que los ciudadanos marroquíes representan el 13,4 % del total de las solicitudes, situándose únicamente por detrás de los colombianos, que concentran el 26 % de los expedientes. A continuación figuran los venezolanos, con el 11,7 %, y los peruanos, con el 8,8 %. La distribución territorial también refleja la concentración de la inmigración en las principales comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, con más de 257.000 solicitudes, seguida de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
El Ejecutivo defiende esta regularización como una herramienta destinada a integrar en el mercado laboral a personas que ya residen en España sin una situación administrativa regularizada, facilitándoles un marco legal para trabajar, cotizar y acceder a derechos sociales. Según el Ministerio, la elevada participación confirma tanto la necesidad de este tipo de iniciativas como la dimensión de la población inmigrante que permanece al margen de los procedimientos ordinarios de residencia.
La regularización reabre el debate político sobre la inmigración
La publicación de estos datos ha coincidido con un nuevo episodio del debate político sobre la inmigración en España. Mientras el Gobierno presenta la regularización como una medida de integración social y laboral, la oposición mantiene posiciones muy diferentes respecto al alcance de este tipo de iniciativas.
En ese contexto, distintos medios españoles han destacado la reacción de Vox ante el proceso de regularización, situando la iniciativa parlamentaria registrada por la formación de Santiago Abascal dentro del debate abierto tras la puesta en marcha de esta medida extraordinaria.
La formación presidida por Santiago Abascal ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal con el objetivo de endurecer el tratamiento jurídico de los extranjeros condenados por la comisión de delitos en España.
La iniciativa plantea reformar el artículo 89 del Código Penal para sustituir, como regla general, el cumplimiento de las penas impuestas a ciudadanos extranjeros por su expulsión del territorio español. La propuesta afectaría tanto a delitos leves como menos graves o graves, siempre que exista una sentencia firme.
El texto contempla excepciones cuando resulte necesario garantizar la defensa del orden jurídico o cuando no existan tratados internacionales que permitan asegurar el cumplimiento efectivo de la condena en el país de origen. En esos casos, el juez podría ordenar el cumplimiento de una parte de la pena en España antes de proceder a la expulsión.
Asimismo, Vox propone que los extranjeros expulsados tengan prohibida su entrada en España durante un período de entre diez y veinte años. La expulsión supondría además el archivo de cualquier procedimiento administrativo relacionado con permisos de residencia o autorizaciones de trabajo, así como la pérdida del acceso a ayudas, prestaciones y subvenciones públicas.
Otra de las principales novedades consiste en incorporar al Código Penal la posibilidad de retirar la nacionalidad española a quienes no sean españoles de origen y la hayan adquirido posteriormente, siempre que hayan sido condenados mediante sentencia firme por cualquier delito previsto en la legislación penal.
La proposición incluye igualmente una disposición para que el Gobierno negocie acuerdos bilaterales y multilaterales con otros Estados y promueva mecanismos dentro de la Unión Europea que permitan que las personas expulsadas cumplan íntegramente las condenas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen, bajo sistemas de seguimiento y verificación.
La inmigración, el expediente preferible para Vox en su discurso político
La proposición registrada en el Congreso se enmarca en una estrategia política que Vox mantiene desde hace años y en la que la inmigración ocupa un lugar central. Más que una iniciativa aislada, la reforma del Código Penal presentada por la formación de Santiago Abascal se suma a un conjunto de propuestas que sitúan el control migratorio y la denominada "prioridad nacional" entre los principales pilares de su discurso político.
Ese planteamiento quedó nuevamente reflejado en su programa para las recientes elecciones andaluzas. En él, buena parte de las propuestas sobre inmigración se articulan en torno a una oposición entre los nacionales y los extranjeros. Conceptos como "Prioridad Nacional" en el acceso a ayudas y servicios públicos, la lucha contra la "inmigración masiva", el "efecto llamada", la "remigración" o las referencias a "culturas incompatibles" forman parte de un discurso que presenta la inmigración como uno de los principales factores asociados a la inseguridad, la presión sobre los servicios públicos y los problemas de integración.
Ese mismo enfoque se extiende a otros ámbitos de su programa político. En materia de sanidad, Vox propone priorizar a los españoles en el acceso a determinadas prestaciones y hacer públicos datos sobre la utilización del sistema sanitario por parte de extranjeros. En vivienda, vincula el incremento de los precios y la escasez de vivienda protegida con el aumento de la inmigración y defiende que el acceso a estos recursos responda al principio de que "los españoles deben ir primero". En el plano demográfico, rechaza que la inmigración pueda compensar el descenso de la natalidad y apuesta por reforzar exclusivamente las políticas dirigidas a fomentar el crecimiento de la población española.
En este contexto, la iniciativa presentada ahora en el Congreso para expulsar a los extranjeros condenados y retirar la nacionalidad a determinados ciudadanos naturalizados encaja con una línea política que Vox viene desarrollando desde hace años y que vuelve a situar la inmigración en el centro del debate público. La coincidencia de esta propuesta con la publicación de los datos de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ha reactivado un asunto que la formación convierte de manera recurrente en uno de los principales frentes de confrontación política con el Ejecutivo y en uno de los ejes de su discurso electoral.
