Marruecos da un paso clave para flexibilizar la ayuda social y proteger a los hogares vulnerables. El Consejo de Gobierno, presidido por Aziz Akhannouch, aprobó el proyecto de decreto 2.26.434, una norma que modifica la aplicación de la ley de asistencia social directa para blindar a las familias durante su transición al mercado laboral formal.
Esta iniciativa complementa al decreto 2.23.1067 del 1 de diciembre de 2023 (relativo a la ley 58.23). En concreto, la nueva norma fija en doce meses —de forma continua o discontinua— el periodo de disfrute de la subvención excepcional regulada por la ley 41.26.
El subsidio está dirigido a los hogares que cobraban la ayuda directa pero perdieron el derecho a ella tras la incorporación del sustentador principal o su cónyuge al sector privado, al obtener un empleo formal y dado de alta en la Seguridad Social.
El cambio tiene un fuerte impacto social y económico, ya que aborda un obstáculo recurrente del sistema: la resistencia de los beneficiarios a incorporarse al mercado regular ante el riesgo de perder el subsidio al instante.
Con la nueva enmienda, dar el salto al empleo formal no supondrá la pérdida inmediata de la ayuda. Las familias recibirán un subsidio excepcional equivalente al importe exacto que venían cobrando, durante un periodo total de hasta 12 meses.
La opción de fraccionar este periodo —de forma continua o discontinua— resulta clave para quienes acceden a trabajos temporales o de temporada. Esta flexibilidad permite adaptar la ayuda a los cambios laborales de la familia en lugar de agotarla de golpe, protegiendo al hogar frente a la inestabilidad de los contratos cortos.
El periodo de transición facilita la adaptación a los nuevos ingresos, evitando que un empleo inicial —que no siempre es estable o permanente— exponga a la familia a una recaída rápida en la vulnerabilidad si el trabajo se interrumpe.
Entre las novedades más destacadas de la reforma figura la eliminación del periodo de espera de 12 meses para reanudar la ayuda si se pierde el empleo. Hasta ahora, este requisito dejaba a muchas familias desprotegidas tras desvincularse del mercado laboral. Con el cambio, la prestación se reactivará de forma inmediata tras actualizar los datos y cumplir los requisitos legales.
Esta orientación busca vincular la protección social con el fomento del empleo, evitando que el beneficiario deba elegir entre un trabajo temporal o de salario modesto y conservar la ayuda. Asimismo, envía un mensaje claro a las familias: la inserción en el mercado formal no implica perder la red de seguridad social, ya que el Estado acompañará la transición garantizando estabilidad.
En el plano social, el decreto reforzará la confianza en el sistema y reducirá la reticencia a declarar el empleo y cotizar a la Seguridad Social, combatiendo así la informalidad laboral. Además, se alinea con la visión de Marruecos de consolidar un Estado social que vincule la ayuda pública a la realidad cambiante de las familias, superando evaluaciones rígidas que ignoran las oscilaciones del mercado de trabajo.
No obstante, la aplicación efectiva de la enmienda queda sujeta a su publicación oficial, trámite que le otorgará validez jurídica. Tras este paso, la clave estará en la rapidez del cruce de datos, la agilización de procedimientos y la articulación entre la Agencia Nacional de Apoyo Social y la Caja Nacional de Seguridad Social.
De este modo, el decreto no se limita a fijar la duración de un subsidio excepcional, sino que sienta las bases de un mecanismo más flexible para proteger a los hogares ante los impactos de la pérdida de ingresos, equilibrando el apoyo a los colectivos vulnerables con el estímulo al empleo formal.
