La crisis migratoria sin precedentes registrada en Ceuta a finales del pasado mes de julio ha reabierto en España un viejo debate: ¿qué peso real sigue teniendo la institución militar en los centros de poder del Estado, casi medio siglo después del fin del régimen del general de Francisco Franco y de la transición del país hacia una monarquía parlamentaria y una democracia constitucional?
Lo ocurrido en Ceuta no se abordó únicamente como una crisis fronteriza y migratoria. Apenas unas horas después de que la Policía Nacional y la Guardia Civil vieran desbordada su capacidad para hacer frente a la llegada de decenas de miles de personas, el Ejército comenzó a desplegarse por las calles de la ciudad con vehículos blindados. luego se incorporó la Armada y el dispositivo fue reforzándose progresivamente hasta culminar, el 7 de agosto, con la llegada de las fragatas Santa María y Navarra a la bahía sur de Ceuta. Ambas se sumaron al buque de acción marítima Rayo y a un buque de apoyo logístico dentro de un operativo que el Ministerio de Defensa calificó de «excepcional» para hacer frente a las consecuencias de la crisis.
Desde el punto de vista jurídico, este despliegue no demuestra que el Ejército gobierne España "desde la sombra". La Ley Orgánica de la Defensa Nacional delimita con claridad las competencias de cada institución: corresponde al Gobierno fijar la política de defensa; al presidente del Gobierno dirigir las situaciones de crisis y decidir el empleo de las Fuerzas Armadas; y al ministro de Defensa ejercer su dirección bajo la autoridad del jefe del Ejecutivo. Por su parte, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa actúa bajo la autoridad del ministro. En otras palabras, el actual marco jurídico español se sustenta, al menos formalmente, en la primacía del poder civil.
Sin embargo, la crisis de Ceuta puso de manifiesto una realidad más compleja. La institución militar sigue desempeñando un papel especialmente relevante cuando una cuestión política o de seguridad pasa a ser considerada un asunto de soberanía e integridad territorial, especialmente si afecta a Marruecos y a Ceuta y Melilla, consideradas por Rabat ciudades ocupadas.
De una crisis migratoria a un despliegue militar
Durante las primeras horas de la crisis, la gestión de la situación recayó en la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Ministerio del Interior reforzó ambos cuerpos con cerca de 350 efectivos adicionales. Sin embargo, a medida que aumentaba el flujo de inmigrantes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que El País calificó de "intervención necesaria del Ejército". Al día siguiente, las unidades militares y los vehículos blindados comenzaron a desplegarse por las calles de Ceuta.
el operativo se extendió al ámbito marítimo. La Marina participó, junto a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, en la instalación de una barrera marítima de unos 500 metros frente a la playa del Tarajal. A continuación fue desplegado el buque de acción marítima Rayo, seguido de un buque de apoyo logístico y, posteriormente, de las fragatas Santa María y Navarra. Según explicó el Ministerio de Defensa, el objetivo del dispositivo era reforzar la vigilancia del espacio marítimo y prestar apoyo a las unidades de la Comandancia General de Ceuta.
Estas decisiones pueden interpretarse como una respuesta lógica a una situación excepcional que acabó desbordando la capacidad de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también abren el debate sobre el mensaje político que proyecta el despliegue de fragatas de guerra para afrontar una crisis de origen civil provocada por la llegada masiva de inmigrantes, especialmente cuando los retornos a Marruecos ya estaban en marcha y la presión sobre la frontera comenzaba a disminuir.
Es precisamente ahí donde aflora la doctrina española respecto a Ceuta y Melilla. En cuanto la cuestión deja de plantearse en términos migratorios y pasa a considerarse un asunto de soberanía, el Ejército se convierte automáticamente en uno de los actores centrales.
Robles y un discurso más firme que el del Gobierno
La percepción del peso que sigue teniendo la institución militar en los centros de poder del Estado se reforzó tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Mientras los ministros de Asuntos Exteriores y del Interior insistían en destacar la cooperación con Marruecos y lo definían como un socio fiable, Robles adoptó un tono más firme al exigir a Rabat que investigara "hasta el final" lo ocurrido y al afirmar que "la unidad territorial y la soberanía de España no se tocan, y Ceuta y Melilla no se tocan".
La ministra aseguró además que el Ejército seguirá siempre al lado de la Guardia Civil "en todas las misiones que sea necesario llevar a cabo" en ambas ciudades y defendió con firmeza la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), en un momento en que arreciaba el debate sobre si los servicios de inteligencia habían advertido con antelación de la crisis.
Ello no significa que la ministra de Defensa excediera constitucionalmente las competencias del Gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista político, su discurso se apartó del tono más moderado que habían mantenido hasta entonces la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que hizo que la posición de Defensa proyectara la imagen de representar la línea más firme del Estado español respecto a Marruecos.
El legado de Franco y el Ejército, un Estado dentro del Estado
Para comprender esta sensibilidad es necesario remontarse a la historia. Durante el régimen del general Francisco Franco, entre 1939 y 1975, el Ejército no era únicamente un instrumento de defensa, sino uno de los pilares sobre los que se sustentaba el sistema político. El propio Franco llegó al poder tras una guerra civil y un golpe militar, y gobernó simultáneamente como general y jefe del Estado, mientras numerosos altos mandos ocupaban puestos de responsabilidad tanto en la Administración como en la vida política. De ahí que uno de los principales desafíos de la Transición democrática, tras su muerte, fuera apartar al Ejército de la política y someterlo al control de la autoridad civil.
La Constitución de 1978 encomendó a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía, la independencia, la unidad territorial y el orden constitucional, pero reservó la decisión política a las instituciones civiles. Sin embargo, aquella transformación distó de ser inmediata.
La intentona golpista del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles encabezado por Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, puso de manifiesto que una parte de la institución militar todavía no había asumido plenamente el nuevo sistema democrático. El propio Congreso de los Diputados define aquel episodio como un intento de derrocar la democracia.
A partir del fracaso del golpe de Estado, considerado uno de los episodios decisivos de la Transición española, se aceleró la profunda reorganización de las Fuerzas Armadas. Con la llegada de los socialistas al poder en 1982, la definición de la política de defensa pasó progresivamente de los ámbitos militares al Gobierno y al Parlamento, proceso que vino acompañado de sucesivos planes de modernización y reorganización que culminaron con la profesionalización del Ejército y la supresión del servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa considera, de hecho, el intento de golpe del 23 de febrero de 1981, conocido en España como 23-F, un "punto de inflexión" en el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas españolas.
Marruecos en el centro del pensamiento militar español
La retirada del Ejército de la vida política no borró su memoria estratégica respecto a Marruecos. Una de las muestras más recientes de esa realidad es un estudio publicado en julio de 2025 por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), elaborado por un oficial del Ejército español.
De las 16 amenazas contempladas en la Estrategia de Seguridad Nacional, el estudio selecciona la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla como el escenario más adecuado para analizar la capacidad de disuasión de España. Sus conclusiones sostienen que mantener una superioridad militar relativa frente a Marruecos constituye un elemento esencial de esa estrategia de disuasión. Asimismo, considera que la crisis de la isla de Perejil, en 2002, demostró la capacidad de España para recurrir con rapidez al uso de la fuerza en defensa de sus reivindicaciones de soberanía.
Ello no significa que el Ejército español considere oficialmente a Marruecos su principal enemigo. Ningún documento estratégico reciente del Gobierno emplea esa caracterización. Sin embargo, el estudio pone de relieve que Marruecos, junto con Ceuta y Melilla, ocupa un lugar central tanto en el pensamiento militar como en la reflexión académica que se desarrolla en el seno de las instituciones españolas de defensa.
La memoria del Rif, Sidi Ifni y el Sáhara
Algunos analistas sostienen que la presencia de Marruecos en el imaginario estratégico del Ejército español hunde sus raíces en una larga trayectoria histórica y forma parte de una memoria militar forjada en las campañas libradas en el norte de Marruecos.
La derrota de Annual, en 1921, donde el Ejército español sufrió uno de los mayores descalabros de su historia frente a las fuerzas de Abd el-Krim El Jatabi, sigue siendo una de las mayores conmociones militares de la España contemporánea. De aquella experiencia nació el denominado Ejército de África, del que surgirían numerosos oficiales que, años más tarde, encabezaron la sublevación militar de 1936, entre ellos el propio Francisco Franco.
La guerra de Sidi Ifni, librada entre 1957 y 1958, volvió a situar a Marruecos en el centro de las preocupaciones militares españolas. El conflicto puso de manifiesto la capacidad del Ejército de Liberación Marroquí para obtener importantes avances tácticos y estratégicos pese a la superioridad militar española y al respaldo directo de Francia.
Durante la campaña, las fuerzas españolas se vieron obligadas a abandonar varios de sus puestos en el territorio de Ifni y a replegarse hacia el perímetro de la ciudad de Sidi Ifni, mientras amplias zonas perdidas durante los combates permanecieron fuera de su control sin que lograran recuperarlas posteriormente.
Aunque la intervención militar conjunta de Francia y España permitió a Madrid consolidar sus posiciones en la fase final del conflicto y conservar la ciudad de Sidi Ifni, el balance estratégico acabó favoreciendo a Marruecos. El Reino recuperó Tarfaya en 1958 y, once años después, España puso fin a su presencia en Sidi Ifni con la devolución del territorio a Marruecos en 1969.
La guerra de Ifni marcó así el inicio del retroceso definitivo de la presencia colonial española en el sur de Marruecos. El proceso culminó con la pérdida de la mayor parte de los territorios que Madrid controlaba en la región y con su retirada definitiva de Sidi Ifni.
La retirada española del Sáhara, en 1975, constituyó otro episodio que dejó una profunda huella en la memoria militar del país. El Ejército español no llegó a disparar un solo tiro contra Marruecos y abandonó el territorio tras la Marcha Verde y la firma de los Acuerdos de Madrid, en un momento en que el régimen de Franco se encontraba en pleno proceso de descomposición y el dictador agonizaba. Todo ello, pese a que sectores de las Fuerzas Armadas defendían la necesidad de mantener la presencia militar en el territorio, un episodio que algunos consideran una de las páginas más amargas en la memoria del Ejército español.
La crisis de la isla de Perejil, en 2002, volvió a situar frente a frente a España y Marruecos. Las Fuerzas Armadas españolas pusieron en marcha la operación Romeo Sierra, en la que participaron fuerzas especiales, helicópteros y buques de guerra, y recuperaron el islote sin que llegara a producirse un intercambio de disparos.
La Armada española documenta la participación de importantes medios militares en aquella operación, entre ellos la fragata Numancia, el buque de desembarco Castilla, aeronaves, helicópteros y unidades de operaciones especiales, en un despliegue que superó ampliamente la entidad de la fuerza marroquí presente en la isla de Perejil.
Desde el primer momento, la operación estuvo acompañada de un claro mensaje de disuasión dirigido a Marruecos. Años después, el expresidente del Gobierno José María Aznar reveló que el mensaje que pretendía trasladar a Rabat era claro: "Que esto no vuelva a repetirse", dejando entrever que el objetivo no consistía únicamente en recuperar el islote, sino también en reafirmar la capacidad de España para responder militarmente cuando considerara afectados asuntos vinculados a su soberanía.
El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, defendió la intervención como "un acto de legítima defensa" y posteriormente volvió a elogiar tanto la operación como a los militares que participaron en ella. Por su parte, la cúpula militar española extrajo de la crisis diversas lecciones relacionadas con la coordinación entre los tres ejércitos, las comunicaciones y las capacidades de reconocimiento e inteligencia.
La crisis de Perejil terminó convirtiéndose así en una demostración de la capacidad de reacción del Ejército español frente a Marruecos, en un escenario geográfico sobre el que sigue proyectándose un legado histórico que, en la memoria militar española, se extiende desde Annual y las campañas del Rif hasta Sidi Ifni y el Sáhara.
Cuando se trata de Marruecos, el uniforme vuelve al centro de la decisión
A la luz de todo ello, la crisis de Ceuta puso de manifiesto que, cuando entran en juego Marruecos, Ceuta y Melilla, la institución militar española pasa rápidamente a ocupar un lugar central en la toma de decisiones, y no se limita a desempeñar un papel meramente ejecutivo. En el seno de las Fuerzas Armadas pervive, además, una memoria histórica y estratégica que sigue contemplando la orilla sur del Estrecho como un espacio permanente de disuasión, vigilancia y preparación.
Ahí reside, precisamente, el verdadero significado de lo ocurrido. La España democrática logró apartar al Ejército del ejercicio directo del poder, pero no ha desterrado por completo la influencia de la cultura estratégica militar en la manera en que el Estado aborda su relación con Marruecos. En las crisis ordinarias, el protagonismo corresponde a los responsables políticos y a los cuerpos de seguridad; sin embargo, cuando la cuestión afecta a Ceuta y Melilla, el uniforme militar vuelve rápidamente a ocupar la primera línea.
