El anuncio realizado por Marruecos el pasado lunes 8 de julio sobre el desmantelamiento de una célula terrorista vinculada al autoproclamado Estado Islámico (Daesh) en el Sahel no fue una operación de seguridad más dentro de la cadena de actuaciones preventivas llevadas a cabo por el Reino. Supuso, sobre todo, la constatación de un cambio cualitativo en la naturaleza de la amenaza que afrontan Marruecos y su entorno regional.
Los primeros datos de la investigación apuntan a una red con múltiples ramificaciones cuyos planes habían alcanzado una fase avanzada de ejecución. La célula recibía instrucciones directas de dirigentes de Daesh en el Sahel antes de distribuir entre sus integrantes las distintas funciones relacionadas con la selección y vigilancia de objetivos, así como con el acopio del material necesario para ejecutar los ataques.
El dispositivo coordinado desplegado simultáneamente por las fuerzas especiales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) en Agadir, Tarudant, Casablanca, El Hajeb, Tetuán, Fquih Ben Salah y Safí culminó con la detención de diez sospechosos, entre ellos un menor de edad y un individuo que ya había sido condenado en aplicación de la legislación antiterrorista.
Las pesquisas revelaron que los integrantes de la célula habían prestado juramento de fidelidad a Daesh y recibido instrucciones de permanecer en Marruecos para ejecutar acciones terroristas, en lugar de desplazarse a los enclaves bajo influencia de la organización en el exterior.
El material intervenido confirma que la amenaza iba mucho más allá de la mera radicalización en internet o de la difusión de propaganda extremista. Durante los registros fueron incautadas armas blancas, prendas de estilo militar, documentación con instrucciones detalladas para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, además de dispositivos digitales que contenían grabaciones del juramento de lealtad al grupo terrorista y amenazas de atentados dirigidas contra objetivos dentro del Reino.
En un almacén situado en la ciudad de Inzegane, las autoridades localizaron un vehículo todoterreno cuyo depósito de combustible había sido modificado para utilizar gas butano. Junto al vehículo hallaron bombonas de gas, ollas a presión, algunas rellenas de clavos y otras conectadas a cables eléctricos, además de sustancias químicas y equipos de soldadura y corte. Las pesquisas apuntan a que el vehículo había sido preparado para cometer un atentado suicida o un ataque por embestida contra objetivos sensibles.
Todos estos indicios permiten concluir que no se trataba de una célula aislada ni de un grupo de simpatizantes radicalizados, sino de una estructura clandestina con implantación territorial y organización interna. La selección previa de objetivos, la asignación diferenciada de cometidos, desde las labores de vigilancia hasta el aprovisionamiento logístico, y la subordinación de toda la operación a directrices procedentes del Sahel reflejan una evolución en la estrategia de Daesh que ha pasado de limitarse a inspirar acciones mediante su propaganda a proyectar su capacidad de mando y control más allá de sus áreas tradicionales de influencia.
La desarticulación de esta célula se produce en un momento en que el Sahel se ha consolidado como uno de los principales epicentros del yihadismo mundial. En Malí, Níger y Burkina Faso, las franquicias del Estado Islámico y de Al Qaeda han encontrado un terreno fértil para su expansión, favorecidas por la fragilidad de las instituciones estatales, la inmensidad de unas fronteras prácticamente incontrolables, los conflictos étnicos, la pobreza estructural, el desempleo y el progresivo deterioro de los servicios públicos.
En este contexto, diversos estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyen que la pobreza, por sí sola, no explica los procesos de radicalización y reclutamiento. Es la combinación de exclusión social, pérdida de confianza en las instituciones, abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y ausencia de perspectivas económicas la que configura el caldo de cultivo que las organizaciones extremistas explotan para ampliar sus filas.
Este cinturón de inestabilidad se extiende desde el norte de Malí hasta la cuenca del lago Chad y el noreste de Nigeria, donde Boko Haram y las facciones surgidas de su escisión continúan aprovechando las zonas donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente para consolidar sus áreas de influencia.
A esta dinámica se suma el colapso del Estado libio tras la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. El desmantelamiento de las estructuras estatales permitió el saqueo de importantes arsenales militares y favoreció la proliferación de armas, municiones y redes de contrabando a través del desierto, alimentando durante años a grupos armados y traficantes de países la región.
En este vasto espacio sahelosahariano confluyen movimientos separatistas, organizaciones yihadistas y redes dedicadas al tráfico de armas, drogas y así también a la trata de seres humanos. Aunque cada uno de estos actores persigue objetivos diferentes, la realidad sobre el terreno demuestra que sus actividades terminan entrecruzándose y generando dinámicas de cooperación táctica o de aprovechamiento mutuo.
Los recientes ataques registrados en Malí han puesto de manifiesto esa compleja interacción. Las ofensivas evidenciaron que grupos separatistas encabezados por facciones tuareg y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la principal organización afiliada a Al Qaeda en el Sahel, pueden operar en áreas próximas o llevar a cabo operaciones simultáneas contra el Ejército maliense. Esta convergencia dificulta cada vez más establecer una línea divisoria clara entre las insurgencias de carácter local y el terrorismo yihadista transnacional.
Argelia, bajo las acusaciones de Bamako
En este contexto y pese al anuncio realizado este viernes sobre la reanudación del proceso de normalización entre Malí y Argelia. Esta última ha sido objeto de acusaciones formuladas por las autoridades malienses. En septiembre de 2025, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro de Malí, Abdoulaye Maïga, acusó públicamente a Argelia de respaldar lo que calificó como “terrorismo internacional” y la instó a cesar cualquier apoyo a grupos armados que operan en la región.
La tensión se agravó aún más cuando Bamako presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el derribo, por parte de la defensa aérea argelina, de un dron de reconocimiento perteneciente al Ejército maliense en las proximidades de la frontera común. El Gobierno de transición sostuvo que la aeronave participaba en una operación contra grupos armados y que su destrucción frustró el desarrollo de la misión.
Argelia rechazó estas acusaciones y aseguró que el aparato había vulnerado su espacio aéreo soberano. Sin embargo, el incidente terminó desembocando una de las crisis diplomáticas más graves entre ambos países, una confrontación que refleja una pugna estratégica mucho más profunda que el episodio aéreo que la desencadenó.
A estas preocupaciones se suma la presencia del Frente Polisario en los campamentos de Tinduf en el sur de Argelia, situados en un entorno desértico caracterizado por la porosidad de sus fronteras y la intensa actividad de las redes de contrabando y de los grupos extremistas. Diversos antecedentes han puesto de manifiesto el tránsito de algunos individuos saharauis procedentes del entorno del separatismo armado hacia organizaciones yihadistas que operan en el Sahel.
El caso paradigmático continúa siendo el de Adnan Abu Walid al Sahrawi, probablemente el ejemplo mejor documentado de esa trayectoria. Tras militar en su juventud en las filas del Frente Polisario, pasó a integrarse en el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), donde llegó a convertirse en uno de sus dirigentes y posteriormente fundador de la rama de Daesh en el Gran Sáhara (EIGS). Su trayectoria yihadista terminó en 2021, cuando fue abatido durante una operación militar francesa.
Más allá de estos antecedentes, Carlos Uriarte Sánchez, especialista en asuntos europeos e internacionales, confirma que sin duda alguna la existencia del Frente Polisario es un elemento de desestabilización en el norte de África, al tratarse de“una organización anacrónica consecuencia de los procesos de descolonización en África y de la Guerra fría. Su vinculación con Argelia, estrecha aliada de Rusia, y su carácter eminentemente revolucionario le ha hecho converger” con otros grupos armados que han recurridoal terrorismo para la consecución de sus objetivos políticos.
En una declaración concedida al diario Assahifa en Español, Uriarte considera asimismo que la prolongación del statu quo en los campamentos de Tinduf en Argelia agrava este escenario de riesgo. A su juicio, el creciente respaldo internacional al plan marroquí de autonomía para el Sáhara, unido al desarrollo progresivo de las provincias del sur del Reino, debería propiciar una revisión de la situación en los campamentos.
Sin embargo, el especialista pone en evidencia que Argelia no contribuye a ofrecer una salida realista a esta población ni a garantizar unas condiciones de vida dignas. Esta combinación de precariedad, ausencia de perspectivas, según el especialista, incrementa el riesgo de que determinados sectores se conviertan en objetivo de la captación yihadista, tanto por motivos ideológicos como por necesidades de carácter económico y social.
Del legado francés en el Sahel al papel de Marruecos como primera línea de contención del terrorismo
La situación actual tampoco puede entenderse al margen del legado que ha dejado la prolongada presencia francesa en el Sahel. Tras décadas de influencia política, económica y militar, los Estados de la región continuaron dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas, con instituciones debilitadas y escasa capacidad para ejercer un control efectivo sobre amplias zonas de su territorio.
Del mismo modo, las sucesivas operaciones militares francesas, pese a haber neutralizado a destacados dirigentes yihadistas, no lograron atajar las causas estructurales de la insurgencia ni consolidar instituciones estatales capaces de garantizar la estabilidad una vez concluida la intervención. El vacío de seguridad dejado tras la retirada francesa fue ocupado rápidamente por organizaciones extremistas y por nuevos actores militares extranjeros que compiten hoy por ampliar su influencia en la región.
Sobre este punto, Uriarte acentúa que la salida de Francia del Sahel ha provocado un vacío “que ha sabido ocupar el Africa Corps ruso, es decir, efectivos del ejército regular ruso, que sustituyeron en gran medida a las antiguas fuerzas del Grupo Wagner”. El especialista subraya que todo ello ha generado un fuerte sentimiento antifrancés en la región saheliana, provocando una posición de debilidad del papel de la Unión Europea en la región. Según el propio Uriarte, “esta situación está intentando ser solventada especialmente por España junto con algún otro Estado miembro de la UE. En este sentido, Marruecos se ha convertido en un socio fundamental”.
Frente a este escenario, Marruecos se ha consolidado como uno de los principales diques de contención entre el Sahel y Europa gracias a una estrategia basada en la anticipación operativa y en un intenso intercambio de inteligencia con España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia y otros países europeos.
Un ejemplo reciente se produjo en marzo de 2026, cuando Rabat y Madrid desarticularon una célula yihadista que operaba entre Tánger y Mallorca. Según la investigación, su cabecilla preparaba un atentado en territorio español, mientras que otros dos integrantes canalizaban apoyo logístico y financiación hacia combatientes asentados en el Sahel y Somalia. Con anterioridad, la información facilitada por los servicios de inteligencia marroquíes ya había contribuido a frustrar diversos planes terroristas y a la detención de sospechosos en varios países europeos.
Para Uriarte, es muy importante seguir profundizando en esta línea de colaboración frente a amenazas comunes de seguridad y donde la cooperación internacional es clave para la lucha antiterrorista donde un único país por sí solo no puede afrontarlo con la suficiente solvencia, garantías y seguridad.
Por su parte, las propias instituciones de la Unión Europea han reconocido el valor estratégico de esta cooperación. A comienzos de 2026, el Consejo de la Unión Europea destacó el compromiso de Marruecos en la lucha contra el terrorismo y su contribución a los programas europeos e internacionales de prevención de la radicalización violenta.
Sin embargo, la creciente amenaza obliga a pasar de una cooperación puntual en materia de seguridad a una política de mayor alcance, orientada a respaldar la estabilidad del Sahel, fortalecer sus instituciones, generar oportunidades de desarrollo y cercar las redes de tráfico de armas y financiación.
En este contexto, España parece haber asumido, aunque de forma tardía, que la estabilidad de Marruecos y la resolución de los conflictos artificialmente alimentados en su entorno inmediato constituyen una cuestión directamente vinculada a su propia seguridad nacional.
Según diversos observadores en la zona del Sahel, Europa debería adoptar esa misma perspectiva y dejar de considerar los movimientos separatistas armados como meros instrumentos de presión política, ya que la proliferación y perpetuación de focos de inestabilidad en el Sáhara y el Sahel está comenzando a repercutir de forma directa sobre la seguridad del propio continente.
Esta lectura es compartida por Carlos Uriarte Sánchez, quien advierte de que “la persistencia de conflictos en el Sáhara y el Sahel, la proliferación de actores armados y la utilización de movimientos separatistas como instrumentos de presión geopolítica terminan generando un entorno favorable para la expansión de las organizaciones yihadistas”.
Ante esta realidad, el experto considera que la respuesta europea no puede seguir limitándose al plano operativo una vez que la amenaza alcanza el territorio comunitario o sus fronteras. A su juicio, la cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo debe adquirir un carácter esencialmente preventivo y extenderse a la estabilización del Sahel. “Marruecos constituye uno de los principales pilares de la seguridad en la frontera sur de Europa” y, por ello, “deberíamos considerar a Marruecos como un socio estratégico también en el Sahel”, sostiene.
Uriarte fundamenta esa propuesta en la experiencia acumulada por el Reino en la lucha contra el terrorismo. “Marruecos ha demostrado que tanto sus servicios de inteligencia como de lucha contra el terrorismo son de gran efectividad”, afirma, antes de subrayar que Rabat puede desempeñar un papel determinante en el esfuerzo estabilizador que la Unión Europea desarrolla en la región saheliana.
Lo revelado por la reciente célula desarticulada en Marruecos confirma que la distancia entre los enclaves de Daesh en el Sahel y las ciudades europeas ya no se mide únicamente en términos geográficos, sino por la capacidad de la organización para reclutar, dirigir y financiar a distancia.
