El Gobierno español vuelve a rechazar el relato político que responsabiliza a Marruecos de la reciente crisis migratoria de Ceuta. Apenas un día después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmara ante el Congreso que «no hay ninguna evidencia» de que Rabat hubiera impulsado o facilitado la entrada masiva del pasado 30 de julio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido públicamente la actuación de las autoridades marroquíes y ha destacado que la cooperación bilateral fue «sostenida y eficaz».
Marlaska realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la actuación de su departamento ante la crisis migratoria que afectó a Ceuta desde finales de julio. El titular de Interior dedicó parte de su primera intervención a reivindicar la coordinación mantenida con Marruecos, en un momento en el que el Partido Popular y Vox continúan señalando directamente a Rabat como responsable de lo sucedido.
«Hay que destacar la colaboración con Marruecos, que ha sido sostenida y eficaz a lo largo de los años», afirmó Marlaska, antes de precisar que durante los días 30 y 31 de julio «en todo momento existió una estrecha colaboración con las autoridades marroquíes para facilitar el retorno» de las personas que habían conseguido acceder a Ceuta.
El ministro insistió posteriormente en la importancia de esa relación y volvió a reivindicar la cooperación entre ambos países tanto en materia migratoria como de seguridad. Según recordó, Marruecos ha interceptado «miles de salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas», una actuación que el Ejecutivo considera una pieza esencial del dispositivo desplegado para contener las rutas migratorias hacia España.
En su turno de réplica, Marlaska aportó cifras concretas para defender esa labor de contención. Según explicó, antes de la crisis del 30 de julio las autoridades marroquíes habían impedido 1.026 entradas a nado en Ceuta y realizado 2.857 interceptaciones. El ministro utilizó estos datos para rechazar que de la información disponible pudiera deducirse que Marruecos estaba preparando o permitiendo deliberadamente una entrada de las dimensiones finalmente registradas.
La comparecencia de Marlaska refuerza así la línea que el Gobierno de Pedro Sánchez viene manteniendo frente a las acusaciones dirigidas contra Rabat desde distintos sectores de la oposición española. Un día antes, Bolaños había sido especialmente explícito al afirmar que «no hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva» y había reclamado a los grupos parlamentarios que dejaran de lanzar «insinuaciones y ataques» contra el Reino sin aportar pruebas.
El ministro de la Presidencia llegó a reprochar al PP y a ERC el recurso a «bulos», «insidias» y «sospechas» sobre Marruecos y reclamó que no se «falte al respeto» a un país con el que España, según subrayó, necesita «cooperar y tener buenas relaciones de vecindad».
Marlaska ha mantenido ahora esa misma línea en el Congreso, aunque definió lo sucedido en Ceuta como «un ataque a la integridad territorial de España que no puede compararse con los flujos migratorios». El titular de Interior sostuvo además que su departamento comenzó a reforzar la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que afectaba a las devoluciones.
Durante su primera intervención, sin embargo, el ministro evitó entrar en una de las principales controversias abiertas dentro del propio Ejecutivo, la existencia o no de un aviso previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre lo que podía ocurrir en Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido que sí hubo información previa, mientras que Interior y otros miembros del Gobierno han negado que existiera una alerta concreta que anticipara una entrada de esas dimensiones.
Fue durante la réplica cuando Marlaska abordó directamente esta cuestión y rechazó responsabilizar a cualquiera de los organismos de inteligencia e información del Estado. «Los servicios de información del Estado siempre funcionan, yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información, sean CNI, CIFAS, Policía Nacional o Guardia Civil», sostuvo ante la insistencia de los grupos parlamentarios sobre los avisos recibidos antes del 30 de julio.
Su defensa alcanzó también a los mecanismos de información europeos y estuvo acompañada de una afirmación más contundente sobre la capacidad de anticipación de la crisis: según Marlaska, nadie había previsto que pudiera producirse una entrada de semejante magnitud. El ministro reconoció que existían señales de preocupación y avisos sobre movimientos migratorios, pero sostuvo que eran similares a los registrados en ejercicios anteriores. «Claro que había preocupación, pero como había el año pasado», afirmó.
Marlaska admitió que su departamento puede haber cometido errores, «admito todos los errores que pueda tener, no vengo a justificarme, expongo los hechos», pero rechazó que existiera una advertencia concreta que permitiera anticipar lo ocurrido el 30 de julio. «Que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, no es cierto», afirmó, señalando que los avisos recibidos eran similares a los trasladados en años anteriores sobre intentos de entrada a nado en Ceuta.
Según su explicación, los informes anteriores al 30 de julio hablaban de inmigración irregular, de las diferencias económicas como factor que favorece los movimientos migratorios, de la actividad de las redes y de las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía determinadas devoluciones por mar. Esas informaciones llevaron a Interior a adoptar medidas preventivas, pero, según el ministro, no dibujaban un escenario equiparable al que finalmente se produjo.
Marlaska situó así el origen de la crisis en una combinación de «causas plurales», entre las que mencionó los «bulos en las redes», la «utilización indebida de la interpretación» de la sentencia del Tribunal Supremo y las «desinformaciones sobre el estado y seguridad de la frontera». El ministro recordó asimismo que existe una investigación abierta para esclarecer las circunstancias que desembocaron en la movilización.
En este punto, el titular de Interior volvió a introducir a Marruecos como uno de los elementos que, a su juicio, impedían prever una crisis de esas características. Los informes, señaló, también destacaban «la labor fundamental de contención de Marruecos», por lo que las informaciones disponibles antes del 30 de julio no apuntaban a un cambio de comportamiento de Rabat que permitiera anticipar una entrada masiva.
Marlaska defendió además que, de haber contado el Gobierno con datos concretos que anticiparan una movilización de semejante dimensión, el dispositivo de seguridad habría sido reforzado de otra manera. Para sostener su argumento aludió al precedente de la crisis de Ceuta de 2021 y cuestionó que el Ejecutivo hubiera permanecido inactivo si realmente hubiera dispuesto de una alerta precisa sobre lo que iba a suceder.
El respaldo de Marlaska a la cooperación marroquí volvió a provocar las críticas de la oposición. Javier Celaya, diputado ceutí del Partido Popular, planteó que Marruecos podría haber aprovechado la crisis migratoria para «ponernos contra las cuerdas» y «medir nuestra capacidad de resistencia», mientras acusó al Ejecutivo de haber confiado en Rabat.
Vox fue todavía más lejos. Su diputado Ignacio Gil Lázaro calificó lo sucedido de «invasión» y «acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos», y acusó al Gobierno de presentar al Reino como un «socio fiable» pese a las sospechas que el partido mantiene sobre la actuación marroquí. El parlamentario volvió además a introducir en el debate el caso Pegasus y el cambio de posición española sobre el Sáhara.
Las acusaciones reproducen prácticamente el mismo choque político que se produjo durante la comparecencia de Bolaños. Entonces, representantes del PP, Vox, ERC y Junts habían recurrido a diferentes argumentos para situar a Marruecos en el centro de las sospechas sobre el origen de la crisis, mientras el ministro de la Presidencia insistió en que el Gobierno no dispone de pruebas que permitan atribuir a Rabat la organización o el impulso de la entrada masiva.
La intervención de Marlaska añade ahora un elemento a esa posición gubernamental: además de negar pruebas contra Marruecos y reivindicar la actuación de Rabat en la contención migratoria, Interior sostiene que la dimensión de lo sucedido el 30 de julio no fue anticipada por ninguno de los servicios implicados y rechaza convertir esa falta de previsión en una responsabilidad específica del CNI, del CIFAS o de los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
