A Pedro Sánchez se le acumulan los frentes y al Gobierno empiezan a faltarle semanas tranquilas en el calendario. De los incendios del verano a los casos de corrupción que han sacudido el entorno político del Ejecutivo; de la crisis de Ceuta, convertida en uno de los principales campos de batalla con la oposición, al problema de la vivienda, que esta semana encontró en el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, un rostro capaz de devolver miles de personas a las calles. La Moncloa encadena episodios que poco tienen que ver entre sí, pero que terminan confluyendo en un mismo lugar: la gestión del Gobierno.
Madrid condensó este sábado esa sucesión de crisis en apenas unas horas. Por la mañana, unas 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, marcharon por la capital para reclamar elecciones anticipadas, exigir la dimisión de Sánchez y cargar contra la gestión de la crisis de Ceuta. Por la tarde, el escenario cambió de protagonistas, consignas y reivindicaciones, pero no de ciudad: miles de personas salieron desde la Puerta del Sol contra los desahucios y la crisis de la vivienda al grito de "Ni una Maricarmen más".
Mientras una parte de la calle reprochaba al Ejecutivo su gestión de Ceuta y reclamaba un adelanto electoral, otra le exigía respuestas ante una crisis de vivienda que amenaza con convertirse en otro foco de desgaste. Entre ambas quedaba La Moncloa, obligada una vez más a repartir su atención entre varios incendios políticos cuando todavía no ha terminado de apagar los anteriores.
La primera imagen llegó por la mañana. La denominada II Marcha por la Dignidad de España partió de Cibeles alrededor de las diez y recorrió el centro de Madrid hasta las inmediaciones de Moncloa. La convocatoria, promovida por Sociedad Civil Española y respaldada por representantes del PP y Vox, reunió a unas 20.000 personas, de acuerdo con la cifra ofrecida por la Delegación del Gobierno. Entre sus reivindicaciones figuraban la convocatoria de elecciones generales y las críticas a la actuación del Ejecutivo ante la crisis abierta en Ceuta tras las entradas masivas de finales de julio.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudió a la movilización y reclamó la devolución a Marruecos de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio. También participó Santiago Abascal. El dirigente de Vox volvió a responsabilizar directamente al Gobierno de la situación de la ciudad, mientras que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, defendió el retorno de quienes no tengan reconocido el derecho a protección internacional.
Ceuta regresaba así al centro de una batalla política que lleva casi dos meses creciendo mucho más allá de la frontera. Lo que comenzó como una emergencia migratoria ha ido incorporando debates sobre seguridad, soberanía, política exterior y gestión de fronteras hasta convertirse en munición habitual del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.
Cuando las consignas de la mañana ya habían desaparecido de las inmediaciones de Moncloa, la Puerta del Sol comenzó a llenarse de nuevo. Esta vez no había reivindicaciones sobre Ceuta ni peticiones de elecciones anticipadas. El detonante tenía nombre propio: Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de la vivienda madrileña en la que había residido durante más de siete décadas.
Miles de manifestantes comenzaron a caminar pasadas las 18.30 horas en dirección al Congreso de los Diputados convocados por el Sindicato de Inquilinas. "Ni una Maricarmen más" se convirtió en la consigna que resumía una protesta que iba mucho más allá de un único desahucio. Los convocantes reclaman, entre otras medidas, mecanismos para prolongar los contratos de alquiler y mayores garantías frente a los desahucios sin alternativa habitacional.
Maricarmen ni siquiera pudo encabezar la marcha que llevaba su nombre. Hospitalizada después del desalojo, había animado a participar mediante un vídeo. Su caso, que provocó movilizaciones desde el mismo día del desahucio, ha terminado acelerando una discusión política que el Ejecutivo arrastraba desde antes del verano.
Y ahí aparece otro de los problemas que cercan la agenda de La Moncloa. El Gobierno intenta recuperar ahora un decreto de vivienda cuyo borrador ya circuló en julio sin conseguir entonces los apoyos parlamentarios necesarios para llevarlo adelante. El Ejecutivo pretende llevar el nuevo texto al Consejo de Ministros y negocia medidas sobre alquileres, protección de inquilinos y regulación del mercado. Entre las posibilidades estudiadas figura un mecanismo para limitar determinadas revisiones de las rentas vinculadas al IPC.
El caso Maricarmen ha imprimido urgencia a esas negociaciones. Lo que hasta hace unos días permanecía fundamentalmente en las mesas de negociación parlamentaria ha saltado de nuevo a la calle, precisamente en un momento en que el Gobierno necesita mantener unidos apoyos muy diferentes para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.
Un frente sucede a otro
La vivienda, sin embargo, no llega a una Moncloa despejada. El verano había dejado ya otra secuencia difícil para el Ejecutivo. Los incendios forestales volvieron a abrir un duro enfrentamiento político entre administraciones y partidos sobre prevención, medios y responsabilidades, mientras Sánchez defendía la cooperación institucional y vinculaba la creciente gravedad de los fuegos al cambio climático.
Tampoco ha desaparecido el ruido judicial y político relacionado con distintos procedimientos que afectan al PSOE o al entorno del presidente. Los casos vinculados al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán habían obligado ya a Sánchez a presentar un plan estatal contra la corrupción.
A ello se suma la causa contra Begoña Gómez: esta misma semana, el juez Juan Carlos Peinado decidió la apertura de juicio oral con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, una resolución que se produce después de una instrucción marcada también por recursos y correcciones de la Audiencia Provincial. La defensa de Gómez y la Fiscalía han cuestionado diferentes aspectos de la causa.
Esa acumulación empieza a marcar el paisaje de este comienzo de curso. Sánchez ha insistido en mantener la legislatura y ha descartado un adelanto electoral. La oposición, por el contrario, intenta convertir cada nuevo frente en un argumento para cuestionar la continuidad del Ejecutivo. Entre ambos se encuentra una mayoría parlamentaria compleja de la que depende buena parte de la agenda legislativa del Gobierno y que obliga a negociar prácticamente cada iniciativa.
