La entrada de la compañía estatal marroquí Marsa Maroc en el accionariado de Boluda Maritime Terminals trasciende el plano meramente financiero e inversor. Más de diez meses después de su anuncio, la operación se ha situado bajo el minucioso escrutinio de los organismos de seguridad e inteligencia españoles, encargados de evaluar los posibles riesgos para los intereses estratégicos del Estado.
El acuerdo, valorado en 80 millones de euros, prevé la adquisición del 45% de la división de terminales portuarias del grupo español por parte de Marsa Maroc International Logistics. La operación abarca una red de nueve terminales estratégicas en la península e Islas Canarias —cuyo volumen de tráfico superó el millón de contenedores (TEU) en 2024—, mientras que el grupo español mantendrá el 55% restante y la dirección operativa de la actividad.
Sin embargo, el expediente continúa paralizado a la espera del visto bueno del Gobierno español. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron recientemente que la transacción sigue sometida a la normativa de control de inversiones extranjeras. El dossier está siendo analizado por el Junta de Inversiones Extranjeras, con la participación activa de organismos vinculados a la defensa y la seguridad nacional, entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Dirección de Seguridad Nacional (DSN). Si bien la decisión final corresponde al Consejo de Ministros, estos requerimientos de información adicional reflejan la extrema cautela con la que el Ejecutivo aborda el expediente.
En el fondo subyace una objeción de carácter político y estratégico impulsada por los estamentos soberanos del Estado —el denominado "Estado profundo"— ante el desembarco de una firma vinculada a Rabat en infraestructuras clave para el suministro y la logística nacional. La preocupación es especialmente acusada en el archipiélago canario, donde la compañía gestiona terminales en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Autoridades locales, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, han reiterado sus dudas sobre el impacto de la operación en el equilibrio económico regional y la creciente competencia que representa el desarrollo del puerto atlántico de Dajla.
Frente a estas reservas, la directiva de Boluda defiende con firmeza la idoneidad del acuerdo. Desde la compañía se tachan de "alarmistas" las reticencias vertidas y se insiste en que la participación marroquí será estrictamente minoritaria, sin capacidad de decisión estratégica ni de gestión en las terminales canarias. Asimismo, encuadran la alianza en una estrategia de reciprocidad comercial para consolidar y ampliar la presencia del grupo en los puertos del país vecino, donde opera desde 2005.
No obstante, la transacción no está exenta de paradojas políticas. Una investigación de Assahifa reveló que el grupo empresarial valenciano había respaldado iniciativas de sensibilización sobre la soberanía española en Ceuta en el ámbito deportivo, al mismo tiempo que negociaba la venta del 45% de su filial al operador público marroquí.
Por su parte, Rabat mantiene un firme respaldo institucional al proyecto. El Ejecutivo marroquí autorizó formalmente mediante decreto la participación de Marsa Maroc en la firma española, en el marco de una ambiciosa estrategia de expansión internacional del operador portuario que ya incluye presencia en mercados regionales como Benín y Liberia.
A la espera de un dictamen definitivo por parte del Consejo de Ministros, la operación permanece en un punto muerto. El desenlace del expediente se perfila así como una prueba de fuego entre la lógica de la integración comercial transfronteriza y las prioridades de seguridad nacional de España.