La gestión de los retornos de los menores marroquíes llegados a Ceuta ha colocado al Gobierno español ante una cuestión que empieza a desbordar el terreno estrictamente migratorio. ¿Son realmente las garantías previstas por la legislación española las que dificultan su regreso a Marruecos o el expediente ha terminado condicionado también por una batalla política que hace cada vez más difícil separar el derecho de los cálculos partidistas?
La pregunta cobra especial relevancia después de que Marruecos haya dejado claro que está dispuesto a recibir a sus menores, eliminando de la ecuación uno de los obstáculos que habitualmente complican las repatriaciones, la negativa o falta de colaboración del país de origen. Rabat no solo reclama su regreso, sino que sostiene que corresponde a España activar los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
En este contexto cobran especial relevancia las declaraciones realizadas el pasado 10 de agosto por el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, en las que fue más lejos al responsabilizar a las autoridades españolas de la situación de estos menores y asegurar que Marruecos reclamará su retorno por las vías legales y políticas. El responsable gubernamental afirmó que su país mantiene el compromiso de recuperar a los niños y adolescentes marroquíes que permanecen en España y defendió que su entorno familiar y su país de origen constituyen, siempre que se den las garantías necesarias, el marco adecuado para su regreso.
Ouahbi dirigió además sus críticas al funcionamiento del sistema español en este expediente, que calificó de «muy complejo y muy politizado». A su juicio, determinados asuntos relacionados con Marruecos han dejado de dirimirse únicamente con arreglo a criterios jurídicos y administrativos y están atravesados también por consideraciones políticas y electorales.
No obstante, el marco jurídico español dispone de un precedente que pesa especialmente sobre cualquier decisión que adopte ahora el Ejecutivo. En enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que las devoluciones de menores marroquíes realizadas desde Ceuta en agosto de 2021 fueron ilegales por la «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería. El alto tribunal estableció que el acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007 no basta por sí solo para ordenar una repatriación y que cada menor debe someterse a un procedimiento individual, con información sobre sus circunstancias, audiencia cuando tenga madurez suficiente e intervención del Ministerio Fiscal.
Las consecuencias de aquel episodio fueron más allá. En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta del Ejecutivo ceutí Mabel Deu a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la devolución de 55 menores marroquíes en agosto de 2021.
El tribunal consideró que las repatriaciones se llevaron a cabo al margen del procedimiento legalmente establecido y sin la tramitación individualizada de cada expediente. La sentencia, que podía ser recurrida, convirtió así las cautelas jurídicas en algo más que una cuestión procedimental y dejó sobre la mesa las responsabilidades a las que pueden enfrentarse quienes ordenen una devolución sin observar las garantías exigidas
La frontera entre el impedimento jurídico y la decisión política se ha vuelto, no obstante, más difícil de trazar después de que Bruselas entrara de lleno en el debate. La Comisión Europea sostuvo esta semana que quienes permanezcan irregularmente en Ceuta deben ser retornados y confirmó expresamente que el marco comunitario contempla también la devolución de menores no acompañados.
El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, recordó que el derecho europeo permite estos retornos, aunque sometidos a garantías específicas. Antes de devolver a un menor, las autoridades deben comprobar que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a una estructura de acogida adecuada en el país de retorno. Bruselas no ha dado, por tanto, carta blanca para efectuar devoluciones colectivas, pero sí ha dejado claro que la condición de menor no convierte por sí misma el retorno en jurídicamente imposible.
Esa precisión introduce un elemento incómodo en el debate español. Si Marruecos manifiesta su disposición a recibir a sus nacionales y la propia Comisión Europea confirma que su devolución está contemplada por el derecho comunitario, la discusión se desplaza hacia la capacidad de España para tramitar cada expediente con las garantías exigidas y, al mismo tiempo, hacia la voluntad política de acelerar un procedimiento que ya ha dejado consecuencias judiciales en el pasado.
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste precisamente en este último límite. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha defendido que cualquier decisión debe respetar la legalidad y situar en primer término el interés superior del menor. Paralelamente, el Ejecutivo trabaja con las administraciones competentes en fórmulas para aliviar la presión asistencial de Ceuta, entre ellas el traslado y acogida de los perfiles más vulnerables en otros puntos de España.
Es ahí donde el expediente deja definitivamente de ser una discusión exclusivamente jurídica y entra en el terreno de la confrontación política. El Partido Popular defiende que debe priorizarse el regreso de los menores a sus países de origen cuando concurran las condiciones legales, mientras Vox reclama directamente la devolución a Marruecos y exige paralizar su distribución entre las comunidades autónomas.
La formación de Santiago Abascal llevó incluso esta posición al Congreso mediante una proposición no de ley en la que reclamó el retorno de todos los menores llegados durante la última crisis y apeló al acuerdo hispano-marroquí de 2007, concebido precisamente para articular la prevención de la emigración irregular de menores, su protección y su retorno concertado. Vox ha utilizado además la cuestión para cargar contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que reprocha apostar por el reparto territorial en lugar de exigir las devoluciones.
La posición expresada por Bruselas ha proporcionado así un nuevo argumento a quienes cuestionan la estrategia del Ejecutivo. La Comisión no comparte el discurso político de PP o Vox ni reclama a España que ignore sus propias garantías jurídicas, pero su afirmación de que el derecho europeo contempla el retorno de los menores reduce el margen para presentar la repatriación como una opción jurídicamente cerrada.
En el extremo opuesto, las organizaciones especializadas en migración y protección de la infancia han reaccionado recordando que no existen atajos. Accem ha insistido en que los menores no pueden ser sometidos a devoluciones automáticas, mientras la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha cuestionado la forma en que Bruselas planteó inicialmente la cuestión. ACNUR, por su parte, reclama que cualquier decisión esté precedida por una evaluación individual que tenga en cuenta la situación familiar, las eventuales necesidades de protección internacional y las condiciones concretas en las que el menor sería recibido en Marruecos.
El precedente de 2021 explica buena parte de estas cautelas. El Supremo estableció posteriormente que la magnitud de una crisis migratoria no permite prescindir de las garantías legales y consideró que aquellas devoluciones vulneraron derechos de los menores precisamente porque no hubo una ponderación individual de sus circunstancias. La experiencia ha dejado a las autoridades españolas ante un margen de actuación mucho más estrecho del que podría sugerir el debate político.
Pero el escenario de 2026 presenta una diferencia relevante. Marruecos no está rechazando la readmisión de sus menores. Al contrario, reclama públicamente su regreso y asegura estar dispuesto a colaborar para hacerlo posible. Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes han reforzado durante las últimas semanas sus dispositivos en Fnideq y los alrededores de la frontera para impedir nuevos intentos de entrada irregular hacia Ceuta.
