El Colegio Oficial de Enfermería de la ciudad ocupada de Ceuta ha elevado formalmente la presión sobre el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), exigiendo la activación inmediata del Nivel 2 del Plan de Actuación ante Catástrofes Externas. La organización colegial advierte de que el dispositivo ordinario en el que se mantiene la ciudad es inviable tras semanas de extrema presión asistencial, sosteniendo que «el sistema ya no puede más» y solicitando que las decisiones operativas se tomen a partir de datos reales de la población que permanece en el territorio.
La petición fue trasladada por la presidenta del Colegio, Rosa María Fuentes, en un encuentro con los diputados socialistas de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero. La activación del Nivel 2 no constituye una mera declaración de intenciones, sino un escalón operativo regulado que implica la movilización de medios extraordinarios, el incremento de plantillas y de stock de material, la alerta al personal hospitalario y la reprogramación o derivación de pacientes de la actividad habitual. Mientras el Nivel 1 (alarma restringida) actual obliga a operar exclusivamente con los recursos ordinarios y sin refuerzos, el Nivel 2 está concebido para escenarios de entre 25 y 50 víctimas o situaciones de grave afectación del funcionamiento del centro. El Nivel 3, por su parte, reservaría la máxima alarma con recursos externos y hospitales de referencia.
El choque institucional es evidente: mientras el INGESA defiende el mantenimiento del Nivel 1 argumentando una interferencia mínima en la actividad regular, las enfermeras documentan una sobrecarga insostenible. Según los datos del Colegio —expuestos previamente ante Alberto Núñez Feijóo—, las profesionales atienden ratios de entre 14 y 16 pacientes por enfermera, con una densidad media de 6,97 profesionales por cada 1.000 habitantes. En un periodo de tres días se registraron 1,612 intervenciones, con picos de más de 200 asistencias diarias en Atención Primaria y Urgencias. Esto se traduce en jornadas prolongadas hasta cuatro horas sobre el horario habitual, consultas desbordadas hasta altas horas de la noche y la necesidad de trabajar en días de descanso, agravado por deficiencias estructurales en la contratación, la cobertura de vacaciones y la estabilidad laboral, factores que propician la marcha de personal hacia la Península.
A diferencia de una crisis puntual, la presión sanitaria se mantiene semanas después de los flujos migratorios iniciales, afectando tanto a la red primaria como a los dispositivos en asentamientos. El Colegio advierte de la presencia de patologías como gastroenteritis aguda, sarna, impétigo, tuberculosis y varicela, situaciones que la Sociedad Española de Epidemiología vincula al hacinamiento y a la falta de salubridad. Paralelamente, las enfermeras del Centro de Salud del Tarajal han reclamado garantías de seguridad y medidas de protección adecuadas para realizar visitas domiciliarias y labores de localización y seguimiento en zonas de concentración de población migrante, evidenciando un problema de organización donde la falta de acceso seguro dificulta el control epidemiológico continuo.
