La crisis de la vivienda ha terminado por colocar a Pedro Sánchez ante una de las decisiones más delicadas de la legislatura. Con miles de personas movilizadas en las calles y dos decretos llamados a convertirse este viernes en una prueba de fuego para la mayoría parlamentaria, el presidente del Gobierno baraja ya un adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre si las medidas acaban naufragando en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo aseguran que Moncloa trabaja con ese escenario, una posibilidad que también dan por muy probable miembros del Consejo de Ministros.
El detonante ha sido el giro de Junts. La formación de Carles Puigdemont anunció el jueves por la noche que votará contra los dos reales decretos aprobados esta semana por el Consejo de Ministros y pidió al Gobierno que los retire para negociar un nuevo texto. El Ejecutivo se negó y decidió llevarlos igualmente al pleno, después de meses de conversaciones en las que, según Vivienda, se habían incorporado algunas de las propuestas planteadas por los independentistas catalanes. Junts sostiene, por el contrario, que las medidas pueden reducir la oferta de alquiler y terminar empujando los precios al alza.
La negativa de Junts deja al Gobierno contra las cuerdas. Sus siete diputados vuelven a ser determinantes ante el rechazo anunciado de PP y Vox, y convierten una votación sobre vivienda en un examen de mayor alcance para la continuidad de la legislatura. El PNV, EH Bildu, BNG, Podemos y Compromís han anunciado su respaldo, aunque varios de ellos consideran insuficientes las medidas, mientras Coalición Canaria ha reclamado directamente a Sánchez que disuelva las Cortes si el Congreso no es capaz de alcanzar siquiera un acuerdo de mínimos sobre el principal problema que señalan los ciudadanos.
El Gobierno ha optado por no recoger cable. En lugar de retirar los decretos para evitar una derrota parlamentaria, PSOE y Sumar han pedido incluso que la votación se haga por llamamiento, de manera que cada diputado tenga que pronunciar públicamente su voto. Sánchez había dejado marcado el terreno horas antes al emplazar a PP, Vox y Junts a elegir entre la “mayoría social” y los “especuladores”, una estrategia con la que el Ejecutivo intenta ligar su futuro político a una crisis de vivienda que ha devuelto las protestas a las calles.
Uno de los decretos reúne buena parte de las medidas con las que el Gobierno pretende responder a esa presión: la ampliación de la protección frente a los desahucios, cambios sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, restricciones temporales a determinadas compras de vivienda por fondos de inversión y prórrogas de contratos de alquiler. El segundo aborda la renovación de los contratos. Para el Ejecutivo, tumbarlos supondría dejar caer de golpe un paquete presentado precisamente como respuesta a la emergencia habitacional.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, puso rostro a esa disputa durante el debate al recordar el caso de Maricarmen y defender que el decreto pretende evitar nuevos desahucios de personas vulnerables. Su intervención elevó todavía más el tono político de la jornada: pidió al PP que aclarase si estaba “con la gente o con los buitres” y sostuvo que cada grupo tendría que responder ante los ciudadanos por el sentido de su voto.
Pero la votación ha dejado de medirse únicamente en términos de política de vivienda. En Moncloa y en sectores del PSOE empieza a abrirse paso la idea de que otra derrota de este calibre pondría negro sobre blanco la dificultad de mantener una legislatura sin una mayoría mínimamente estable. Dirigentes socialistas y miembros del Gobierno consideran que, si los decretos decaen, Sánchez tendría argumentos para dar por agotado el recorrido parlamentario y devolver la palabra a las urnas.
El 29 de noviembre es, por ahora, una fecha que se baraja, no una convocatoria cerrada. Para llegar a las urnas ese domingo, la decisión tendría que precipitarse después de la votación y activar el calendario electoral correspondiente. En el Ejecutivo también se contempla que Sánchez espere a medir la respuesta de las movilizaciones convocadas para este fin de semana antes de mover ficha.
Lo que iba a ser una votación sobre dos decretos de vivienda ha terminado así poniendo en entredicho la capacidad del Gobierno para seguir sacando adelante su agenda en un Congreso donde cada ley obliga a recomponer una mayoría distinta. La vivienda ha llevado esa fragilidad al límite y ha colocado, por primera vez con una fecha concreta sobre la mesa, la posibilidad de que Sánchez decida cortar por lo sano y adelantar las generales.
