El rechazo de los dos decretos de vivienda ha abierto una batalla por la responsabilidad política de una crisis que ya desborda el Congreso. El Gobierno acusa a PP, Vox y Junts de haber dejado caer medidas destinadas a frenar desahucios y proteger a los inquilinos; quienes votaron en contra replican que Pedro Sánchez intenta cargarles ahora el coste de un problema incubado durante años bajo su mandato y que las medidas propuestas no atacaban sus causas. Entre ambas versiones, decenas de miles de personas han vuelto este sábado a las calles y el llamamiento a una huelga general empieza a recorrer las movilizaciones.
La votación del viernes debía resolver el futuro inmediato de dos decretos de vivienda. Ha terminado abriendo una discusión mucho mayor: quién responde políticamente por una crisis que ha situado el alquiler, los desahucios y el acceso a una casa entre los asuntos capaces de condicionar el final de la legislatura y, quizá, la carrera hacia las elecciones previstas en 2027.
PP, Vox, Junts y UPN impidieron la convalidación de los textos impulsados por el Gobierno. Pedro Sánchez había pedido hasta el último momento a los diputados que los respaldaran y advirtió de que el daño de rechazarlos sería "inmenso". La ministra Isabel Rodríguez llegó al pleno reclamando un acuerdo de mínimos y ofreciendo tramitar posteriormente las medidas como proyecto de ley para introducir correcciones.
El Gobierno tiene ahora un argumento sencillo de explicar: algunas de las medidas que pretendía aplicar, protecciones frente a determinados desahucios, prórrogas de contratos y nuevas reglas para distintas modalidades de alquiler, han desaparecido porque una mayoría parlamentaria votó en contra. Desde el PSOE y Sumar se sostiene por ello que los partidos que tumbaron los decretos deberán responder también por las consecuencias inmediatas de esa decisión.
Mientras tanto, Sánchez gobierna España desde 2018 y sus adversarios recuerdan que el deterioro del acceso a la vivienda precede ampliamente a los decretos rechazados esta semana. El PP sostiene que el Ejecutivo ha reducido la oferta con intervenciones que generan inseguridad para los propietarios y reclama más construcción y suelo disponible. Vox acusa al Gobierno de limitarse a administrar la escasez mediante subsidios y controles, en lugar de favorecer el acceso a la propiedad.
Junts, por su parte, plantea un reproche distinto. Miriam Nogueras defendió en el Congreso que los decretos ofrecían una respuesta aparente pero no impedían que los grandes fondos siguieran operando ni solucionaban el problema estructural. Su formación pidió retirar los textos y negociar otros nuevos, aun asumiendo, en palabras de su portavoz, el posible coste político de votar en contra.
Ni siquiera todos los grupos que buscaban una solución compartían la estrategia del Ejecutivo. El PNV reprochó al Gobierno haber intentado resolver "en caliente" y en apenas unos días un problema acumulado durante años, aunque apoyó uno de los textos.
La calle complica todavía más cualquier reparto cómodo de culpas. Las protestas que este sábado se han extendido por más de cincuenta ciudades no han nacido con la votación del viernes. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda madrileña en la que había residido durante siete décadas, había convertido días antes un conflicto particular en símbolo de un problema mucho más amplio. Miles de personas marcharon ya el 26 de septiembre bajo el lema "Ni una Maricarmen más" y dirigieron sus reproches al Gobierno central, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento.
Después llegó el Congreso. El rechazo de los decretos no desactivó ese movimiento; lo amplificó. Madrid volvió a concentrar este sábado a decenas de miles de personas, mientras las movilizaciones se repetían en Cádiz, Zaragoza, Santander, Canarias, Palma y otras ciudades. En numerosas marchas apareció una consigna que eleva considerablemente el pulso: "hacia la huelga general por la vivienda". La convocatoria todavía no equivale a una huelga general formal y las grandes centrales sindicales no han anunciado por ahora una fecha, pero la expresión da la medida del salto político que ha dado la protesta.
Valencia dejó además imágenes de tensión después de que parte de los manifestantes tratara de superar el dispositivo policial cerca del Palau de les Arts. En Madrid, en cambio, las marchas confluyeron en Cibeles sin incidentes relevantes. Las cifras de asistencia están fuertemente disputadas: la Delegación del Gobierno habló de unas 70.000 personas en la capital y los convocantes elevaron la estimación hasta medio millón, una diferencia que obliga a tratar ambas cifras como estimaciones de parte.
Todo esto sucede cuando la política española empieza a mirar abiertamente hacia las próximas urnas. Para el Gobierno, la votación ofrece la posibilidad de presentar a PP, Vox y Junts como responsables de haber bloqueado medidas de protección social en plena emergencia habitacional. Para la oposición, la estrategia es justamente la contraria: devolver a Sánchez la responsabilidad de una crisis desarrollada durante sus años de Gobierno y denunciar que los decretos llegaron tarde, eran insuficientes o dañaban la oferta.
Las movilizaciones impiden saber todavía cuál de los dos relatos terminará imponiéndose. No existe una encuesta posterior a la votación y a las protestas que permita afirmar que el rechazo perjudica electoralmente a la oposición o beneficia al Ejecutivo. Lo que sí puede decirse es que la vivienda ya ha dejado de ser únicamente un problema de política pública para convertirse en un terreno central de disputa electoral.
Ante este panorama, Sánchez no puede desprenderse de ocho años de gestión apelando únicamente al voto contrario del viernes; PP, Vox y Junts tampoco pueden actuar como si derribar unas medidas en plena movilización social careciera de coste político. Y los movimientos por la vivienda han dejado claro que sus exigencias tampoco se agotan en la supervivencia de dos decretos que muchos de ellos consideraban insuficientes.
Mientras la batalla por las próximas urnas se acerca a uno de sus momentos de mayor tensión, el caso de Maricarmen y una crisis de vivienda que ya reclama incluso una huelga general han terminado por agitar al Congreso, a los partidos y a las propias instituciones del Estado. La incógnita ya no es únicamente quién consigue responsabilizar al adversario, sino quién logra ofrecer una salida antes de que la calle vuelva a dictar el ritmo de la política española.
