El Ejecutivo aprueba dos decretos con medidas sobre alquileres y desahucios frente al rechazo de PP y Vox, mientras Junts, PNV y Podemos mantienen abierta su posición ante la votación del viernes
La vivienda vuelve a ensanchar la distancia entre el Gobierno y la oposición en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes, 29 de septiembre, dos reales decretos con nuevas medidas sobre alquileres y desahucios que llegarán al Congreso en medio de un choque político ya conocido: PP y Vox anticipan su rechazo, mientras el Ejecutivo reprocha a ambos partidos que vuelvan a situarse enfrente de una iniciativa con la que pretende responder a uno de los problemas que mayor presión social acumula en el país.
El pulso, sin embargo, no termina en la división entre los dos grandes bloques políticos. PSOE y Sumar consiguieron cerrar a última hora sus propias diferencias sobre el contenido de los decretos, pero el Gobierno todavía no tiene asegurada su convalidación. Junts, PNV y Podemos, formaciones cuyos votos pueden resultar determinantes en una Cámara fragmentada, mantienen por ahora sus reservas y emplazan su posición definitiva al examen de los textos.
La aprobación llega, además, después de que el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada recientemente en Madrid, devolviera con fuerza la vivienda al centro de la discusión pública. El episodio aceleró las negociaciones dentro del Ejecutivo y elevó la presión sobre una cuestión que desde hace tiempo enfrenta al Gobierno y a la oposición tanto por el diagnóstico como por las soluciones.
El primero de los decretos amplía hasta 2030 determinadas medidas de protección frente a los desahucios, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, incorpora restricciones temporales a la compra de viviendas por determinados fondos de inversión y contempla la prórroga durante dos años de contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2028. El segundo texto introduce la renovación automática de los alquileres.
El Gobierno quiere llevar ambos textos a un pleno extraordinario del Congreso este viernes. Allí volverá a reproducirse una disputa que ha acompañado buena parte de la legislatura. Desde las filas socialistas se ha acusado en distintas ocasiones a PP y Vox de instalarse en el rechazo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo, mientras ambas formaciones sostienen que su oposición responde al contenido y a los resultados de las políticas gubernamentales.
En vivienda, esa distancia vuelve a quedar patente. Alberto Núñez Feijóo considera que "ocho años de rumbo equivocado" no pueden corregirse mediante los nuevos decretos y responsabiliza al Ejecutivo de la situación actual. Vox mantiene igualmente su rechazo y acusa al Gobierno de intentar resolver ahora mediante decretos problemas que, a su juicio, no ha afrontado durante los últimos años.
Pero la votación no dependerá únicamente de ese enfrentamiento. Junts vuelve a ocupar una posición decisiva y reclama mayores garantías para los pequeños propietarios. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, sostiene que no puede darse el mismo tratamiento a quien posee dos viviendas que a un gran tenedor y defiende que sea la Administración la que asuma el coste cuando la vulnerabilidad de un inquilino le impida pagar el alquiler.
El PNV tampoco ha adelantado su voto y esperará a conocer la redacción definitiva. Podemos, por su parte, considera insuficientes las medidas y cuestiona que el Gobierno haya optado por dividirlas en dos decretos. La formación de Ione Belarra tampoco ha despejado qué hará el viernes.
La discusión deja así dos planos distintos sobre la mesa. Por un lado, el enfrentamiento político entre un Gobierno que defiende una mayor intervención para proteger a los inquilinos y una oposición que cuestiona tanto las medidas como la gestión acumulada durante los últimos años. Por otro, las diferencias dentro del propio espacio parlamentario que hizo posible la investidura, donde el desacuerdo gira ya no tanto sobre la existencia del problema como sobre quién debe asumir el coste de determinadas medidas y hasta dónde debe llegar la intervención pública.
El viernes, por tanto, no se discutirá únicamente la continuidad de dos decretos. La votación volverá a medir las dificultades para alcanzar acuerdos sobre una cuestión que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España y que, lejos de aproximar posiciones, abre ahora un nuevo frente entre el Gobierno y la oposición en el Congreso.
