La visita de Felipe VI a las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, prevista para los días 13 y 14 de octubre, no es una simple cita protocolaria en la agenda de la Casa Real. Es un acto político en toda regla: Madrid recurre al peso simbólico de la Corona para consolidar una realidad que Rabat se niega a aceptar como el punto final de la historia.
Cuando una visita real se convierte en una afirmación de soberanía sobre un territorio ocupado, la cuestión trasciende los recibimientos y las banderas españolas que ondearán en las calles de la Ceuta ocupada para agasajar a Felipe VI y a la reina Letizia. La pregunta es política y directa: ¿quiere España construir un futuro compartido con Marruecos o perpetuar su pasado colonial entre ceremonias reales y sonrisas diplomáticas?
En Ceuta y Melilla, el legado de la expansión ibérica sigue asomando tras el discurso de un Estado europeo moderno. El problema no reside únicamente en la antigüedad de la ocupación, sino en la pretensión de que el paso del tiempo le otorgue inmunidad moral y política.
España debería saber que los siglos no borran las reivindicaciones ni restan fuerza a la geografía. Desde la perspectiva marroquí, Madrid no puede exigir respeto hacia su sensibilidad territorial y tratar después la de Marruecos como una molestia pasajera, susceptible de apaciguarse con un comunicado sobre la amistad y la buena vecindad.
La visita de los reyes a la ciudad ocupada Ceuta pone de manifiesto la persistencia de una lógica colonial en la concepción del poder en Madrid. La Corona presta su autoridad simbólica a la ocupación y contribuye a presentarla como una realidad que no admite discusión. Esa es la dimensión más grave del viaje: convertir una cuestión política e histórica abierta en una celebración destinada a transmitir que todo está resuelto.
El contexto interno español añade otra lectura. Tras los acontecimientos de Ceuta y las presiones políticas que los siguieron, la visita puede interpretarse como un intento de tranquilizar a la opinión pública y exhibir firmeza. Pero responder a dificultades internas con un mensaje de soberanía dirigido al exterior es una apuesta arriesgada.
Si Madrid pretende recomponer su imagen ante sus adversarios políticos, no debería hacerlo a costa de su relación con Marruecos. La figura del rey no puede convertirse en un recurso para suplir las carencias de la política ni para acallar la pugna partidista.
¿Qué busca, entonces, Madrid? ¿Tranquilizar a los habitantes de ambas ciudades? ¿Poner a prueba los límites de la protesta marroquí? ¿Hablar al electorado español a costa de su socio del sur? ¿Qué mensaje pretende enviar la Zarzuela a los marroquíes al implicarse de este modo en una cuestión cuya sensibilidad conoce perfectamente?
Ni el comercio ni la cooperación en materia de seguridad ni los intereses compartidos anulan estas preguntas. Al contrario: cuanto más estrecha es la relación, mayor es la responsabilidad. Cada provocación simbólica puede consumir un capital político que ha costado años construir. Cada crisis innecesaria ofrece una oportunidad a quienes quieren frustrar el acercamiento.
Rabat no debe confundir la contención con la ausencia de una posición firme. Hace falta una respuesta contundente, clara y calculada, que explique el rechazo, reafirme la reivindicación marroquí y advierta a Madrid de que la asociación bilateral no le concede carta blanca para ignorar las cuestiones de soberanía.
La fuerza de esa respuesta se medirá por su capacidad para defender el interés nacional y hacer llegar el mensaje. La diplomacia marroquí puede combinar una protesta explícita con una elección cuidadosa de sus instrumentos y sus tiempos, sin renunciar a sus principios ni dejarse arrastrar a una escalada que sirva a intereses ajenos.
Rabat debe hacer que la visita del rey de España a la Ceuta ocupada tenga un coste político. Madrid debe escuchar una posición marroquí inequívoca: la buena vecindad exige respetar la memoria, los derechos y las reivindicaciones del vecino. Si la Corona insiste en invocar el pasado para blindar el presente, debe entender que Marruecos no es una nota al margen del relato español. Es un Estado con voz propia, voluntad propia y derecho a oponerse. Ha llegado el momento de que Rabat abandone el silencio y diga a España, alto y claro, que ocupa ciudades situadas fuera de sus fronteras.
