La investigación que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la presunta trama de influencias vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha incorporado un nuevo elemento de interés. Los investigadores han identificado una sociedad que, según el último auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habría servido como pieza de intermediación financiera para canalizar fondos procedentes de la aerolínea Plus Ultra hacia distintas mercantiles y personas bajo investigación.
De acuerdo con la resolución judicial, a la que ha tenido acceso El Debate, la mercantil Caletón Consultores recibió 1.159.558 euros de Plus Ultra entre 2020 y 2025. La UDEF sostiene que la empresa actuaba como una sociedad instrumental, sin actividad económica real, utilizada para recibir pagos y redistribuir posteriormente los fondos entre otras sociedades y colaboradores supuestamente integrados en la estructura investigada.
El auto describe a Caletón Consultores como una entidad que funcionaba de facto bajo la dirección de una persona distinta de su administrador formal y cuya actividad consistía en emitir y abonar facturas a terceros sin una justificación empresarial acreditada. A partir de estos indicios, el magistrado ha autorizado ampliar las diligencias patrimoniales sobre varios de los principales investigados.
Según la investigación policial, parte de los importes transferidos por Plus Ultra habrían sido redistribuidos a través de diferentes sociedades vinculadas al empresario conocido como Julito Martínez Martínez, entre ellas IOT Domotic Europe y Voi Analítica, que aparecen citadas en las actuaciones como receptoras de fondos procedentes del entramado.
Las pesquisas sitúan estos movimientos dentro de una estructura que, según la UDEF, habría sido utilizada para canalizar pagos derivados de supuestos contratos de consultoría y asesoramiento cuya finalidad real está siendo objeto de investigación judicial. Los agentes sostienen que dichos contratos habrían servido para justificar transferencias económicas vinculadas a distintos clientes, entre ellos Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Estas conclusiones forman parte de la investigación y no constituyen, por el momento, hechos declarados probados por sentencia firme.
El avance de las diligencias ha llevado además a la Policía a revisar al alza el volumen económico presuntamente relacionado con el entramado. Conforme a los cálculos incorporados al procedimiento, el importe atribuido por la UDEF asciende ya a 3,09 millones de euros, una cifra que duplica las estimaciones iniciales manejadas durante las primeras fases de la investigación.
Dentro de esa cantidad figura el denominado rescate público de Plus Ultra, por importe de 53 millones de euros, aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación examina si una parte de los fondos recibidos por distintas sociedades guarda relación con actuaciones de intermediación desarrolladas en torno a esa operación, extremo que continúa siendo objeto de las diligencias judiciales.
El último auto dictado por el magistrado José Luis Calama también autoriza a la UDEF a profundizar en el análisis patrimonial de varias personas físicas y jurídicas vinculadas al procedimiento. La resolución permite examinar un total de sesenta cuentas bancarias y los productos financieros asociados, distribuidos entre trece entidades bancarias, correspondientes a cerca de una veintena de titulares, entre ellos sociedades mercantiles y personas del entorno del expresidente del Gobierno.
Las diligencias afectan, según la resolución judicial, al propio José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa, a sus hijas Laura y Alba Rodríguez, administradoras solidarias de la sociedad Whathefav, así como a colaboradores próximos, entre ellos Julito Martínez Martínez y la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar.
La UDEF sostiene que Whathefav figura entre las sociedades que habrían recibido parte de los fondos investigados. Los investigadores analizan igualmente diversas transferencias económicas realizadas desde esta mercantil hacia cuentas personales de las hijas del expresidente, al considerar que dichos movimientos requieren una justificación económica que permita determinar su naturaleza y finalidad.
En paralelo, el juez ha autorizado el examen de la evolución patrimonial de María Gertrudis Alcázar. Aunque la investigación no atribuye, por el momento, pagos directos procedentes del entramado societario, la resolución señala que la secretaria del expresidente adquirió una vivienda en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio por 132.055 euros, abonando el importe íntegro sin financiación hipotecaria mediante diversas transferencias efectuadas entre marzo de 2021 y junio de 2023. Este extremo ha llevado al magistrado a incluir su patrimonio dentro de las diligencias de investigación.
Otro de los movimientos que centra la atención de la UDEF es la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros suscrita por José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa. Según los investigadores, esta operación coincidió temporalmente con una transferencia cercana a 450.000 euros que, presuntamente, fue realizada desde Whathefav hacia cuentas personales de las hijas del expresidente. La Policía considera que esa secuencia de operaciones presenta elementos que justifican un análisis patrimonial más exhaustivo para esclarecer el origen y destino de los fondos.
La resolución judicial se enmarca en una investigación que continúa en fase de instrucción y cuyo objetivo es determinar la eventual existencia de una estructura destinada a canalizar pagos mediante sociedades instrumentales y contratos de consultoría bajo sospecha. Tanto las conclusiones de la UDEF como los indicios recogidos por el juez forman parte de unas diligencias aún abiertas y deberán ser contrastados durante el procedimiento judicial, sin que exista por el momento una resolución firme sobre el fondo del asunto.
