La decisión del Gobierno español de prolongar hasta junio de 2030 la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y Sumar, después de que el socio minoritario del Ejecutivo acusara al ala socialista de incumplir el acuerdo de coalición y cuestionara abiertamente el giro adoptado respecto al calendario previsto para el cierre de las centrales nucleares.
La medida quedó formalizada mediante una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que renueva hasta el 8 de junio de 2030 la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz. Hasta ahora, los permisos vencían el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.
La decisión responde a una solicitud presentada en octubre de 2025 por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), propietaria de la instalación, para mantener en funcionamiento ambos reactores hasta 2030. El Gobierno dio luz verde a la petición después de recibir el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que evaluó la documentación técnica y las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica de la planta.
La prórroga modifica así uno de los primeros hitos del calendario de cierre nuclear diseñado en España. La planificación vigente contempla el cese escalonado de las centrales entre 2027 y 2035, por lo que Almaraz debía ser la primera instalación en iniciar ese proceso. Con la nueva autorización, sus dos reactores podrán permanecer operativos hasta la misma fecha, en junio de 2030.
La continuidad de Almaraz llevaba meses generando debate dentro del propio Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, había defendido durante 2026 el mantenimiento de la hoja de ruta nuclear, aunque había dejado abierta la posibilidad de estudiar la solicitud de la central extremeña atendiendo a criterios técnicos, económicos y de seguridad.
En julio, Aagesen sostuvo que cualquier decisión debía partir de un análisis técnico y cumplir tres condiciones: no exigir medidas fiscales que acabaran repercutiendo en el precio pagado por los consumidores y garantizar tanto la seguridad del suministro como la seguridad radiológica.
La autorización finalmente concedida ha provocado, sin embargo, una fuerte contestación dentro de Sumar. La formación considera que prolongar la actividad de Almaraz supone incumplir el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE en 2023, que recoge el cierre ordenado y progresivo de las centrales nucleares dentro del horizonte comprendido entre 2027 y 2035.
Fuentes de Sumar sostuvieron que la medida «frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía» y acusaron al sector socialista del Ejecutivo de acercarse a las posiciones de PP y Vox en materia nuclear. A su juicio, mantener abierto el parque nuclear responde a presiones empresariales y no a razones técnicas, medioambientales o de competitividad económica.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, llevó el desacuerdo al terreno del pacto de coalición y acusó al PSOE de haber «incumplido» el acuerdo de Gobierno y de haber «cedido a las presiones del oligopolio energético» en detrimento de la transición ecológica.
El diputado de Compromís integrado en Sumar Alberto Ibáñez elevó todavía más el tono de las críticas. En un mensaje publicado la plataforma X, calificó la prórroga de «muy mala noticia» y criticó las formas empleadas para adoptar la decisión, que tildó de «cobardes». También afirmó que «la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0», en una crítica dirigida directamente al presidente del Gobierno.
El rechazo se extendió igualmente a Izquierda Unida, integrada en Sumar. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, calificó la prórroga de «error» e «incoherencia» y advirtió de que modificar una decisión considerada estratégica introduce dudas sobre la estabilidad de los compromisos previamente asumidos por el Ejecutivo.
Frente a las críticas de sus socios, el PSOE sostiene que la ampliación de la vida de Almaraz no altera el objetivo final de abandonar la energía nuclear ni pone en cuestión la continuidad de la coalición. Desde el sector socialista del Gobierno también se ha defendido que Sumar conocía la decisión, mientras que el socio minoritario centra sus reproches en que la nueva fecha rompe el inicio del calendario de cierres acordado.
La controversia deja así al descubierto una nueva diferencia entre los dos socios del Ejecutivo, esta vez en torno a una de las decisiones de mayor alcance de la política energética española. Mientras el PSOE defiende la prórroga de Almaraz dentro de una planificación que mantiene 2035 como horizonte para el abandono de la energía nuclear, Sumar considera que retrasar hasta 2030 el cierre de la primera central prevista en el calendario supone alterar un compromiso que formaba parte del acuerdo sobre el que se constituyó el actual Gobierno de coalición.
