La posibilidad de una confrontación militar con Marruecos vuelve a abrirse paso en la prensa española en plena crisis de Ceuta. Esta vez, sin embargo, el debate no gira únicamente en torno a qué país dispone de más efectivos o de mayor capacidad militar, sino que pone el foco en los puntos débiles que tendría España para sostener la defensa de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla ante una eventual escalada, desde su dependencia de los refuerzos procedentes de la Península hasta las dificultades para mantener abiertas las líneas de abastecimiento.
El diario La Razón ha puesto este viernes negro sobre blanco algunas de esas vulnerabilidades al sostener que las guarniciones españolas desplegadas en ambas ciudades podrían hacer frente a una incursión y ganar tiempo, pero no estarían en condiciones de afrontar por sí mismas una guerra prolongada. Marruecos, señala el periódico, jugaría con la ventaja que le concede la geografía, al poder concentrar tropas junto a la frontera y mantener unas líneas de abastecimiento mucho más cortas, mientras que España tendría que hacer valer su superioridad conjunta en el aire y en el mar.
El primer flanco que señala el análisis es precisamente el aislamiento respecto a la Península. Ceuta, con unos 83.600 habitantes y alrededor de 20 kilómetros cuadrados, tiene a su favor la proximidad de Algeciras para recibir refuerzos y suministros, pero carece de un aeropuerto convencional. Su helipuerto puede servir para trasladar personas, heridos o material urgente, pero no sustituir el transporte marítimo pesado ni la capacidad logística que ofrecería un avión como el Airbus A400M.
A ello se suma otro dato especialmente significativo recogido por el periódico. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) cifra en 3.145 los militares desplegados en Ceuta y Melilla y considera que no son suficientes para hacer frente a las necesidades existentes, además de reclamar un refuerzo de los efectivos.
Melilla dispone de más vías de comunicación, con aeropuerto y conexiones marítimas con Málaga, Almería y Motril, pero tampoco escapa a ese talón de Aquiles. El material pesado, el combustible y buena parte de los suministros tendrían que seguir llegando por mar y recorrer una distancia considerablemente mayor que la existente entre Ceuta y Algeciras.
El problema, según apunta la misma fuente, no se limitaría además al frente militar. Ceuta y Melilla son núcleos urbanos con decenas de miles de habitantes, por lo que una eventual confrontación obligaría a mantener simultáneamente hospitales, electricidad, agua, telecomunicaciones, abastecimiento y orden público. Incluso la producción de agua mediante desalación quedaría ligada al suministro energético, al combustible y a la disponibilidad de repuestos, de manera que el fallo de uno de esos eslabones podría repercutir sobre el resto.
El margen de maniobra de las guarniciones españolas estaría igualmente condicionado por el tiempo de respuesta. Las unidades desplegadas en Ceuta y Melilla tendrían como primera misión impedir una entrada sin oposición y contenerla hasta la llegada de refuerzos. Si el enfrentamiento se prolongara, España tendría que recurrir a la Armada, al Ejército del Aire y del Espacio y a efectivos trasladados desde la Península, además de garantizar sistemas de inteligencia y comunicaciones seguros y una cadena de mando capaz de reaccionar antes de encontrarse ante un hecho consumado.
Es en esa primera fase donde Marruecos partiría, según reconoce el propio diario, con ventaja sobre el terreno. La proximidad permitiría a las Fuerzas Armadas Reales desplazar efectivos y material por carretera dentro del territorio marroquí y mantener unas líneas de abastecimiento mucho más cortas. El periódico enmarca esa ventaja en el proceso de modernización militar del Reino, con la incorporación de carros de combate Abrams y helicópteros Apache, una flota que opera cazas F-16 y el desarrollo de nuevas capacidades en drones y defensa antiaérea.
A ese dispositivo se sumarán los 25 F-16 Block 72 cuya venta fue autorizada por Estados Unidos, aunque estos aparatos todavía no constan públicamente como entregados, dado que una autorización estadounidense no equivale a disponer inmediatamente del sistema para entrar en combate, ya que entre ambos pasos media un proceso más largo.
La correlación de fuerzas cambiaría, sin embargo, si el escenario dejara de circunscribirse al entorno inmediato de Ceuta y Melilla. España tendría entonces más cartas que jugar en el aire y en el mar, con una fuerza aérea de mayores dimensiones, fragatas de defensa aérea, submarinos, buques anfibios y medios logísticos que, en su conjunto, otorgarían a Madrid una mayor capacidad para sostener una operación prolongada. El medio español pone como ejemplos la participación este año del submarino S-81 Isaac Peral en una operación de alta intensidad de la OTAN y la operación «Presencia Reforzada», que reunió medios terrestres, navales, aéreos, cibernéticos y espaciales en el Estrecho y el mar de Alborán.
La brecha también se hace patente en el presupuesto. A partir de los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el gasto militar español de 2025 se cifra en 40.200 millones de dólares, frente a los 6.300 millones de Marruecos, una diferencia superior a seis a uno. No obstante, esa superioridad presupuestaria no se traduce automáticamente en tropas y medios disponibles junto a Ceuta y Melilla, aunque sí daría a España mayor músculo económico e industrial en caso de que un enfrentamiento se alargara.
Si las dos ciudades dependerían del apoyo exterior para sostener una defensa prolongada, la situación es todavía más delicada en los peñones situados frente a la costa marroquí. Chafarinas, Alhucemas y Vélez de la Gomera mantienen pequeños destacamentos abastecidos desde Melilla por vía marítima y aérea cuya reducida dimensión impediría mantener una resistencia autónoma durante mucho tiempo. Su aislamiento obligaría a España a intervenir desde fuera si alguna de esas posiciones quedara cercada.
El precedente de Perejil vuelve así a asomar sobre una eventual confrontación entre los dos países. España y Marruecos acordaron en 2002 restablecer en el islote la situación anterior a la crisis, dejándolo desocupado sin que ninguna de las partes renunciara a sus respectivas posiciones sobre la soberanía. Alborán presenta una situación diferente por carecer de conexión terrestre con la costa, aunque también depende del abastecimiento exterior.
Las dudas no terminan sobre el terreno. El eventual respaldo de los aliados constituye otro de los flancos que La Razón deja abierto, especialmente en el caso de la OTAN. El artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte establece una delimitación geográfica para la aplicación del artículo 5 que no incluye de manera inequívoca a Ceuta y Melilla. Madrid podría recurrir al artículo 4 para solicitar consultas entre los aliados, pero una respuesta militar colectiva dependería del alcance del conflicto, del consenso dentro de la Alianza y de la asistencia que cada Estado estuviera dispuesto a prestar.
La Unión Europea ofrece, sobre el papel, un paraguas jurídico más claro. El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece la obligación de prestar ayuda y asistencia a un Estado miembro que sea objeto de una agresión armada en su territorio. Esa garantía tampoco despeja todas las incógnitas, ya que Bruselas carece de una estructura de mando militar equiparable a la de la OTAN y correspondería a cada capital decidir con qué medios materializaría su apoyo.
A esa incertidumbre se ha añadido una señal llegada desde Washington que ha levantado polvareda en España. Un informe de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes estadounidense describió este año Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero «situadas en territorio marroquí». La formulación no figura en una ley ni representa la posición oficial del Ejecutivo estadounidense, pero introduce un elemento político adicional en un debate español que vuelve a mirar hacia Marruecos en clave militar.
