La cumbre de la OTAN, que se celebra este martes y miércoles en Ankara, busca responder en gran medida a las críticas de Washington hacia sus socios europeos por el ritmo del rearme y por su nivel de compromiso en materia de defensa. En este sentido, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, anunció la firma de contratos de armamento por un valor superior a 50.000 millones de dólares entre gobiernos y empresas del sector.
La ofensiva llega en un momento de máxima tensión política dentro de la Alianza. El presidente estadounidense, Donald Trump, que aterrizará este martes en la capital turca, ha endurecido en los últimos días sus críticas contra varios socios europeos por no respaldar plenamente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, mantiene la presión sobre los aliados para que eleven el gasto militar hasta el 5% del PIB, un objetivo que domina la agenda de la cumbre y que parece condicionar las relaciones transatlánticas.
En este contexto, Rutte presentó una batería de iniciativas destinadas a evidenciar el cambio de ritmo de la industria de defensa europea. Entre ellas figura la sustitución de la actual flota de aviones de vigilancia AWACS, fabricados por Boeing, por nuevos aparatos de la empresa sueca Saab, así como la adquisición de un décimo avión cisterna A330 MRTT de Airbus para la flota aliada. La OTAN también anunció que multiplicará por cinco el número de operadores de drones antes de 2027 y pondrá en marcha un sistema centralizado para agilizar la contratación de material militar entre los países miembros.
Ante este panorama, España llega a la cita como el principal foco de discrepancia sobre el gasto en defensa. Según revela el medio español, la sexta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá dispuesto a responder con cifras a las críticas de Trump y a defender que el compromiso español pasa por consolidar una inversión equivalente al 2% del PIB en 2026, frente al objetivo del 5% promovido por Washington.
Desde Moncloa sostienen que España ha triplicado su gasto militar desde 2018, figura entre los ocho mayores contribuyentes de la OTAN al apoyo a Ucrania y es el cuarto aliado que más ha incrementado su inversión en defensa desde 2020. Con estos argumentos, el Ejecutivo pretende reivindicar que cumple con sus obligaciones sin renunciar a la sostenibilidad de las cuentas públicas ni al mantenimiento del Estado del bienestar.
