La muerte de un ciudadano colombiano de 26 años por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ocurrida este lunes durante un operativo en el estado de Maine ha vuelto a situar en el centro del debate los métodos empleados por las autoridades migratorias estadounidenses. El caso, que se produce pocos días después de la muerte de un ciudadano mexicano en otra intervención del ICE en Texas, amenaza con intensificar las críticas contra la política de deportaciones impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.
La víctima, identificada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes como Joan Sebastián Guerrero, residía en la localidad de Biddeford junto a su esposa y su hija de tres años. Según estas asociaciones, trabajaba como conductor de un servicio de reparto y disponía de un permiso de trabajo en Estados Unidos. La versión del ICE, sin embargo, difiere sustancialmente, al sostener que se trataba de "un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión", cuya detención intentaban ejecutar los agentes en el momento del tiroteo.
Las circunstancias de lo ocurrido continúan rodeadas de controversia. De acuerdo con la versión oficial, Guerrero intentó huir con su vehículo durante el operativo, lo que llevó a uno de los agentes a abrir fuego al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, un testigo citado por la agencia AFP aseguró haber escuchado a la víctima decir que había intentado detenerse antes de desplomarse. A ello se suman las declaraciones del senador por Maine, Angus King, quien afirmó que el fallecido no era la persona buscada por las autoridades y reclamó una investigación "completa, transparente y abierta" para esclarecer los hechos.
El suceso ha desencadenado además una respuesta institucional. La Embajada de Colombia en Washington informó de que ha solicitado explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras que el FBI confirmó la apertura de una investigación. Por su parte, las organizaciones Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine insistieron en que Guerrero contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y denunciaron que su muerte no puede convertirse en "una estadística más" de la política migratoria de la actual Administración, una estrategia que continúa generando un intenso debate dentro y fuera del país.
Cabe recordar que el Gobierno de México anunció este mismo lunes el inicio de acciones penales ante la Justicia estadounidense para exigir responsabilidades por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en hechos relacionados con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con fallecimientos registrados en centros de detención de la agencia. La decisión fue adoptada tras la muerte de Lorenzo Salgado Araújo, un mexicano de 52 años abatido el pasado 7 de julio en Houston durante una operación en la que, según las autoridades mexicanas, tampoco era el objetivo de la intervención.
