La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. En la misma resolución, el tribunal absolvió a Sánchez del delito de tráfico de influencias al considerar que no ha quedado acreditado que ejerciera presiones para obtener el puesto.
La sentencia concluye que David Sánchez conocía de antemano que el cargo de coordinador de las actividades de los conservatorios había sido creado para él y que participó en el proceso selectivo únicamente para "simular la legalidad formal del procedimiento", del que resultó el principal beneficiario. Según el tribunal, el acusado presentó su candidatura, participó en una entrevista y posteriormente consintió que las funciones del puesto fueran modificadas para adaptarlas a su perfil profesional y a su actividad vinculada a la ópera, alejándose de las responsabilidades inicialmente previstas para el cargo.
Los magistrados sostienen que la plaza terminó convirtiéndose en "un traje a medida" para David Sánchez. En el fallo se afirma que la Administración utilizó un cambio de denominación del puesto para crear de facto otro empleo distinto, sin definir adecuadamente sus funciones y con el propósito de ajustarlo a los intereses del beneficiario. La resolución añade que esta actuación vulneró los principios que deben regir el acceso a la función pública y califica el enchufismo como una práctica que "daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades y merma la eficiencia de las administraciones públicas".
No obstante, la Audiencia descarta el delito de tráfico de influencias. Aunque considera probado que las decisiones administrativas perseguían favorecer a David Sánchez, el tribunal sostiene que las pruebas practicadas durante el juicio no permiten demostrar que el acusado, o personas de su entorno, ejercieran presiones o utilizaran su posición para obtener la plaza. La sentencia señala expresamente que persisten dudas sobre si la iniciativa partió del propio beneficiario, de personas vinculadas a él o si fue adoptada por responsables políticos de forma unilateral para favorecerle por su condición de hermano de una figura destacada del PSOE.
La resolución también condena al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, al igual que a otros nueve acusados vinculados al proceso de contratación. Según la Audiencia, Gallardo desempeñó un papel decisivo en la creación del puesto y en las decisiones administrativas que permitieron adaptar posteriormente sus funciones.
El fallo llega tras meses de investigación y un juicio que situó en el centro del debate político las circunstancias de la contratación de David Sánchez. Durante la vista oral, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, declaró que la creación del puesto respondía a una decisión procedente de "una instancia superior con capacidad política", apuntando al entonces presidente de la Diputación como impulsor de la iniciativa.
La sentencia se conoce además mientras continúa otra investigación judicial sobre una presunta trama destinada a obstaculizar las causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno. En ese procedimiento se analizan supuestos intentos de desacreditar a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, así como actuaciones dirigidas contra responsables de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
Desde el PSOE, fuentes de la dirección del partido manifestaron su respeto por la resolución judicial, aunque expresaron su desacuerdo con el contenido del fallo. Según esas fuentes, no existen pruebas que sustenten la condena y sostienen que el único motivo por el que David Sánchez ha sido procesado es su parentesco con el presidente del Gobierno. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
