En Ceuta —bajo soberanía española y considerada por Marruecos parte integrante de su territorio—, la reciente crisis migratoria ha dejado al descubierto otra realidad que no tiene que ver únicamente con las fronteras, la soberanía o la disputa política, sino con una pregunta mucho más fundamental: ¿cómo responde un Estado europeo ante miles de personas en su territorio sin alojamiento, alimentos ni condiciones sanitarias mínimas para preservar la dignidad humana?
Las cifras difundidas por organismos españoles dibujan por sí solas un escenario especialmente duro. Tras la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, miles de migrantes permanecieron durante días en calles y espacios abiertos, hasta el punto de que el Gobierno no comenzó a instalar duchas y aseos en algunos de los principales puntos de concentración hasta el 6 de agosto, varios días después del inicio de la crisis.
A pesar de la ayuda distribuida por asociaciones y entidades locales, los recursos resultaron insuficientes para atender las necesidades de miles de migrantes atrapados en la ciudad, mientras la propia prensa española comenzó a hablar de una auténtica “guerra del hambre” en Ceuta.
En ese contexto, conseguir comida se convirtió en uno de los principales focos de tensión, con altercados por alimentos, dificultades de acceso a instalaciones de higiene y la proliferación de asentamientos improvisados en condiciones precarias.
Diversos testimonios también señalaron que algunos comercios y supermercados se negaban a permitir la entrada de migrantes o a venderles productos, mientras otros establecimientos cerraban sus puertas cuando se aproximaban grupos de extranjeros. A ello se sumaron denuncias sobre incrementos abusivos de precios en determinados casos, una situación que hizo todavía más difícil el acceso a productos básicos.
En estas circunstancias, los miles de menús y paquetes de ayuda distribuidos apenas representaron una respuesta parcial frente a la magnitud de la demanda, especialmente porque un importante número de migrantes seguía sin recursos económicos ni posibilidad regular de adquirir alimentos. Comer, beber agua o simplemente asearse dejaron así de ser necesidades básicas garantizadas para convertirse en una fuente de presión cotidiana.
En el plano sanitario, la ministra española de Sanidad informó de que los servicios médicos habían atendido a unos 5.800 migrantes en apenas 15 días, con una severa sobrecarga en urgencias, medicina interna y atención primaria. Especialistas en epidemiología advirtieron además de que el hacinamiento y las deficientes condiciones higiénicas favorecían la aparición de enfermedades cutáneas como la sarna y el impétigo, subrayando que el principal riesgo sanitario recaía precisamente sobre los propios migrantes debido a sus condiciones de vida.
Al hambre y la enfermedad se añadieron las investigaciones judiciales por agresiones sexuales. La Delegación del Gobierno confirmó inicialmente la investigación de seis casos sospechosos, mientras que posteriormente la Justicia precisó que tres procedimientos llegados a los tribunales correspondían a agresiones sexuales cuyas víctimas eran mujeres migrantes.
Estos hechos plantean un dilema jurídico directo. El derecho europeo no convierte la dignidad humana en un privilegio reservado a quien dispone de un permiso de residencia. El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe de forma absoluta los tratos inhumanos o degradantes, mientras que las normas europeas de acogida obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida que aseguren la subsistencia y protejan la salud física y mental de los solicitantes de protección internacional, incluso en situaciones de presión migratoria extraordinaria.
Ahí aparece la gran paradoja en la gestión del Gobierno español: quien posee documentación o una situación jurídica regular entra con mayor rapidez en el circuito de derechos y asistencia, mientras que quien carece de papeles puede acabar en la calle, a la espera de comida, una ducha o una consulta médica, a pesar de que la ausencia de documentos no elimina la condición humana ni suspende los derechos fundamentales.
En Ceuta, el trato recibido por los migrantes parece someterlos a una especie de “Inquisición” moderna basada ya no en la fe, sino en el documento. Quien tiene permiso de residencia o una situación legal reconocida entra en el círculo de protección y acceso a servicios; quien carece de papeles queda empujado hacia los márgenes de la ciudad, expuesto al hambre, la enfermedad y la privación, como si se tratara de alguien situado fuera del perímetro de la humanidad que debe abandonar cuanto antes el “jardín europeo”.
Esta dinámica remite inevitablemente a la Inquisición española, consolidada a finales del siglo XV tras la caída de Granada, cuando se clasificó a la población en función de su fe e identidad, sometiendo a musulmanes y judíos a conversiones forzosas, persecuciones y expulsiones, lógica que más tarde se extendió a los moriscos.
Hoy, la historia se reinterpreta bajo nuevas formas: el documento legal actúa, en la práctica, como una frontera entre quienes acceden al espacio de derechos y quienes son relegados a sus márgenes. La persona con residencia dispone de vías de asistencia e inclusión, mientras que el migrante en situación irregular debe luchar a diario por cubrir necesidades elementales, como si perder los papeles implicara perder el derecho a ser tratado con dignidad.
Esta realidad evoca la polémica metáfora empleada en 2022 por Josep Borrell, quien fuera alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al definir a Europa como un “jardín” y al resto del mundo como una “jungla” capaz de invadirlo; una afirmación ampliamente criticada por su carga simbólica y eurocéntrica.
En Ceuta, esa dualidad adquiere hoy una dimensión aun más cruda: quien posee documentación logra formar parte del “jardín”, mientras que quien no la tiene es tratado como un cuerpo prescindible que debe ser empujado fuera de sus límites.
De ahí que numerosos análisis críticos vuelvan a señalar la persistencia de una cierta lógica del “hombre blanco”: la percepción implícita de que quien proviene del Sur global posee menor derecho a la protección y la dignidad. Un legado mental cuyas formas y lenguajes han cambiado, pero cuya huella sigue presente en la gestión migratoria.
En última instancia, Ceuta plantea hoy un examen categórico: ¿puede un Estado que se proclama garante del espacio de derechos europeo asegurar a todo migrante —con o sin papeles— alimentación, higiene, atención médica y protección frente a la violencia? La ley puede determinar quién tiene derecho a permanecer en un territorio, pero jamás quién merece ser tratado como un ser humano.
