Hay una contradicción que el discurso político, cultural y mediático español difícilmente puede sortear cada vez que Ceuta y Melilla vuelven al primer plano. ¿Cómo puede un Estado reclamar, más de tres siglos después, la recuperación de Gibraltar frente al Reino Unido, al considerar que se trata de un territorio que le fue arrebatado por la fuerza, y al mismo tiempo negarse siquiera a abrir un debate sobre dos ciudades situadas en la orilla africana del Estrecho, una bajo dominio extranjero desde hace más de seis siglos y la otra bajo control español desde hace más de cinco?
La comparación entre Gibraltar, Ceuta y Melilla tampoco debería reducirse únicamente a las diferentes referencias jurídicas que han rodeado cada uno de estos contenciosos. El propio Derecho internacional se ha configurado históricamente en el marco de unos equilibrios de poder en los que las grandes potencias desempeñaron un papel decisivo en la definición de muchas de sus normas y estructuras. Las calificaciones jurídicas, las clasificaciones y los tratados pueden diferir de un caso a otro, pero esas diferencias no borran la esencia de los derechos históricos ni alteran el origen de la controversia.
El Derecho puede regular una situación existente o dotarla de un marco institucional, pero no puede, mediante una mera formulación jurídica o una determinada clasificación, convertir un hecho histórico controvertido en una verdad moral definitiva. De ahí que la pregunta siga siendo pertinente. ¿Cómo puede España aferrarse a un derecho histórico sobre Gibraltar después de más de tres siglos y, al mismo tiempo, pedir a Marruecos que dé por cerrada la historia cuando se trata de Ceuta y Melilla?
Una fuerza anglo-neerlandesa tomó Gibraltar en 1704, durante la Guerra de Sucesión española, y España cedió posteriormente el territorio a la Corona británica mediante el Tratado de Utrecht de 1713. Desde entonces, Madrid no ha renunciado a su reivindicación sobre el Peñón. Tras 322 años de dominio británico efectivo, España sigue considerando que el paso del tiempo no ha extinguido su reivindicación histórica ni que más de tres siglos de administración británica hayan cerrado definitivamente el contencioso.
Es una posición comprensible desde la perspectiva de un Estado que considera haber perdido una parte de su territorio. Lo difícil de comprender es que ese mismo principio cambie en cuanto la mirada se dirige hacia el sur.
Melilla pasó a estar bajo control español en 1497, es decir, hace 529 años. Ceuta, por su parte, fue ocupada por Portugal en 1415; permaneció vinculada a la Corona española tras la separación de Portugal en 1640, y esa situación quedó posteriormente consolidada por el Tratado de Lisboa de 1668. Han transcurrido, por tanto, 358 años desde esa formalización jurídica y más de 611 desde el inicio del dominio extranjero sobre la ciudad.
Es ahí donde la paradoja aparece con toda nitidez. Si, a ojos de Madrid, 322 años no bastan para extinguir el derecho de España a reivindicar Gibraltar, ¿con qué lógica 358 años de presencia española en Ceuta o 529 años de control sobre Melilla serían suficientes para declarar terminada la historia?
La cuestión no es quién dispone de mayor capacidad militar ni quién logra hacer oír más su voz, sino la coherencia del principio que se defiende. O la historia conserva su peso en las disputas territoriales, o queda relegada a un archivo cerrado. Pero si esa misma historia se invoca como un derecho vigente cuando se trata de Gibraltar y se convierte en una reivindicación incómoda e inadmisible cuando se habla de Ceuta y Melilla, entonces ya no estamos ante un principio, sino ante un criterio que cambia en función de la posición que cada parte ocupa en el conflicto.
La contradicción se acentúa cuando aflora, en una parte del discurso español, la idea, explícita o implícita, de que la presencia de España en el norte de Marruecos sería anterior o gozaría de mayor legitimidad histórica que el propio Estado marroquí. Sin embargo, Marruecos no nació como Estado en el siglo XX, ni con el fin del Protectorado ni con la configuración del Estado nacional contemporáneo. Sus orígenes como entidad política se remontan al año 788, con el establecimiento de la dinastía idrisí y la bay'a a Idrís I, hace más de 1.238 años.
Desde entonces, en Marruecos se han sucedido distintas dinastías y Estados, y con ellos han cambiado las capitales, las fronteras y las formas de organización institucional, como ha ocurrido en todos los Estados con una larga trayectoria histórica. Sin embargo, la continuidad del Estado marroquí y de una autoridad política independiente se ha mantenido a través de los idrisíes, almorávides, almohades, meriníes y saadíes, hasta llegar a la dinastía alauí.
España, en cambio, comenzó a configurar el núcleo político de su forma histórica moderna muchos siglos después, con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469, seguido por la unión de ambas coronas bajo su gobierno desde 1479. Aquello no supuso todavía la creación inmediata de un Estado centralizado y plenamente unificado, pero sí constituyó el punto de inflexión que sentó las bases de la España moderna.
Aplicando, por tanto, el mismo criterio con el que se analiza la trayectoria de los Estados, el Estado marroquí precede en cerca de siete siglos a la formación del núcleo político de la España moderna.
Esta realidad, por sí sola, no resuelve una disputa de soberanía, porque los conflictos territoriales son demasiado complejos para reducirse a una simple comparación sobre la antigüedad de los Estados. Pero sí desmonta una idea que se ha deslizado, consciente o inconscientemente, en determinados discursos españoles: la de presentar a Marruecos como una entidad tardía aparecida junto a territorios que supuestamente habrían sido españoles desde siempre. La cronología histórica cuenta una historia muy distinta.
El problema no reside en España en su conjunto, ni en su sociedad ni en la pluralidad de su cultura, sino en los vestigios de un imaginario imperial castellano que todavía pervive en una parte del discurso político y mediático. Un imaginario que contempla el sur desde una posición de superioridad y conserva una visión heredada del pasado, en la que Europa ocupa el centro del mundo mientras la otra orilla queda relegada a un espacio al que corresponde aceptar las reglas dictadas por las potencias del norte.
Sin embargo, la España de hoy no es el imperio de Carlos V, ni la potencia del siglo XVI cuyas posesiones se extendían por varios continentes. Cristóbal Colón tampoco volverá a zarpar de un puerto español para proclamar, en nombre de una Corona europea, "el descubrimiento" de una tierra habitada por otros pueblos. Ese tiempo terminó, y con él debería haber quedado atrás la idea de que la superioridad militar otorgaba por sí sola derechos sobre la tierra, las personas y la historia.
Del mismo modo, el Marruecos con el que España se relaciona hoy tampoco es el de finales del siglo XIX ni el de comienzos del XX, cuando las potencias europeas podían imponerle las reglas del juego político, económico y militar desde una posición marcada por un profundo desequilibrio de fuerzas. El Estado marroquí ha cambiado, al igual que su economía, su peso en los ámbitos de la seguridad y la diplomacia y la propia naturaleza de sus relaciones con España y Europa. De ahí que algunas expresiones del discurso español contemporáneo parezcan todavía ancladas en otra época.
Un ejemplo especialmente revelador es el artículo publicado por El Español el pasado 21 de agosto bajo el título «Si Marruecos quiere una guerra comercial, hay que dársela». El titular va más allá de la legítima defensa de los intereses españoles y lleva la relación entre dos países vecinos al terreno de la confrontación, bajo una lógica propia del duelo: si el adversario quiere guerra, que la tenga.
Cualquier columnista español está en su pleno derecho de criticar a Marruecos, cuestionar sus políticas y defender con la máxima firmeza los intereses de su país. Pero hay una distancia considerable entre defender los intereses nacionales y asumir que la superioridad económica o la pertenencia a la Unión Europea confieren una suerte de autoridad para dictar al vecino del sur lo que debe hacer.
En este tipo de discursos asoma también un viejo espejismo, construido sobre una lógica de superioridad. Nosotros podemos castigar y vosotros pagaréis las consecuencias; nosotros podemos iniciar la confrontación y vosotros seréis quienes la perdáis. Pero la historia, incluida la propia historia de España, deja una lección bastante más alejada de esa arrogancia. los Estados pueden decidir, en ocasiones, cuándo iniciar una confrontación, pero rara vez pueden decidir por sí solos cómo terminará.
Las guerras comerciales no son muy diferentes en ese sentido. Pueden declararse con una frase en una columna de opinión, pero sus efectos no permanecen dentro de las páginas de un periódico. Alcanzan a las empresas, las inversiones, los trabajadores, los puertos, las fronteras, el comercio, el turismo, la energía, la seguridad y la inmigración. Y cuando se trata de dos países vecinos separados apenas por un estrecho, la idea de «hacer daño al otro sin sufrir las consecuencias» pertenece más al terreno de la retórica que al de la realidad.
En última instancia, la cuestión no es que España deba renunciar mañana a Ceuta y Melilla, ni que un contencioso de esta complejidad pueda reducirse a un artículo o a un eslogan. La cuestión es, a la vez, más sencilla y más profunda. España debe reconocer a Marruecos el mismo derecho que se reserva para sí misma, el derecho a recordar, a reivindicar, a abrir el debate y a sostener que la historia no ha terminado.
Madrid tiene derecho a rechazar las reivindicaciones marroquíes, del mismo modo que Rabat tiene derecho a mantenerlas. Pero resulta difícil sostener, desde una mínima coherencia intelectual, que España reclame al Reino Unido la devolución de un territorio perdido hace 322 años y, al mismo tiempo, pida a Marruecos que olvide Ceuta y Melilla porque han transcurrido siglos desde que quedaron bajo control extranjero.
Un Estado no puede reivindicarse como víctima de la historia en Gibraltar y, al mismo tiempo, erigirse en juez definitivo de esa misma historia en Ceuta y Melilla.
Ahí debería comenzar el verdadero debate en España, no desde los gritos ni desde la evocación de las glorias imperiales, sino a partir de una pregunta mucho más serena. ¿Defiende Madrid un principio invariable o un interés para el que busca, en cada caso, un principio diferente?
España también debería recordar que la era de los imperios terminó, pero la geografía permanece. Marruecos y España seguirán frente a frente, a ambos lados del Estrecho, por mucho que cambien los gobiernos, las disputas y las generaciones.
Por eso, el mejor servicio que un político, un intelectual, un periodista o un historiador español puede prestar a su país no consiste en recuperar la ilusión del "hombre blanco", sino en liberarse de ella. Porque un vecino no necesita que se le reconozca superioridad ni que se le declare una guerra cada vez que surge una discrepancia. Necesita simplemente que se le trate con el mismo criterio con el que uno exige ser tratado.
Y eso no constituye una concesión a Marruecos, sino un acto de respeto hacia la razón y hacia la historia.
