La sucesión de investigaciones judiciales que rodea al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez abre ahora un nuevo frente, esta vez en la cúpula de la Guardia Civil. Su directora general, Mercedes González, declara este viernes como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por sus contactos con Leire Díez, la exmilitante socialista señalada como pieza central de una presunta operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y frenar causas sensibles para el Gobierno.
El caso llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. La UCO es la unidad que ha elaborado algunos de los informes más comprometedores de las investigaciones que afectan al socialismo español. Entre ellas figura el caso Koldo, que alcanza al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Sus agentes también han intervenido en las causas abiertas contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno.
La investigación sobre Leire Díez intenta aclarar si existió una estructura dedicada a buscar información comprometida sobre guardias civiles, fiscales y jueces que participaban en esos procedimientos. La sospecha es que el objetivo no era únicamente desacreditar a determinados agentes, sino debilitar las causas judiciales que comenzaban a cercar al PSOE.
Díez, conocida en los medios españoles como la “fontanera del PSOE”, ha negado siempre haber actuado por encargo del partido. Mantiene que sus contactos formaban parte de una investigación periodística para escribir un libro. Sin embargo, los informes de la UCO dibujan otro escenario: reuniones con investigados, conversaciones con abogados y gestiones dirigidas a recabar datos contra agentes y fiscales.
Ahora, el foco se desplaza hacia Mercedes González. La UCO ha constatado al menos tres encuentros entre ambas después de que González asumiera la dirección de la Guardia Civil: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
La directora reconoce dos de esas reuniones, pero afirma no recordar la segunda. Su equipo de comunicación había negado inicialmente a laSexta que se hubiera reunido con Díez una vez nombrada al frente del instituto armado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó públicamente esa versión. El sumario, sin embargo, acreditó posteriormente tres encuentros.
Una petición para readmitir a un agente del caso Koldo
González sostiene que su último encuentro con Díez terminó de manera abrupta. Según su versión, la exmilitante socialista le pidió que readmitiera al comandante Rubén Villalba, suspendido de sus funciones e investigado en el caso Koldo por su presunta relación con la trama.
La petición, según la reconstrucción de la propia directora, fue rechazada de inmediato. González asegura que se levantó indignada y puso fin a la reunión. Desde entonces, insiste, no volvió a verse con Díez.
Sin embargo, el último informe de la UCO recoge mensajes enviados en mayo de 2025, un mes después de aquella reunión. La UCO trata ahora de averiguar por qué González mantuvo abierto ese canal de comunicación después de una petición que ella misma calificó de improcedente.
Uno de los intercambios que más dudas ha generado se produjo el 9 de mayo. Ese día, Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, envió a Díez una noticia relacionada con el procedimiento judicial y acusó a la UCO de filtrar información a la prensa.
“Pásaselo a Mercedes a ver qué opina”, escribió la abogada.
“Se lo acabo de pasar. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”, respondió Díez.
La conversación cobra especial relevancia porque, para entonces, la directora de la Guardia Civil ya habría sido advertida de las maniobras atribuidas a Leire Díez contra la propia UCO.
Las advertencias que llegaron a la cúpula
El 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota interna sobre las actividades de Díez. El documento advertía de que pretendía “atacar procesalmente” las investigaciones de la UCO, dirigir acusaciones contra sus agentes y conseguir cualquier material que pudiera comprometerlos.
La nota fue elevada a través de la cadena de mando. Seis días después, el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO elaboró un segundo informe de contenido similar. En él se señalaba que Díez presumía de mantener un “control absoluto” sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, especialmente sobre Mercedes González, así como de disponer de contactos dentro de la Fiscalía.
Según la reconstrucción de los agentes de la UCO, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, informó a González de esas advertencias antes del intercambio del 9 de mayo. Pese a ello, Díez seguía enviándole información y hablando de ella con una familiaridad que ahora deberá explicar ante el juez.
Los mensajes borrados entre Díez y González
El informe de la UCO recoge dos avisos automáticos aparecidos el 11 de mayo en la conversación de WhatsApp entre Leire Díez y Mercedes González. Según los agentes, esos mensajes son “compatibles con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva”.
Además, en el chat se activó la función de borrado automático, que elimina los mensajes después de 24 horas. La UCO atribuye a González la activación de esa opción.
Los investigadores desconocen, por tanto, de qué hablaron ambas durante aquellos días. Esa ausencia de contenido constituye una de las principales incógnitas del caso: por qué se borraron los mensajes y por qué González siguió recibiendo comunicaciones de Díez después de haber sido advertida de que esta trataba de desacreditar a la UCO.
La directora tampoco aclaró este punto durante su comparecencia en el Senado. Su entorno sostiene que Díez continuó escribiéndole, pero que González no respondió. El sumario deberá determinar ahora si esa explicación encaja con los datos recuperados por los investigadores.
Tres investigaciones internas contra la UCO
La otra gran pregunta es si Mercedes González maniobró, por iniciativa propia o a instancias de Leire Díez, para abrir investigaciones internas contra agentes de la UCO por supuestas filtraciones a los medios.
Al menos tres procedimientos se abrieron después de la publicación de noticias comprometidas para el Gobierno, el PSOE o el entorno de Pedro Sánchez.
El primero, en noviembre de 2024, estuvo relacionado con la investigación sobre David Sánchez y con la aparición del correo electrónico de Begoña Gómez en un documento. El segundo se abrió en mayo de 2025 por la difusión de mensajes vinculados a Ábalos y Koldo García. El tercero fue ordenado directamente por González en septiembre de ese año, después de una información sobre las tensiones existentes dentro de la UCO.
Todos terminaron archivados y ninguno tuvo consecuencias para los agentes. González defiende que se trató de comprobaciones habituales ante la posible filtración de información reservada. Sin embargo, varios mandos han señalado que la apertura de tres investigaciones en nueve meses sobre una misma unidad no tenía precedentes.
La coincidencia de fechas ha reforzado las sospechas. En una de sus agendas, Díez anotó la frase “Investigación interna G. C. para filtraciones”, un apunte que la UCO sitúa alrededor del 24 de abril de 2025. Días después se activaron las pesquisas internas.
El Gobierno mantiene su respaldo
Mercedes González ha negado haber participado en cualquier operación contra la UCO. Durante su comparecencia en el Senado aseguró que nunca recibió instrucciones de Leire Díez ni trató de interferir en las investigaciones que afectaban al PSOE.
También rechazó dimitir y defendió su respeto por los agentes de la unidad. A su juicio, los informes policiales contienen indicios que todavía deben ser examinados por el juez y no conclusiones definitivas.
El Partido Popular exige su dimisión o su cese, mientras el Gobierno mantiene por ahora su confianza tanto en González como en el ministro del Interior. La presión política, sin embargo, aumenta a medida que aparecen nuevos mensajes y contradicciones sobre la relación entre ambas.
La directora de la Guardia Civil deberá aclarar ahora ante el juez por qué negó inicialmente unas reuniones que después quedaron acreditadas, por qué continuó el contacto con Díez, quién activó el borrado automático de los mensajes y qué relación tuvieron esas conversaciones con las investigaciones abiertas contra la UCO.
De sus respuestas dependerá que el caso quede reducido a una relación personal mal explicada o avance hacia una sospecha de mayor gravedad; que la cúpula del cuerpo encargado de investigar la corrupción fuera utilizada para vigilar o presionar a la unidad que estaba siguiendo algunos de los casos más delicados para el PSOE.
