La desprotección de menores marroquíes en Ceuta deja en evidencia la respuesta española a la crisis migratoria

La gestión española de la crisis migratoria de Ceuta vuelve a quedar bajo escrutinio internacional. Una investigación por la agencia estadounidense Associated Press (AP) documenta la situación de numerosos menores marroquíes que permanecen sin alojamiento ni asistencia adecuada, más de dos meses después de la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. El reportaje describe una respuesta institucional lenta, marcada por la improvisación y las discrepancias entre el Gobierno central y las autoridades ceutíes.

La investigación, recoge testimonios de adolescentes que han pasado semanas durmiendo en las calles, en vehículos abandonados o en asentamientos improvisados, pese a que la legislación española reconoce a los menores extranjeros no acompañados el derecho a recibir protección, alojamiento, asistencia sanitaria y educación.

Uno de los testimonios corresponde a un joven marroquí de 17 años, procedente del norte del Reino, que llegó a Ceuta durante la crisis de julio junto a decenas de miles de personas. Natural de Tetuán, donde trabajaba con su padre en una carnicería, esperaba encontrar nuevas oportunidades en España, pero terminó viviendo en condiciones de extrema precariedad.

El adolescente relató que inicialmente compartió un garaje con otros dos menores, por el que cada uno pagaba 15 euros diarios. Cuando se quedó sin recursos, regresó a la calle y posteriormente comenzó a dormir en un coche junto a otros jóvenes marroquíes. Su experiencia refleja las dificultades de quienes, tras cruzar la frontera, descubrieron que el acceso al sistema de acogida no estaba garantizado.

La investigación también describe las condiciones de los asentamientos levantados en playas, almacenes y laderas de Ceuta. En algunos de ellos convivían adultos con menores de apenas 13 años, sin instalaciones adecuadas ni condiciones mínimas de seguridad. Tal situación provocó protestas de adolescentes que reclamaban su ingreso en centros de protección.

La dimensión humanitaria de la crisis ha suscitado además la intervención de la Fiscalía española, que investiga denuncias de torturas y malos tratos contra inmigrantes, incluidos menores. En este sentido, cabe recordar que la Amnistía Internacional publicó en septiembre un informe que recogía acusaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a militares españoles, así como denuncias de abusos contra niñas migrantes.

Madrid y Ceuta discrepan sobre la acogida y las devoluciones

El reportaje pone el acento en las diferencias entre las administraciones españolas respecto a quién debe asumir la gestión de los menores marroquíes y cómo resolver su situación.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado más de 90 millones de euros para afrontar las consecuencias de la crisis y sostiene que cada expediente debe examinarse individualmente, conforme a la legislación española y las garantías de protección de la infancia.

Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, insiste en que la ciudad carece de recursos suficientes para atender a todos los menores y reclama al Ejecutivo central soluciones que permitan su retorno a Marruecos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que aquellos menores que desean permanecer en España deben recibir la protección prevista legalmente. La ministra reconoció que la mayoría de los adolescentes presentes en Ceuta quieren quedarse y aseguró que podrían hacerlo.

Las discrepancias alcanzan incluso a las cifras. Tras la entrada masiva de julio, el Ministerio del Interior español sostuvo que prácticamente todos los inmigrantes habían regresado a Marruecos, salvo unos 2.000. Posteriormente, en septiembre, las estimaciones oficiales aumentaron hasta los 10.000, mientras que las autoridades ceutíes llegaron a calcular que permanecían unas 15.000 personas.

La ausencia de datos precisos sobre el número de menores constituye una de las principales preocupaciones de las organizaciones humanitarias. Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save the Children España, señaló a AP que la saturación del sistema de protección no exime a las administraciones de identificar y registrar a quienes declaran ser menores de edad.

Esta falta de identificación plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones españolas para conocer la situación individual de cada adolescente, garantizar sus derechos y determinar, cuando corresponda, si existen condiciones legales para una eventual repatriación.

Una crisis humanitaria en pleno debate diplomático entre Rabat y Madrid

La incapacidad de las autoridades españolas para resolver la situación de los menores marroquíes en Ceuta contrasta con las reiteradas peticiones de colaboración dirigidas a Marruecos para agilizar las devoluciones. El problema no reside únicamente en la cooperación bilateral, sino también en las discrepancias entre el Gobierno central y las autoridades ceutíes sobre la aplicación de la legislación española y las responsabilidades de acogida.

La actual situación añade un nuevo motivo de preocupación a la gestión de la crisis migratoria, cuyo alcance fue abordado el viernes este viernes por el rey Mohammed VI durante su discurso ante el Parlamento.

El monarca reconoció los avances registrados en las relaciones con España, aunque consideró necesario revisar el actual modelo de cooperación migratoria ante las trabas legales y judiciales que dificultan las devoluciones. En este sentido, reivindicó el carácter soberano y voluntario de la colaboración marroquí, que, según sostuvo, no debe quedar supeditada a presiones ni chantajes. Asimismo, adelantó que Rabat presentará una nueva propuesta estratégica a sus socios internacionales.

Entretanto, la investigación retrata una realidad que sigue sin encontrar respuesta en Ceuta: adolescentes marroquíes que, después de más de dos meses, continúan durmiendo en las calles y reclamando protección. La persistencia de esta situación, a pocos días de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, mantiene abiertas las consecuencias humanitarias de una crisis que las autoridades españolas todavía no han conseguido superar.

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