En un momento en el que cobran fuerza en España las voces políticas y mediáticas que reclaman una visita del rey Felipe VI a Ceuta tras la reciente crisis migratoria, la Casa Real parece andar con pies de plomo ante una iniciativa que no solo entraña una fuerte carga simbólica, sino que podría abrir de inmediato un frente diplomático con Rabat y acarrear un coste político, económico y de seguridad que trasciende ampliamente los límites de la ciudad.
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció tras su encuentro con Felipe VI en el Palacio de Marivent, el pasado 6 de agosto, que el rey está «comprometido» con visitar la ciudad y que lo hará, aunque sin poner fecha al viaje. Sin embargo, apenas un día después, el Gobierno español rebajó las expectativas y marcó los tiempos. El ministro Óscar López aseguró que la visita tendrá lugar «cuando sea oportuno» y «en coordinación con el Gobierno», una fórmula que, lejos de apuntar a una fecha próxima, dejaba la decisión en el aire.
Esa cautela, sin embargo, no depende únicamente de la voluntad del monarca. El artículo 64 de la Constitución española establece que los actos del rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o, en su caso, por los ministros competentes, de modo que una iniciativa de semejante calado político requiere, en la práctica, el acuerdo de Moncloa. De ahí que Felipe VI no pueda traducir por sí solo la creciente presión en una decisión unilateral, incluso si pretendiera lanzar un contundente mensaje de respaldo a los habitantes de Ceuta.
En el terreno político, en cambio, una parte de la oposición y la derecha radical populista trata de convertir la eventual visita en una prueba de la «firmeza» del Estado a la hora de defender su «soberanía» sobre Ceuta. El Partido Popular ha respaldado los movimientos del monarca y su encuentro con Vivas, mientras que el presidente de Melilla, también del PP, ha reclamado que Pedro Sánchez visite la ciudad junto a Felipe VI. Vox, por su parte, ha elevado el tono en torno a la crisis, calificando lo ocurrido de «invasión» y «acto de guerra» y reclamando la militarización permanente de las fronteras. Todo ello ha situado el eventual viaje del rey en el centro de una batalla simbólica interna que rebasa ampliamente su dimensión protocolaria.
A la presión política se ha sumado también la mediática. El diario La Razón entrevistó al profesor de Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Carlos Echeverría, quien instó al rey a viajar a Ceuta «con normalidad y sin complejos» y cuestionó lo que considera una política exterior permanentemente condicionada por el propósito de evitar cualquier fricción con Marruecos.
Sin embargo, el precedente de 2007 sigue muy presente en Madrid. El 5 y el 6 de noviembre de aquel año, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron Ceuta y Melilla, en el que fue su primer viaje oficial a ambas ciudades durante su reinado. La respuesta de Rabat no se hizo esperar y Marruecos llamó a consultas por tiempo indefinido a su embajador en Madrid, Omar Azziman, en señal de protesta por una visita que el Ministerio de Exteriores marroquí calificó entonces de «lamentable» y ante la que volvió a referirse a Ceuta y Melilla como «las dos ciudades ocupadas».
Aquel episodio abrió una profunda brecha diplomática entre Rabat y Madrid que se prolongó durante cerca de dos meses. El deshielo comenzó tras el viaje a Rabat del entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el envío de una carta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al rey Mohamed VI, dos movimientos que allanaron el camino para el regreso del embajador marroquí a Madrid.
Casi dos décadas después, el precio de una crisis similar sería considerablemente mayor. España se ha convertido en el primer socio comercial de Marruecos, con unos intercambios bilaterales que superan los 22.500 millones de euros anuales y más de 350 empresas españolas implantadas en el Reino. A esos intereses económicos se suma una relación bilateral que entrelaza a Madrid y Rabat en asuntos especialmente sensibles, desde la migración, la seguridad y la cooperación fronteriza hasta los preparativos conjuntos para el Mundial de 2030.
Además, la monarquía española mantiene un canal privilegiado de interlocución con la Casa Real marroquí, una baza diplomática cuyo valor, según algunos expertos, reside precisamente en contribuir a encauzar las crisis lejos de la confrontación pública, y no en situar al monarca en primera línea de una disputa política cuyas consecuencias podrían resultar después difíciles de revertir.
De ahí que la eventual visita del rey Felipe VI a Ceuta se mueva entre dos lógicas contrapuestas. Por un lado, la presión interna para proyectar una imagen de firmeza de «soberanía» y, por otro, los cálculos de un Estado consciente de que ese mismo movimiento podría abrir una nueva crisis con Rabat. Entre el empuje de la derecha y el precedente todavía vivo de 2007, la opción que se abre paso por ahora pasa por mantener el viaje como un compromiso sobre la mesa, aunque sin ponerle fecha en el calendario político.
