Se amplía la brecha política en España por las repercusiones de la crisis migratoria en Ceuta. El Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular se enfrentan por la gestión de los menores extranjeros no acompañados, mientras aumenta la presión sobre el sistema de acogida y Madrid exige a las comunidades autónomas compartir la responsabilidad.
La cuestión de los menores se ha convertido en el principal foco de tensión entre el Gobierno central y el Partido Popular. Las comunidades gobernadas por el PP se han negado a incluir la situación de Ceuta en la agenda de la reunión del 27 de agosto. Sin embargo, la formación conservadora asegura que sus ejecutivos regionales cumplirán la ley y acogerán a los menores que les correspondan según la normativa vigente.
Esta postura llega tras el fracaso de la reunión preparatoria entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas. El encuentro finalizó sin acuerdo para incluir la crisis de los menores en el orden del día de la Conferencia Sectorial. El único consenso alcanzado fue abordar la distribución de los 25 millones de euros anunciados por el Ejecutivo para apoyar a Ceuta.
El pulso evidencia la tensión política en torno a la gestión migratoria. El Partido Popular cuestiona el formato del Gobierno para negociar la distribución de los menores y reprocha a Madrid la falta de información clara sobre sus condiciones antes de fijar un reparto.
Según los últimos datos oficiales, Ceuta tiene registrados a 1.898 menores, aunque el Gobierno calcula que la cifra total podría rondar los 2.500. Por su parte, Save the Children advierte de que el número real podría ser aún mayor, al incluir a aquellos que todavía no han ingresado en la red de protección.
El Ejecutivo de Sánchez busca presentar el asunto como un imperativo legal y no como una mera opción política. En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insiste en que la protección de los menores no acompañados vincula legalmente al Estado. Entre las alternativas que baraja el Gobierno figuran la redistribución regional, el acogimiento institucional o familiar, y la reunificación con sus familias, siempre que se garanticen las garantías legales.
A finales de julio, Ceuta registró la llegada masiva de migrantes, aunque las autoridades españolas devolvieron a la mayoría a Marruecos. Según las últimas estimaciones del Gobierno, miles de personas permanecen en la ciudad, entre ellas unos 2.500 menores y cientos de solicitantes potenciales de asilo, lo que mantiene la presión asistencial pese al descenso de los flujos de entrada.
