La crisis migratoria de Ceuta amenaza con entrar en una fase mucho más peligrosa después de que las protestas de los últimos días hayan dado paso a enfrentamientos, ataques contra asentamientos de migrantes y una agresión contra cuatro militares españoles. Los incidentes registrados entre el miércoles y el jueves elevan considerablemente la tensión en una ciudad que lleva casi un mes tratando de gestionar las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio y abren un nuevo frente en una crisis que hasta ahora había discurrido fundamentalmente por los terrenos político, migratorio y diplomático.
Los altercados más graves se registraron en las playas de Benítez y El Trampolín. Varios manifestantes rebasaron el cordón policial y entraron en los asentamientos improvisados, donde destrozaron estructuras, arrojaron pertenencias al mar y prendieron fuego a algunos de los refugios utilizados por los migrantes. Estos se vieron obligados a abandonar la zona mientras los antidisturbios intervenían para contener a los concentrados y evitar un enfrentamiento directo.
La protesta alcanzó también al dispositivo humanitario. Horas antes, un centenar de vecinos había cortado el acceso utilizado por un convoy de la Cruz Roja para trasladar agua y alimentos hasta El Trampolín. Los concentrados se sentaron frente a los vehículos y corearon «la Cruz Roja es una mafia», además de consignas contra la permanencia de los migrantes. Tras varios intentos de la Policía por despejar la calzada, el convoy tuvo que retirarse y el reparto se efectuó posteriormente en otro punto bajo protección policial.
El episodio supone un salto cualitativo en las movilizaciones que se vienen sucediendo en Ceuta. El malestar, dirigido inicialmente contra la gestión de las autoridades españolas y la prolongación de la crisis, ha empezado a volcarse sobre los propios migrantes y sobre las organizaciones que les prestan asistencia. El incendio de refugios y el bloqueo de alimentos y agua dejan atrás el terreno de la protesta para adentrarse en una dinámica de confrontación que las fuerzas de seguridad tuvieron que frenar sobre el terreno.
La escalada coincide, además, con otro grave incidente ocurrido en la madrugada del jueves. La Policía Nacional detuvo a doce migrantes marroquíes por su presunta implicación en el ataque contra cuatro militares españoles en la zona de Benzú, donde, según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía a Europa Press, participaron entre 30 y 40 personas.
Los militares se dirigían hacia un punto de vigilancia sobre las 5.30 horas cuando varios individuos salieron desde distintos lugares, rodearon el vehículo y comenzaron a lanzar piedras de grandes dimensiones. Ante la virulencia de la agresión, los cuatro efectivos abandonaron el coche y emprendieron la huida a pie hacia Calamocarro, perseguidos por parte del grupo y alcanzados por nuevas pedradas.
Tras conseguir avisar al 112, se activó un operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los presuntos agresores huyeron hacia Benzú y algunos trataron de escapar lanzándose al mar. La actuación policial se saldó con doce detenidos, mientras los cuatro militares tuvieron que recibir asistencia sanitaria por las lesiones y contusiones sufridas. Las pesquisas continúan abiertas para identificar al resto de participantes.
Ambos episodios se producen con una diferencia de pocas horas y agravan un clima social que venía deteriorándose desde finales de julio. La permanencia durante semanas de numerosos migrantes en playas, montes y asentamientos precarios, unida a las dificultades de acogida y a la lentitud de los procedimientos administrativos, ha ido elevando la presión en distintos puntos de la ciudad.
El problema de fondo sigue sin resolverse. Marruecos ha manifestado su disposición a recibir a sus nacionales y el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha reclamado a España la repatriación de los supervivientes de la entrada masiva, así como la devolución de los cuerpos de los fallecidos. Rabat ha insistido igualmente en el retorno de los menores marroquíes y ha señalado los obstáculos administrativos y judiciales que ralentizan su reunificación con las familias.
La cooperación marroquí en este terreno ha sido reconocida públicamente por Madrid. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que Marruecos está colaborando para facilitar el retorno de sus ciudadanos y que no ha exigido ninguna contrapartida. Sin embargo, la identificación individual de los migrantes, la tramitación de eventuales solicitudes de asilo y las garantías específicas aplicables a los menores han alargado los plazos y mantenido a muchas personas en una situación provisional que se prolonga desde hace semanas.
La deriva de las protestas plantea igualmente interrogantes sobre la creciente politización de la crisis. Las concentraciones han sido impulsadas en buena medida a través de las redes sociales y se desarrollan en un contexto en el que distintas fuerzas políticas llevan semanas endureciendo su discurso sobre la inmigración y la actuación del Gobierno. No hay, por ahora, elementos que permitan atribuir los altercados a una estrategia organizada desde instancias políticas u oficiales, pero la evolución de los acontecimientos obliga a observar con atención los llamamientos y mensajes que están alimentando la movilización.
