La reciente crisis migratoria en Ceuta suscitó un debate político y mediático español que ha desbordado rápidamente el terreno de la inmigración para recuperar viejos expedientes de las relaciones con Marruecos. Más allá de analizar las causas de lo ocurrido, la gestión fronteriza, la cooperación migratoria entre Rabat y Madrid o las consecuencias que un episodio de esta magnitud puede tener para una relación bilateral atravesada por importantes intereses comunes, varias tribunas españolas han vuelto la mirada hacia el Sáhara marroquí y, con ella, hacia una presencia colonial española que terminó hace más de medio siglo.
No se trata únicamente de que el Sáhara haya reaparecido como elemento histórico para contextualizar las relaciones entre los dos países. Lo llamativo es la facilidad con la que determinadas plumas han recuperado expresiones como «Sáhara español», «provincia española» o «colonia española», incorporándolas al relato de la crisis actual y devolviendo al espacio público una terminología nacida de una etapa colonial. En algunos casos, el recuerdo de aquella presencia ha ido incluso más allá de la evocación histórica para convertir el Sáhara en una posible baza política con la que España podría responder a Marruecos.
Aquí emerge una cuestión que trasciende la terminología. Una cosa es explicar que España ejerció el control colonial sobre el Sáhara y otra distinta asumir la denominación «Sáhara español» como una referencia natural para describir el territorio medio siglo después. La primera permite explicar un periodo histórico. La segunda corre el riesgo de perpetuar la mirada de la antigua potencia colonial sobre un espacio que existía antes de la llegada española.
Una de las muestras más claras apareció en el diario español El País. El periódico publicó el 4 de agosto un artículo de Ana Manero Salvador, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, bajo un título que trasladaba directamente el episodio de 1975 a la crisis actual, «La Marcha Verde sobre Ceuta». La autora abre su análisis recordando cómo el rey Hassan II promovió la Marcha Verde sobre lo que denomina «la colonia española del Sáhara español» y establece a continuación un paralelismo con la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio.
El salto entre ambos acontecimientos permite que una crisis migratoria de 2026 quede interpretada a través del prisma de la retirada española del Sáhara. Pero el elemento más llamativo es cuando la misma autora califica a Marruecos de vecino que no es «fácil ni fiable», sosteniendo que España debe mantenerse firme y que, «llegado el caso», debería «reconsiderar su postura sobre el Sáhara Occidental». El Sáhara deja así de funcionar únicamente como precedente histórico y entra en el razonamiento como una posible herramienta de respuesta política frente a Rabat.
Esta mirada hacia 1975 no quedó circunscrita a El País. Por su parte, El Debate publicó un artículo bajo el título «La fallida reclamación marroquí ante la ONU sobre Ceuta y Melilla antes de la Marcha Verde que se topó con la cruda realidad», en el que recuperaba la iniciativa diplomática presentada por Marruecos ante Naciones Unidas en enero de 1975 para situar a Ceuta, Melilla y las demás posesiones españolas del norte de África dentro del proceso de descolonización.
El periódico reconstruye aquella época desde una perspectiva marcada por la confrontación territorial entre Marruecos y España. Mientras la atención internacional estaba puesta en «el incierto futuro del Sáhara español», Rabat habría tratado de ampliar su ofensiva diplomática hacia Ceuta y Melilla. A lo largo del texto aparecen expresiones como «campo de batalla diplomático», «presión sobre el terreno» y «estrategia de presión multidimensional sobre España», hasta concluir que para el rey Hassan II «el Sáhara era el objetivo prioritario, pero no el único».
La evocación del pasado colonial adquiere un tono todavía más explícito en una de las tribunas de El Faro de Ceuta, titulada «Alea iacta est» que significa la suerte está echada, Manuel Castillo Sempere sitúa directamente el origen de la actual crisis en 1975 y sostiene que «todo empezó» con la Marcha Verde, organizada por Marruecos, según escribe, «para reivindicar el Sahara español como suyo». Pero el autor no se queda en esa denominación. Se refiere al territorio como «la entonces provincia española» y subraya que los saharauis eran, pocos días antes de los acuerdos de 1975, «españoles de pleno derecho como pudieran ser los de Valladolid, Cáceres, Madrid o Valencia». El Sáhara aparece así no simplemente como un territorio que estuvo sometido a la administración colonial de Madrid, sino integrado retrospectivamente en el imaginario territorial español y equiparado expresamente con provincias y ciudades de la Península.
El paralelismo con Ceuta permite al articulista ir un paso más allá y presentar la salida española del Sáhara como una experiencia que España no debería repetir. Castillo Sempere califica de «vergonzante» el acuerdo mediante el cual el Gobierno franquista traspasó la administración del territorio y afirma que Marruecos pretende reproducir ahora una nueva «Marcha Verde» sobre Ceuta. Esta lectura resulta especialmente significativa dentro del discurso que ha acompañado a la crisis, ya que el recuerdo de 1975 deja de funcionar como una simple referencia histórica y adquiere los contornos de una pérdida española. Medio siglo después del fin de aquella etapa, el anhelo español por el Sáhara marroquí vuelve así al debate no para someter el pasado colonial a una mirada crítica, sino para evocar la presencia de España como una realidad cuya desaparición sirve de advertencia ante el presente.
Frente a ese relato, el propio Gobierno español ha evitado alimentar una lectura de ruptura con Rabat y, en plena crisis, ha cerrado filas en torno a la cooperación bilateral. José Manuel Albares destacó que Marruecos se puso a disposición de España «desde el primer momento» para contener las entradas y facilitar los retornos, mientras Fernando Grande-Marlaska volvió a reivindicar al país vecino como un socio «absolutamente fiable» y desde Interior se calificó de «ejemplar» la colaboración entre ambos países; una valoración en la que también incidió la ministra de Inclusión, Elma Saiz, al reconocer que, sin el concurso de Marruecos, habría sido imposible encauzar la emergencia en los términos en que se hizo.
Una posición que, lejos de surgir al calor de los últimos acontecimientos, entronca con la hoja de ruta abierta por Pedro Sánchez en 2022, cuando Madrid reconoció la importancia que reviste para Marruecos la cuestión del Sáhara y pasó a considerar la iniciativa marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el diferendo, sentando las bases de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.
