La crisis migratoria de Ceuta no solo ha colocado bajo presión la gestión fronteriza y migratoria de España, sino que ha terminado por trasladar al primer plano otra crisis de naturaleza estrictamente política: la profunda falta de entendimiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, incapaces hasta ahora de establecer un canal directo de interlocución pese a la dimensión de los acontecimientos registrados en la ciudad.
Casi un mes después de las entradas masivas registradas a finales de julio, Sánchez y Feijóo no han mantenido ninguna conversación sobre la situación de Ceuta. Esta ausencia de contacto se considera como una ruptura con la tradición política española de mantener, al menos en situaciones consideradas de Estado, algún grado de comunicación entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.
La ausencia de diálogo adquiere un significado mayor porque Ceuta está gobernada por el popular Juan Jesús Vivas y porque una parte de las respuestas que España pretende articular después de la crisis requiere modificaciones legislativas y, por tanto, acuerdos parlamentarios. Entre ellas figura la reforma de la legislación de Extranjería, sobre la que el Gobierno y la oposición coinciden en la necesidad de introducir cambios, aunque mantienen diferencias sobre su alcance y aplicación.
La crisis ha terminado así mostrando dos Españas políticamente enfrentadas incluso cuando ambas reconocen la gravedad de la situación. Mientras el Gobierno defiende que ha movilizado los recursos del Estado y mantiene abiertas las vías de cooperación institucional con Ceuta y con Marruecos, el PP acusa a Sánchez de haber reaccionado tarde, reclama un endurecimiento de la política migratoria y cuestiona la forma en que el Ejecutivo ha gestionado las consecuencias de las entradas masivas.
Feijóo ha convertido precisamente Ceuta en uno de los principales frentes de oposición al Gobierno durante agosto. En sus visitas a la ciudad presentó un plan de siete medidas que incluye cambios en las leyes de Extranjería y Asilo, refuerzo de la frontera y mayores medios administrativos para acelerar los procedimientos de retorno. El PP anunció posteriormente que trasladará ese paquete al Congreso mediante una proposición no de ley para obligar a los grupos parlamentarios a pronunciarse sobre sus propuestas.
Sin embargo, la confrontación política encierra una paradoja. Algunas de las medidas reclamadas desde la oposición han comenzado a aparecer también en la respuesta del Ejecutivo, aunque sin que ello haya servido para reconstruir los puentes entre Sánchez y Feijóo.
El Gobierno confirmó este martes la creación de un mando único para coordinar la respuesta a la crisis, encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Para ello, el Consejo de Ministros prevé declarar Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional, una medida que había sido solicitada por el propio presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. El nuevo dispositivo contará con representantes del Ejecutivo central, la Ciudad Autónoma, el Centro Nacional de Inteligencia y los ministerios implicados.
Madrid también ha anunciado una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, que hasta ahora ha movilizado más de 180 millones de euros. El objetivo declarado es combinar la gestión de los retornos y la atención a las personas que permanecen en la ciudad con medidas destinadas a reforzar los servicios públicos, la seguridad y la economía local.
En paralelo, Sánchez también ha presidido durante agosto varias reuniones de coordinación con los ministros implicados en la respuesta a la crisis. El 17 de agosto reunió por videoconferencia a responsables de Economía, Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia para revisar las actuaciones desarrolladas en Ceuta y las medidas todavía pendientes.
La cuestión, por tanto, ha dejado de limitarse a determinar qué medidas debe adoptar España después de los acontecimientos de Ceuta. El debate se ha desplazado también hacia la capacidad de las principales fuerzas políticas españolas para construir una posición común ante asuntos relacionados con la inmigración, la frontera, la seguridad nacional y las relaciones con Marruecos.
Ceuta vuelve ahora a colocar esa falta de consenso en primer plano. El Gobierno y el PP comparten algunas de las preocupaciones y empiezan incluso a converger en determinadas medidas, pero lo hacen desde posiciones políticas enfrentadas y sin una interlocución directa entre Sánchez y Feijóo.
De esta forma, la crisis que comenzó en la frontera entre Marruecos y Ceuta ha terminado revelando también una frontera política dentro de España. Mientras las administraciones trabajan para recuperar la normalidad en la ciudad y Madrid trata de coordinar retornos, acogida, seguridad y apoyo económico, Gobierno y oposición continúan disputándose el relato de lo ocurrido, en una España donde incluso una crisis considerada de dimensión nacional no ha sido suficiente, hasta ahora, para reconstruir los puentes entre sus dos principales fuerzas políticas.
