Casi veinte días después del inicio de la crisis migratoria que mantiene bajo una fuerte presión a Ceuta, las autoridades locales han elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez y denuncian que las sucesivas visitas de ministros no se han traducido, hasta el momento, en respuestas suficientes a las principales demandas planteadas desde la ciudad.
Según recoge La Razón, el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas considera que persiste una falta de coordinación entre los distintos ministerios implicados en la gestión de la crisis y sostiene que varias de sus peticiones continúan pasando de un departamento a otro sin que se adopten decisiones concretas. Fuentes del Gobierno ceutí consultadas por el periódico resumen la situación asegurando que los ministros «se desentienden» y «se pasan el balón unos a otros».
La situación se produce después de las llegadas e intentos de entrada registrados desde finales de julio desde territorio marroquí. Las cifras sobre las personas que todavía permanecen en Ceuta difieren según las fuentes citadas por el diario, que sitúa el número entre 5.000 y 12.000 a partir de las estimaciones manejadas por el Ministerio del Interior, las autoridades locales, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales.
Desde que estalló la crisis, varios miembros del Ejecutivo español se han desplazado a Ceuta. Pedro Sánchez fue el primero en acudir a la ciudad, seguido posteriormente por los ministros Fernando Grande-Marlaska, Sira Rego, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares y Margarita Robles. A ellos se sumó este domingo la ministra de Sanidad, Mónica García, mientras que para este lunes la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Llegó bajo un fuerte dispositivo policial y se dirigió directamente a la Delegación del Gobierno, ajena a los vecinos que la recibieron entre gritos, abucheos y reproches por lo que consideran una situación de abandono.
Sin embargo, el Gobierno de Vivas considera que este despliegue político no ha servido para resolver los principales problemas que viene planteando a Madrid. «La situación no ha mejorado en nada», aseguran fuentes del Ejecutivo ceutí citadas por La Razón, que describen una ciudad marcada por la suspensión de actividades, el refuerzo de la vigilancia y las dificultades derivadas de la presión que soportan determinados servicios públicos.
El principal reproche se dirige a la ausencia del denominado «mando único» reclamado insistentemente por Vivas. El presidente ceutí pide que Sánchez asuma personalmente la dirección de un mecanismo que permita coordinar la actuación de los diferentes ministerios y administraciones implicados, una fórmula que, a juicio de las autoridades locales, evitaría que las distintas reivindicaciones queden atrapadas entre departamentos.
Fuentes conocedoras de las conversaciones entre Vivas y los miembros del Ejecutivo central aseguran al mismo medio que una parte de las peticiones termina derivándose hacia otros ministros o secretarios de Estado bajo el argumento de que no corresponden al departamento al que inicialmente se plantean. Esa dinámica es precisamente la que lleva al Gobierno ceutí a insistir en la necesidad de centralizar la gestión política y administrativa de la crisis.
Entre las reclamaciones todavía pendientes figura también un nuevo incremento de los efectivos policiales desplegados sobre el terreno. Aunque Grande-Marlaska anunció un aumento del 50%, desde Ceuta consideran que las necesidades pueden exigir un refuerzo aún mayor. Las autoridades locales reclaman asimismo más funcionarios para acelerar los procedimientos de identificación y filiación de las personas que han entrado irregularmente.
Otro de los puntos de fricción es la petición de instalar un hospital de campaña. La cuestión ha quedado entre los departamentos de Sanidad y Defensa, ante la posibilidad de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) participe en su puesta en marcha. La falta de espacios adecuados para alojar a las personas llegadas durante la crisis constituye, además, uno de los problemas reconocidos por el propio Ministerio de Sanidad.
La titular del departamento, Mónica García, visitó Ceuta este domingo en medio de las críticas de parte del personal sanitario, que reclamó una mayor implicación del Gobierno central. García rechazó que exista un «colapso sanitario», aunque reconoció «tensiones» en un sistema que calificó de «sobresaturado» y admitió la existencia de una «crisis humanitaria».
La ministra situó en un nivel «moderado» el riesgo epidemiológico para la población migrante y confirmó que se han detectado al menos dos casos de tuberculosis. También señaló que los servicios sanitarios de Ceuta han atendido a cinco mujeres víctimas de agresiones sexuales. Al mismo tiempo, rechazó vincular de forma general la inmigración con la enfermedad o la inseguridad y advirtió contra los discursos de carácter xenófobo.
Las explicaciones de García no han frenado las críticas de la oposición. El vicesecretario del Partido Popular, Elías Bendodo, reclamó desde Tarifa su dimisión y acusó al Ejecutivo de responder de manera insuficiente a la presión asistencial. El dirigente popular sostuvo que el refuerzo enviado por el Gobierno se limita a dos médicos y dos enfermeros y cargó contra la sucesión de visitas ministeriales, que calificó de un «photocall de agosto».
La controversia vuelve así a situar en primer plano la gestión interna de la crisis por parte del Ejecutivo español. Mientras Madrid mantiene el despliegue de distintos departamentos sobre el terreno, las autoridades de Ceuta reclaman una estructura única de coordinación y mayores recursos policiales, administrativos y sanitarios, y sostienen que, casi tres semanas después del inicio de la emergencia, buena parte de sus demandas continúa sin respuesta.
