Según informó este viernes el diario The Objective, la Comisión Europea pidió a España acelerar varias reformas institucionales para reforzar el Estado de derecho, al considerar que persisten desafíos en ámbitos como la lucha contra la corrupción, la independencia del Ministerio Fiscal, la renovación del sistema judicial y la transparencia de las instituciones públicas.
Las observaciones figuran en el séptimo Informe sobre el Estado de derecho, el documento con el que Bruselas evalúa anualmente la evolución de los sistemas democráticos de los Estados miembros de la Unión Europea y formula recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas.
Entre las principales recomendaciones dirigidas a España, la Comisión insiste en la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de adecuarlo a los estándares europeos. Bruselas vuelve a defender que, al menos, la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sea elegida por los propios magistrados, una recomendación que mantiene desde anteriores ediciones del informe.
El documento también expresa preocupación por el clima de confrontación en torno a la Justicia. La Comisión señala que las críticas y declaraciones dirigidas contra miembros del poder judicial pueden afectar a la confianza de los ciudadanos en la independencia de los tribunales e insta a las autoridades españolas a preservar el respeto institucional hacia la judicatura.
En relación con el Ministerio Fiscal, Bruselas recomienda continuar avanzando en la separación entre el mandato del fiscal general del Estado y el ciclo político del Gobierno. Aunque reconoce algunos progresos en la tramitación de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, considera necesario consolidar mecanismos que refuercen su autonomía institucional.
La Comisión Europea también reclama avances en varias iniciativas legislativas vinculadas con la transparencia y la integridad pública. Entre ellas figuran la regulación de los grupos de interés mediante un registro público, el fortalecimiento del control sobre los conflictos de intereses y las declaraciones patrimoniales de los altos cargos, así como la aprobación de la futura Ley de Información Clasificada, destinada a sustituir la vigente normativa sobre secretos oficiales.
En materia de corrupción, el informe reconoce la adopción de algunas iniciativas por parte del Gobierno, entre ellas el Plan Estatal Anticorrupción. No obstante, advierte de que muchas de las medidas previstas aún no se han traducido en resultados concretos y señala que la eficacia de las investigaciones continúa condicionada por factores como la duración de los procedimientos judiciales, la complejidad de las causas, las limitaciones de recursos y determinadas deficiencias en el ámbito de la contratación pública.
El documento incorpora, de acuerdo con el medio español, los resultados del último Eurobarómetro sobre percepción de la corrupción, según el cual el 92 % de los ciudadanos españoles considera que este fenómeno está ampliamente extendido en el país, frente a una media del 71 % en el conjunto de la Unión Europea.
La evaluación comunitaria también aborda la situación de los medios públicos. En este apartado, la Comisión recoge las preocupaciones expresadas por organizaciones profesionales y representantes de RTVE tras la reforma aprobada en 2024 para modificar el sistema de elección de la dirección de la corporación. El informe señala que diversos actores han manifestado inquietud por el impacto de esos cambios sobre la independencia editorial y el pluralismo informativo.
Junto a estas cuestiones, Bruselas insta a España a culminar la aplicación de las nuevas normas europeas relativas a los organismos de igualdad y a continuar desarrollando las reformas pendientes para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad institucional.
