Cientos de manifestantes marcharon desde la Puerta del Sol hasta la Cámara Baja para exigir la convalidación de las medidas, mientras en Barcelona los acampados se concentraron ante la sede de Junts. El Congreso terminó rechazando el principal decreto del Gobierno, que incluía la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler.
La protesta por la vivienda llegó este viernes hasta las puertas del Congreso de los Diputados mientras, al otro lado del cordón policial, la Cámara decidía el futuro de uno de los principales paquetes con los que el Gobierno pretendía responder a la presión social de los últimos días. Cientos de personas recorrieron los pocos metros que separan la Puerta del Sol de la Carrera de San Jerónimo para exigir la convalidación de los decretos. Horas después, PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para rechazar el primero de ellos, que concentraba el grueso de las medidas.
La movilización partió de Sol, convertida desde hace una semana en el epicentro de las protestas por el acceso a la vivienda. Los manifestantes avanzaron hacia el Congreso entre pancartas y consignas, bajo una fuerte presencia policial y con los accesos a la Cámara protegidos por vallas. El Sindicato de Inquilinas había convocado la marcha con un objetivo inmediato: presionar a los diputados para que respaldaran los decretos antes de que comenzara la votación.
La escena se repitió, con otro destinatario, en Barcelona. Parte de los participantes en la acampada de plaza Catalunya se desplazaron hasta la sede de Junts para reclamar que el partido cambiara el sentido de su voto. La formación independentista había confirmado la noche anterior su rechazo a los dos textos y exigido al Gobierno que los retirara para negociar una nueva propuesta. La negativa de Junts terminó siendo decisiva al sumarse a los votos contrarios de PP, Vox y UPN. El decreto cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor, una diferencia de apenas seis votos que certificó la derrota parlamentaria del Ejecutivo en una de las medidas centrales de su respuesta a la crisis de la vivienda.
El resultado dejó sin efecto el primer real decreto apenas un día después de su entrada en vigor. Entre otras medidas, incluía la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, la prórroga de determinados contratos de alquiler, cambios en los alquileres de temporada y por habitaciones y restricciones temporales a la compra de vivienda por determinados fondos de inversión. El Gobierno había presentado el paquete como una respuesta de urgencia a una crisis que ha sacado de nuevo a miles de personas a las calles.
El pulso parlamentario llegó precedido de seis noches de acampadas y caceroladas en distintas ciudades. En Madrid, la movilización cobró fuerza después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda del distrito de Retiro en la que había residido durante décadas. Su caso se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de las protestas y terminó dando pie a nuevas convocatorias en todo el país.
Dentro del Congreso, sin embargo, los números iban por otro camino. Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y otras formaciones de la izquierda respaldaron las medidas. El PNV anunció un "sí crítico" al principal decreto, mientras Coalición Canaria también decidió apoyarlo. Junts mantuvo hasta el final su negativa y sostuvo durante el debate que el texto no resolvería la escalada de los precios ni garantizaría una protección eficaz de las familias. PP y Vox, por su parte, rechazaron la intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda y cuestionaron la eficacia de las medidas planteadas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, intentó hasta el último momento arañar apoyos. Desde la tribuna defendió que el texto incorporaba peticiones de diferentes grupos y apeló directamente a quienes habían anunciado su rechazo. El Ejecutivo decidió someter el decreto a votación pese a saber que no tenía amarrada la mayoría y descartó retirarlo cuando Junts planteó esa condición para volver a negociar.
La derrota tiene además consecuencias políticas que van más allá del decreto. Durante las horas previas al pleno, distintas voces del Gobierno y del PSOE admitieron que un nuevo revés parlamentario podía alimentar el debate sobre un eventual adelanto electoral. El propio Ejecutivo evitó confirmar ese escenario, mientras el PP volvió a reclamar a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes.
Pero el foco inmediato permanece en la vivienda. La votación ha dejado una imagen difícil de soslayar: mientras los manifestantes pedían desde la calle que el Congreso diera luz verde a las medidas, una mayoría parlamentaria las rechazaba dentro del hemiciclo. La distancia entre ambas escenas alimentará previsiblemente las movilizaciones ya convocadas para los próximos días.
Los sindicatos de inquilinos han avisado de que la caída de los decretos no pone fin a las protestas. En Madrid y Barcelona ya se habla de mantener las acampadas, ampliar las convocatorias y avanzar hacia una huelga general por la vivienda. El Gobierno, entretanto, tendrá que decidir si vuelve a intentar un acuerdo parlamentario, retoca las medidas para buscar nuevos apoyos o convierte la derrota de este viernes en el punto de partida de una nueva batalla política sobre una crisis que ha dejado de caber únicamente en el debate inmobiliario.
