El Alto Tribunal enmienda una incomprensible decisión de la Audiencia Nacional y corrige la doctrina sobre la indemnización por errores judiciales, tras un caso que costó 15 años de cárcel a un hombre inocente.
El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia histórica que pone fin a una de las mayores injusticias del sistema judicial del país. El Alto Tribunal ha reconocido el derecho de Ahmed Tommouhi a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros por parte del Estado, tras haber pasado 15 años en prisión y otros tres en libertad condicional por diez violaciones que jamás cometió.
Tommouhi llegó a España en 1991, a los 40 años, con toda la vida por delante. Sin embargo, solo un año después, su destino se truncó de forma trágica. El sistema judicial lo condenó a decenas de años de cárcel basándose únicamente en el reconocimiento visual de las víctimas, a pesar de que existía un dato objetivo que lo exculpaba por completo: un análisis de semen que demostraba que él no era el autor de los crímenes.
Este caso, que supuso también la condena de su compatriota Abderrazak Mounib —quien falleció en prisión siendo inocente—, está considerado como el mayor error judicial en la historia de la democracia española por volumen de penas de cárcel cumplidas.
Un laberinto judicial incomprensible
La salida de prisión de Tommouhi a los 55 años no supuso el fin de su calvario. Con la vida destrozada, pasó años subsistiendo en Cataluña gracias al apoyo familiar, sin papeles, sin trabajo y sin compensación económica alguna.
Aunque el Supremo anuló sus últimas condenas pendientes entre 2023 y 2025 tras una reforma legal en 2015 que facilitó los recursos de revisión, el camino hacia la reparación financiera encontró un obstáculo inesperado. El año pasado, la Audiencia Nacional denegó la indemnización a Tommouhi en una decisión calificada de insólita, llegando a condenarlo al pago de las costas judiciales por el simple hecho de reclamar sus derechos.
Ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que, este pasado jueves, enmiende el rumbo de esta controvertida resolución. La Sala ha determinado que la "gravedad" del error judicial da derecho a Tommouhi a una indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Con este fallo, el Supremo flexibiliza su propia doctrina, estableciendo que ya no es necesario que el error sea "palpable" o "escandaloso", sino que basta con que el error objetivo se deduzca de la propia sentencia de revisión que anuló la condena.
Una zona ciega en la legislación
A pesar del avance que supone este fallo, el Supremo mantiene cierta ambigüedad interpretativa. La resolución no automatiza las indemnizaciones tras una sentencia de revisión. Esto perpetúa una paradoja en la legislación española: mientras que los presos preventivos que resultan absueltos tienen derecho automático a indemnización tras una sentencia del Tribunal Constitucional en 2019, aquellos que cuentan con una sentencia firme revocada deben litigar para que el mismo Supremo declare expresamente el "error judicial".
Con la oposición frontal del Ministerio de Justicia —cuyos Abogados del Estado combatieron la indemnización hasta el último recurso— finalmente derrotada, el caso de Tommouhi se cierra con un sabor agridulce. El dinero no le devolverá los 15 años de libertad robados ni la vida de su compañero Mounib, pero supone un paso fundamental en el que el Estado no solo asume un error sangrante, sino que, al fin, lo repara de forma tangible.
